AN pide a la ONU crear una comisión internacional que investigue el asesinato del capitán Acosta Arévalo

La Asamblea Nacional (AN) pidió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este martes, 2 de julio, conformar una comisión internacional que investigue el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

La oposición parlamentaria también instó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a aplicar el Protocolo de Estambul para investigar denunciar de torturas como patrón sistemático en Venezuela.

Durante la sesión el líder del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aprobó un decreto para ascender a capitán de fragata a Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia de funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Consensos

El acuerdo aprobado por la AN, este martes 2 de julio, establece textualmente:

Primero: Condenar la actuación de los organismos de seguridad del Estado, que por órdenes de Nicolás Maduro actúan en abierta violación al Estado de Derecho y las más elementales normas de respeto a los derechos humanos, incurriendo en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el asesinato.

Segundo: Requerir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la conformación de una comisión internacional imparcial e independiente para investigar las denuncias de tortura y la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que incluya entre otros aspectos la realización de un examen forense independiente, conforme a lo establecido en el Protocolo de Minnesota.

Tercero: Exigir a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la aplicación del Protocolo de Estambul – Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, en virtud de que los ciudadanos detenidos en el Dgcim han sido víctimas de torturas, materializadas por el régimen de Nicolás Maduro, a través de este cuerpo de seguridad.

Cuarto: Pedir que los oficiales designados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que permanecen en el país “con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de DDHH en Venezuela, la necesidad urgente del ingreso de la ayuda humanitaria”, constaten las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos y garanticen el acceso a ellos de sus familiares y abogados defensores.

Quinto: Remitir a los organismos internacionales y a la comunidad internacional los testimonios de los presos políticos y sus familiares, levantados en Plenaria y en el seno de las comisiones de la Asamblea Nacional.

Sexto: Solicitar se lleven a cabo las gestiones necesarias para que la Cruz Roja Internacional verifique las condiciones de reclusión y estado de salud de los presos políticos en el país.

Séptimo: Exigir la formalización de los protocolos necesarios para el establecimiento de una oficina permanente en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con todas las garantías y privilegios de trabajo correspondientes.

Octavo: Solicitar una visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en vista del carácter sistemático y reiterado de la violación de los derechos humanos en Venezuela, verificado por el panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Foto: Iván Ernesto Reyes – @IvanEReyes