La escasez de alimentos y el cierre de comercios preocupa a los habitantes del sur del estado Bolívar, luego de que el gobernante Nicolás Maduro ordenara cerrar la frontera con Brasil el 22 de febrero para obstaculizar el ingreso de la ayuda humanitaria liderado por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. La zona, además, está repleta de militares y policías que han instalado alcabalas en las vías.
El diputado por Bolívar Ángel Medina, que ayer denunció la situación en la sesión de la Asamblea Nacional, advirtió que mantener el cierre limítrofe podría generar una crisis en Tumeremo, Las Claritas, el kilómetro 88 y Santa Elena de Uairén. La mayoría de los residentes adquiere alimentos como arroz o harina por pacas en Brasil para traerlos a Venezuela.
“La gente siente que escasea la comida. A diferencia del resto de Venezuela, en el sur de Guayana no falta la comida. La consigues de la marca y las cantidades que quieras. El problema ahorita es que, como no hay distribución, han bajado los niveles de abastecimiento en las tiendas y las cadenas del sur”, explicó el legislador a Efecto Cocuyo.
Rafael Malavé, coordinador de la ayuda humanitaria en Pacaraima (Brasil), dijo que para los comerciantes de Santa Elena de Uairén es muy difícil adquirir mercancía desde el centro del país porque los productos cuestan el doble que los de Pacaraima. “En Brasil los productos son más económicos al cambio”, aclaró.
Una residente que prefirió mantenerse en el anonimato denunció que hay comerciantes que no han querido abrir porque los militares los despojan de la mercancía. “Los efectivos tienen un constante martillo en los comercios. Les quitan una paca de arroz, una paca de azúcar, una caja de aceite. Aparte, el que abre vende las cosas más caras. Un cartón de huevos lo venden en 30.000 o 35.000 bolívares”, contó.
El problema del abastecimiento no es el único que afecta a los pobladores.
Muchos comerciantes han sido perseguidos por haber apoyado con el ingreso de la ayuda humanitaria a los indígenas y al alcalde de Santa Elena de Uairén, Emilio González, quien huyó a Brasil por temor a represalias. “El señor Justo Noguera (gobernador de Bolívar) ha salido a amedrentar y a perseguir a muchos comerciantes, que se han ido a Brasil, Puerto Ordaz o Caracas para huir de Santa Elena”, afirmó el diputado Medina.
Y denunció: “Están pidiendo la cabeza del alcalde. Él no cree que solo lo quieren destituir”.
Malavé informó que el sector educativo también ha sido perjudicado.
La mayoría de los niños de Santa Elena de Uairén cruza a Pacaraima para estudiar. La clausura de la frontera ha provocado que las aulas de los preescolares apenas cuenten con la mitad de la asistencia. “Mi esposa es maestra de un preescolar y me dijo que faltaron 10 estudiantes de 25”, indicó. Y agregó que las clases de primaria y bachillerato están suspendidas hasta nuevo aviso por el cierre de la frontera.
El Hospital de Santa Elena de Uairén sigue colapsado porque no tiene insumos, dijo Malavé. Y como consecuencia de la cantidad de heridos que dejó la represión del 22 y 23 de febrero, que además provocó siete muertes, también está colapsado el centro de salud Delio Oliveira Tupinamba, en La Línea.
“En cuanto al tema de la gasolina: llega una o dos veces por semana y solo le facilitan a la población 20 litros por vehículo”, detalló.
Hoy hubo una protesta en Brasil -dijo Malavé- porque el gobernador Justo Noguera llegó a un acuerdo con militares y autoridades de Brasil, en el que tienen previsto pasar 80 gandolas de comida compradas en Boa Vista solo para efectivos castrenses en Venezuela. “Solo los militares se van a beneficiar mientras el comercio en Pacaraima está paralizado. Porque aquí el intercambio comercial era mutuo”, denunció.
En la sesión legislativa de ayer, la diputada Gladys Guaipo propuso que se creara una comisión mixta para estudiar a profundidad la situación en Santa Elena de Uairén y presentar un informe completo al respecto. Asimismo confirmó la cifra de siete muertos que dejó la represión entre el 22 y 23 de febrero.
Lea también:
En Santa Elena de Uairén hay 58 detenidos, entre ellos cuatro adolescentes y 16 indígenas