Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro sufren por insalubridad, mafias mineras y olvido oficial

Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro no solo están unidos por el río Orinoco, considerado como el tercero más caudaloso del mundo, sino que el aislamiento, abandono gubernamental y las enfermedades endémicas diezman cada vez más a las poblaciones indígenas del país, que pese a ser una bandera política del chavismo desde su ascenso al poder, hoy padecen del olvido de las autoridades.

Según el censo de vivienda del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Venezuela había una población indígena de 724 mil 592 personas, y en estas tres entidades Amazonas (76.314), Bolívar (56.686) y Delta Amacuro (41.543) se concentraba el 24 % del total de los aborígenes que habitan el territorio nacional.

La mayoría habita en comunidades rurales, en poblaciones a las que solo se puede acceder en avionetas o lanchas, pero ahora en casos como Amazonas y Delta Amacuro están una condición de aislamiento forzado por la falta de combustible para las embarcaciones y el altísimo precio del aceite fuera de borda, por lo que llevarles asistencia médica ante brotes de sarampión, paludismo, tuberculosis y tosferina es casi una odisea.

Amazonas sin combustible ni energía eléctrica

El estado indígena de Amazonas, denominación que se logró con la reforma de la Constitución de esta entidad en el año 2016, padece de múltiples problemas que con la crisis económica y política del país, ha mermado la calidad de vida de los habitantes del segundo estado más grande del territorio nacional, pero a su vez el menos poblado de Venezuela.

La coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Norayma Ángel, explicó a Efecto Cocuyo que solo dos de los siete municipios que conforman esta entidad tienen electricidad. La capital Puerto Ayacucho que conforma el municipio Atures y Autana, pero hacia el sur de la región ningún otra localidad posee servicio eléctrico, solo es un suministro intermitente de dos o tres horas diarias.

Tal es el caso de Manapiare, Atabapo, Maroa, Río Negro y Alto Orinoco. Este último es asiento de los yanomamis, una de las poblaciones indígenas más autóctonas porque viven aislados en la selva, con poco contacto con la civilización. Por ello, Ángel dijo que son más vulnerables a enfermedades y no tienen acceso a medicinas ni médicos.

“Las enfermedades que se desarrollan con mayor fuerza en el municipio Alto Orinoco son respiratorias sobre todo por el alto porcentaje de humedad atmosférica, el paludismo está haciendo estragos entre los indígenas y las enfermedades de la piel. Son las tres morbilidades que existen con mayor fuerza entre los indígenas”, dijo.

Destacó que aproximadamente 70 % de los yanomamis que habitan una comunidad indígena han padecido en el lapso de un año de paludismo.

La capital de este territorio es La Esmeralda, donde hace tres años se dañó la planta eléctrica y desde entonces no cuenta con energía. Solo tienen la del CDI de la localidad, que se encienda dos horas por día. Tampoco tienen acceso a la educación porque las monjas salesianas, ante la imposibilidad de albergar y darle comida diaria a 200 niños y niñas indígenas, cerraron los internados que mantenían desde hace 20 años.

Sobre el suministro de energía, Ángel dijo que “el 80% del estado Amazonas prácticamente no tiene electricidad. El que tiene mayor energía eléctrica es Atures que es la capital y el municipio Autana que es el más cercano a Puerto Ayacucho, pero de Atabapo hacia el sur, no hay”, remarcó.

Olnar Ortiz, indígena Bare, abogado y asesor de la asociación civil Kapé-Kapé que se dedica a la asistencia en derechos humanos a los indígenas en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, explicó que a eso se le suma la situación del combustible. Solo hay en Puerto Ayacucho y es racionado por las autoridades en tres estaciones de servicio. Reparten 30 litros solo dos veces a la semana por vehículo, mediante la entrega de un ticket. La gente hace colas entre 8 horas y tres días para abastecerse.

Amazonas, aunque no fue incluida en el Arco Minero del Orinoco, tiene parques y reservas naturales donde hay presencia de oro y coltán. Esto ha atraído desde hace varios años a disidentes de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora un partido político) para controlar este mercado de explotación ilegal de oro en municipios como Atabapo y en el parque nacional Cerro Yapakana.

Desde la llegada del chavismo en el año 1999 ha tenido gobernantes de Acción Democrática hasta finales de la década de 1990; Liborio Guarulla, que fue oficialista hasta el año 2012, se mantuvo en la Gobernación entre 2001 y 2016, pero al caer en desgracia con el “proceso revolucionario” comenzaron los ataques en su contra y fue inhabilitado por 15 años por la Contraloría General de la República.

El oficialismo regresó a la Gobernación en octubre de 2017, aunque sin en el control del Consejo Legislativo, donde de los siete diputados regionales cinco son del partido de Guarulla y dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Bolívar: empresas básicas desmanteladas 

El estado Bolívar, el más extenso del país y corazón de las empresas básicas, con el buque insignia de la nacionalizada Sidor y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), hoy padece un retroceso en esta materia.

Leonel Grisett, miembro del Sindicato Único de Trabajadores la Industria Siderúrgica y sus similares (Suttiss), resume lo que ocurre en las industrias del hierro y el aluminio más importantes del país: “En estos años del socialismo del siglo XXI ha provocado la casi destrucción total de la industria, están padeciendo los trabajadores pero sobre todo la nación entera”, sostuvo.

Destacó que hoy ninguna de las empresas trabaja al 100% de su capacidad, algunas tienen años paralizadas, y el caso de Sidor que en manos privadas llegó a producir casi 4 millones 500 mil toneladas de hierro, a la fecha no produce ni el 7%.

Ante esta realidad, la migración de la mano de obra calificada ha ido dejando sin fuerza laboral estas instituciones. Además al ser nacionalizada, la empresa pasó de 13 mil a 18 mil trabajadores, pero “no estamos produciendo nada. Lo que están produciendo es miseria“, añadió Grisett.

Denunció casos de corrupción con algunas obras del Fondo China-Venezuela, ya que se aprobaron recursos y, según el dirigente sindical, el 85% de ese dinero fue desviado.

En materia de salud, el presidente del Colegio de Médicos del estado Bolívar, Hugo Lezama, dijo que el 60% de los médicos especialistas de larga trayectoria han dejado la entidad e incluso el país. En los ambulatorios de los municipios del sur de la región, escasean galenos e insumos también.

Lezama mostró su estupor porque el hospital pediátrico Doña Menca de Leoni, en San Félix, fue cerrado hace mes y medio para su remodelación Ahora los pacientes y sus familiares abarrotan las salas infantiles en el hospital de Uyapar, así como del hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.

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Manifestó que los médicos dejaron de protestar ante la falta de respuesta de las autoridades, así como por “el secuestro” de las instituciones por parte de los directivos que amenazan al personal, impiden el paso de periodistas y acusan de su ineficiencia a los doctores.

“Estamos ante una situación crítica. Soy pediatra, atiendo a entre 4 a 6 pacientes con desnutrición severa. Hay carencias en todas las especialidades y no hay organismos que, en el caso de los niños, les suministren alimentos ante tan cruda realidad”, dijo Lezama, quien agregó que las unidades de diálisis cerraron hace dos años.

Bolívar, entre diciembre del 2017 y enero de este año experimentó una ola de saqueos que dejó al menos 50 comercios afectados y más de 80 detenidos, una realidad que se vivió un año antes cuando en diciembre de 2016 el Gobierno decidió sacar de circulación el billete de 100 bolívares y hubo caos en Tumeremo.

El control de las minas ha provocado además masacres como la de Tumeremo en 2016 y muertes en enfrentamientos entre mineros y cuerpos de seguridad, que han sido cuestionados por organizaciones gubernamentales y familiares de las víctimas, quienes señalan la vinculación de autoridades regionales y militares en este negocio ilegal.

