El comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, pidió este lunes 23 de noviembre a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que intercedan ante las autoridades de Trinidad y Tobago que deportaron a 16 menores de edad al país.
“Instamos a Acnur y la OIM a interceder ante esta situación. Es un hecho cruel, que no refleja un espíritu de hermandad que tuvimos los venezolanos con todos los que llegaron a nuestra tierra en el siglo pasado”, escribió Borges en su cuenta de Twitter.
Violación de mecanismos internacionales
Borges también rechazó la deportación de los 16 menores, entre los que hay un bebé de cuatro meses, según fuentes de la oposición, y denunció que “es un acto que, no solo viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, sino todos los mecanismos internacionales que protegen la niñez”.
La deportación fue denunciada este domingo por el político opositor David Smolansky, nombrado comisionado de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por Guaidó, quien dijo que el Gobierno de Trinidad y Tobago les negó el refugio y les separó de los padres, que ya se encontraban en el país.
#URGENTE El gobierno de Trinidad y Tobago acaba de deportar a 16 niños venezolanos, entre ellos un bebé de 4 meses. Están devolviendo a los menores de edad en bote a Venezuela, negándoles el refugio y separándolos de sus padres que ya estaban en Trinidad. Una atrocidad. pic.twitter.com/W4RQocRF4R
— David Smolansky (@dsmolansky) November 22, 2020
“La deportación de los 16 niños venezolanos ocurrió a las 12 del mediodía (de este domingo). Salieron en bote desde Cedros, Trinidad. La defensa de estos menores había introducido un ‘habeas corpus’ y las autoridades trinitarias ignoraron la petición de no deportarlos. Un acto cruel y muy grave”, añadió.
Según recordó Smolansky, Trinidad y Tobago “ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951”, dos instrumentos que “protegen a migrantes y refugiados contra la devolución”.
Migrantes “en un gran peligro”
Subrayó que los 16 deportados corrieron “un gran peligro” porque la ruta que hizo el bote en que los montaron para la deportación “es utilizada por grupos irregulares que se dedican a la trata y tráfico de personas”, lo que calificó como “dantesco”.
“Muchos trinitarios emigraron a Venezuela por décadas en busca de trabajo y estudio para superar la pobreza que padecían en su isla. Se les recibió con los brazos abiertos. No hay el mismo trato para los 40.000 refugiados venezolanos que han huido a esa isla por la dictadura”, concluyó en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.
Las autoridades de Puerto España, debido a la pandemia por COVID-19, han endurecido los controles de entrada al país, donde, como en otros territorios de la región, el número de contagiados por coronavirus ha aumentado en los últimos meses y semanas.
El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció en junio de 2019 la puesta en marcha de un proceso de registro de 14 días para permitir a los venezolanos permanecer hasta un año con el derecho a trabajar y estar protegidos por las leyes locales contra los abusos de los empleadores, especialmente en relación con el salario mínimo.
El proceso, que estuvo abierto para los que permanecían legal o ilegalmente, también fue una medida que permitió recopilar datos sobre el número de venezolanos que llegaron y viven en Trinidad y Tobago.
Con información de EFE
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