La custodia estatal de los privados de libertad en cualquier país del mundo debería representar un pilar de protección y garantía de derechos humanos.
En Venezuela, esta premisa se ve desafiada por una serie de incidentes que evidencian una violación sistemática de los derechos fundamentales de los reclusos, así como una falta de transparencia en el sistema de justicia, advierte el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Mediante una nota de prensa, difundida este jueves 18 de abril, la organización no gubernamental que defiende los derechos humanos de las y los privados de libertad en el país, mostró su preocupación por las presuntas violaciones de los derechos humanos de los privados de libertad.
El comunicado fue emitido un día después de que se conociera la muerte de Marino José Aguilar, exdirector de mercado nacional de Pdvsa, quien permanecía detenido por presuntos vínculos con una trama de corrupción denunciada por la Fiscalía, donde también detuvieron a Tareck El Aissami, expresidente de la petrolera.
La información sobre la muerte de Aguilar se dio a conocer el miércoles, 17 de abril, tras una publicación del periodista Eligio Rojas, quien indicó que el fallecido era “sometido a interrogatorio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”.
“Cuando un preso muere en extrañas circunstancias, surge la sospecha de negligencia, complicidad o incluso participación directa por parte de agentes estatales. En el caso de Venezuela, son muchas las denuncias de tortura como una práctica común de funcionarios de los servicios de inteligencia, que incluso puede ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad”, dice la organización.
Caso Azuaje Urrea
La ONG recordó otras muertes que se han producido bajo custodia del Estado, como la de Leoner Jesús Azuaje Urrea, presidente de Cartón de Venezuela (Cartoven), fue encontrado muerto en su lugar de reclusión bajo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que fue arrestado el 14 de abril del año pasado y señalado de corrupción.
Su presunto suicidio apenas seis días después de ser detenido por la Policía Nacional contra la Corrupción, generó una serie de interrogantes sobre las condiciones en las que se encontraba y la eficacia de los protocolos de seguridad dentro de las instalaciones carcelarias.
La organización recordó desde el momento de la detención, el Estado tiene la obligación de implementar sistemas de supervisión y vigilancia efectivos para prevenir el acceso a medios letales y detectar cualquier comportamiento de riesgo de suicidio.
“Ante cualquier indicio de riesgo de suicidio, las autoridades deben intervenir de inmediato y proporcionar apoyo especializado. Además, es crucial realizar un seguimiento continuo del preso y ajustar el plan de atención según sea necesario”, se lee en el comunicado.
En extrañas circunstancias
La organización reiteró que en los últimos años en el país es preocupante el número de privados de libertad muertos en extrañas circunstancias mientras se encontraban bajo custodia del Estado.
“Estos incidentes no solo son tragedias individuales, sino que también representan una grave violación de los derechos humanos y la falta de transparencia en el sistema de justicia”, aseguran.
El OVP indicó que algunos informes internacionales han determinado que los organismos más torturadores son Dgcim, Pnb, Faes y Sebin. En estos mismos informes se asegura que la cifra de fallecimientos por tortura podría ser incluso mayor, la mayoría de ellos por asfixia con bolsa o ahogamiento.
Otros modos de tortura son privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdida de orientación del día y la hora; también sometimiento a temperaturas extremas, privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, y privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión.