La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) manifestó que las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos asociadas al atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro no deben conllevar a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanas, torturas ni desapariciones forzadas.
En un comunicado emitido este jueves, 9 de agosto, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV señaló que, además, los hechos punibles que se investiguen “deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación”.
La jerarquía de la Iglesia católica en Venezuela instó al gobierno a “cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.
La Conferencia Episcopal insistió en que el Consejo Moral Republicano -conformado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Fiscalía General de la República- debe proteger los derechos humanos de los ciudadanos e “investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que vulneren estos derechos”.
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV invitó a todos los grupos y vicarías de derechos humanos en el país a “estar atentos” ante las violaciones de DDHH y los llamó a sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso.
“Mantengámonos en oración permanente y que el señor nos conceda el don de la paz y de la concordia”, finalizó el texto de la Conferencia.
Desde que ocurrieron los hechos el pasado sábado 4 de agosto, el Gobierno nacional anunció la detención de seis presuntos implicados en el hecho; tres de ellos ya fueron presentados en tribunales y acusaron también a los parlamentarios Julio Borges y Juan Requesens.
Este último fue detenido por funcionarios del Sebin este martes 7 de agosto, y un día después le retiraron la inmunidad parlamentaria, así como a Borges, sin darle derecho a la defensa, en un procedimiento considerado arbitrario e inconstitucional por fuerzas políticas opositoras, expertos en derecho constitucional y organizaciones de DDHH.
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