Poca ejecución. La recién difundida Memoria 2017 del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas revela que de las 100 obras planificadas para el proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo a los embalses a nivel nacional, sólo se llevaron a cabo 19.
Esto explicaría las deficientes condiciones ambientales y operativas en las que se encuentran los 62 reservorios administrados por la cartera ambiental y que nutren el sistema hidrológico en Venezuela, lo que ha llevado a un agravamiento de la escasez de agua en el territorio.
Y es que aunque se tenían previstas 23 rehabilitaciones y mantenimientos en sistemas mecánicos y otras 13 en sus equipos electromecánicos, ninguna de estas obras se ejecutaron.
Tampoco las 12 correspondientes a las áreas adyacentes a la toma de captación de agua de las torres de los embalses, que son creados para tomar el agua de lluvias y ríos para su posterior potabilización y distribución.
Otras metas quedaron incompletas. Aunque se hicieron obras de rehabilitación y mantenimiento general de las compuertas de emergencia y regulación de los embalses Guanapito (Guárico) y Las Majaguas (Portuguesa), otras seis se dejaron sin realizar.
Así mismo, se atendieron los aliviaderos de descarga de compuertas radiales de los embalses Boconó, Guanapito, Guárico y Tiznados, en Guárico y Portuguesa, y se hicieron cuatro obras de rehabilitación de los aliviaderos de descarga libre en el embalse de Agua Viva, en Trujillo. Sin embargo, se planeaban hacer diez más en cada caso.
Todas estas obras necesarias para evitar inundaciones y desbordes inesperados en los casos que se alcanza la capacidad máxima de llenado.
En el caso de las obras presupuestadas para los sistemas de instrumentación en las presas, sólo se realizó la mitad. Los proyectos se implementaron en los embalses Atarigua, Calabozo, Clavellinos, El Guamo y Tiznados. Particularmente, en estos dos últimos fueron los únicos en los que se hicieron dos tipos de obras distintas, por lo que serían los embalses mejor atendidos del país, aunque el Minea lista ocho tipos de rehabilitaciones y mantenimientos posibles en su Memoria.
En materia ambiental, competencia principal del Minea, se programó realizar 14 intervenciones agronómicas en las crestas y los taludes del mismo número de reservorios, lo que ayudaría a reducir la caída de sedimentos durante la época de lluvias, pero esto también llegó sólo a cuatro embalses: Camatagua, Taiguaiguay, El Guamo y Matícora, en Aragua, Falcón y Monagas.
Cuando la capa vegetal de la zona protectora, áreas alrededor del embalse, está afectada por deforestación e invasiones, el agua no es absorbida por las raíces de los árboles para percolar hacia los acuíferos subterráneos que llenan ríos, lagos y lagunas, sino que se desliza por sobre la superficie convirtiéndose en escorrentías, lo que arrastra tierra, piedras y puede producir derrumbes y deslaves en las laderas montañosas.
¿Y el resto del dinero?
La ficha del proyecto de mantenimiento y rehabilitación de embalses también exhibe otras irregularidades. El documento cita una inversión de Bs. 1.872.561.906,20, lo que equivale al 62,4% de los 3 millardos asignados, pero la Memoria reza que se usó el 66%. Una diferencia de 3,6 puntos porcentuales que equivaldría a más de 107 millones de bolívares del 2017.
La Memoria 2017 está firmada por el entonces ministro Ramón Celestino Velásquez, viceministros, directores y presidentes de entes adscritos, incluyendo a Heryck Rangel, el entonces presidente de la Compañía Nacional de Reforestación (Conare) y la Misión Árbol, y actual ministro de Ecosocialismo.
Fue presentada ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en enero de 2018 pero no se difundió hasta seis meses después en la página web del Minea -ahora sólo Ecosocialismo-, que omite las Memorias de 2016 y 2012 en su listado, mientras las de 2008 y 2011 llevan a una página que dice “no encontrado”.
El ministerio señala los siguientes obstáculos para no haber cumplido con sus proyectos: “Asedio contra la recuperación de la economía venezolana”, “ausencia de personal profesional y técnico calificado”, “la baja asignación de la Ley de Presupuesto 2017”, “incremento de los actos vandálicos, los daños a infraestructuras, las fallas eléctricas y en las telecomunicaciones, además del sabotaje continuo, en las compañías anónimas y las fundaciones prestadoras de servicios públicos” y otras más, referidas a la diáspora de equipo humano, la inseguridad ciudadana, la caída en los ingresos petroleros y el desmejoramiento de los servicios públicos que caracterizan la actual crisis nacional.