Esta región ha estado bajo el control del oficialismo desde el año 2000, pero su último gobernador elegido en 2017, el general Justo Noguera Pietri (Psuv) fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a las denuncias de fraude del opositor Andrés Velásquez, quien denunció el supuesto forjamiento de actas en una instalación militar para darle el triunfo a su contendor del chavismo.

Kapé-Kapé, red de derechos indígenas, ha denunciado en Bolívar que en la cuenca del Caura “la ampliación de la minería ilegal ha ocasionado la presencia de los pata de goma y sindicatos mineros, hay una disputa interna entre estos dos grupos delictivos  y los indígenas están en el medio”.

Sostuvieron que hay comunidades enteras infectadas por el paludismo. “Hay déficit de medicinas. Se ha generado esa mortandad de diferentes pueblos yekuanas, jotis. En Cedeño, aproximdamente habitan mil 300 indígenas y tienen paludismo 480. Hay un proceso de lechina y no hay vehículos aéreos, han muerto siete niños y ancianos producto del paludismo. Hay un estado de descomposición en los pueblos indígenas que ha creado esta pérdida de valores e idiosincrasia“, manifesto Armando Obdola, coordinador de la ONG.

Delta Amacuro: Waraos asediados por el VIH

El coordinador de la Red de Derechos Indígenas Kapé-Kapé habla de genocidio en Delta Amacuro. Se refiere a muchos casos de muertes por enfermedades endémicas en la región, pero sobre todo a las últimas por sarampión en Pedernales, donde según esta organización hubo 54 fallecimientos, y en el municipio Antonio Díaz, con 48 víctimas.

Aunque no hay cifras oficiales, los contactos con las comunidades indígenas y el trabajo de la ONG así lo confirman. “Hemos llamado esto como el genocidio del año en Delta Amacuro, pero es que además tenemos casos de paludismo, tuberculosis y tosferina. Todas esas enfermedades se han consolidado sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado venezolano”.

Como en Amazonas, trasladarse a las comunidades indígenas en Delta Amacuro requiere de mantener óptimas las embarcaciones; es decir, se necesita aceite fuera de borda y combustible, que también escasea y un servicio privado puede cobrar actualmente 50 millones de bolívares.

Obdola dijo que su organización ha conseguido ayuda internacional para traer medicamentos al país, pero el Gobierno se ha negado a permitir su entrada. Y citó el caso de los médicos que atendían a las comunidades en Antonio Díaz, pero fueron sacadas por motivos políticos por la Gobernación chavista en el Delta.

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Los indígenas también han comenzado a desplazarse. De esta región se han ido profesionales, como enfermeros, que dejan sus comunidades en la búsqueda de mejores condiciones de vida en Brasil. “Se han ido docentes y enfermeros y complementa el aislamiento de las comunidades”, añadió.

Sobre el caso del contagio de VIH, Obdola explicó que todo comenzó hace 12 años, pero desde entonces el Gobierno no se preocupó por esto y ahora “hay comunidades donde las muertes constantes como San Francisco de Guayo, Uraco, donde nunca hubo atención por parte del Estado. Fueron organizaciones de salud a investigar y no pudieron establecer parámetros con el Estado”, se quejó.

El pasado 7 de mayo, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje donde reflejaron que “el VIH se ha extendido rápidamente por todo el delta del Orinoco y ha matado a cientos de indígenas warao“.

La diputada a la Asamblea Nacional por esta región, Larissa González, agregó que el hospital de Tucupita, la capital de la entidad, carece de insumos y ante el desplazamiento de indígenas a Brasil, la mayoría de casos de sarampión que se han detectado en la frontera en el hospital de Paracaima, son de venezolanos afectados por esta enfermedad.

Delta Amacuro ha sido gobernada por el chavismo desde el año 2000 con Yelitza Santaella por dos períodos, y desde el año 2008 por la también dirigente del Psuv, Lizeta Hernández, que en octubre fue reelecta para un tercer mandato.

Foto principal: Meridith Kohut para The New York Times

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