Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) protestaron este jueves por la aprehensión de tres de sus compañeros detenidos por la Fiscalía de México por el caso de los 39 migrantes fallecidos producto de un incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos.
La manifestación se dio luego de que en la Ciudad de México autoridades mexicanas informaron que cinco personas fueron detenidas en relación con la muerte de los migrantes, entre ellos tres funcionarios del INM y dos policías de seguridad privada.
«Lo sucedido en Ciudad Juárez es una gran cadena de negligencias», afirma la periodista Rocío Gallegos #CocuyoClaroyRaspao
Los agentes se manifestaron en las oficinas centrales del Puente Internacional de Córdova-Américas, que une a México con Estados Unidos, y señalaron que la detención de sus compañeros «es injustificada».
Uno de los agentes y quien habló en tono molesto fue Jesús Ignacio Molina Leyva, quien dijo a EFE que sus compañeros «hicieron lo que pudieron».
Explicó que en un video que circula en redes sociales se observa «a uno de sus compañero que tomó un extinguidor (para combatir el fuego), pero este no funcionó adecuadamente y no logró sofocar las llamas».
Contó que conoce a sus compañeros y dijo que «no son inhumanos, hacen su trabajo que les ha sido conferido por la ley de migración del país».
Además, señaló que los cargos más altos también deben ser juzgados.
«Todos los comisionados son los primeros que deben de estar en la cárcel, no nosotros (agentes) que solo hacemos nuestro trabajo», abundó.
Puede leer también: México confirma que hay siete migrantes venezolanos entre los fallecidos tras incendio en Ciudad Juárez
El inconforme recordó que existe un reglamento que se debe de cumplir «allá están agazapados los cobardes, allá está el que debe de hablar (refiriéndose al titular del INM de Ciudad Juárez)».
Este jueves, en su conferencia diaria, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no habrá impunidad tras el incendio que mató a los migrantes pero evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria pertenece a un cónsul de Nicaragua.
El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del lunes en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela retenidos para su deportación.
Vídeos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y compatriotas de las víctimas han denunciado que la tragedia «se pudo evitar».
López Obrador también evadió exigir la renuncia de Garduño Yáñez, titular del INM, pese a los reclamos de la oposición y defensores de derechos humanos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el miércoles que tiene identificados a ocho presuntos responsables del incendio que incluyen a dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco agentes de la empresa de seguridad privada.
Con información de Efe
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Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) protestaron este jueves por la aprehensión de tres de sus compañeros detenidos por la Fiscalía de México por el caso de los 39 migrantes fallecidos producto de un incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos.
La manifestación se dio luego de que en la Ciudad de México autoridades mexicanas informaron que cinco personas fueron detenidas en relación con la muerte de los migrantes, entre ellos tres funcionarios del INM y dos policías de seguridad privada.
«Lo sucedido en Ciudad Juárez es una gran cadena de negligencias», afirma la periodista Rocío Gallegos #CocuyoClaroyRaspao
Los agentes se manifestaron en las oficinas centrales del Puente Internacional de Córdova-Américas, que une a México con Estados Unidos, y señalaron que la detención de sus compañeros «es injustificada».
Uno de los agentes y quien habló en tono molesto fue Jesús Ignacio Molina Leyva, quien dijo a EFE que sus compañeros «hicieron lo que pudieron».
Explicó que en un video que circula en redes sociales se observa «a uno de sus compañero que tomó un extinguidor (para combatir el fuego), pero este no funcionó adecuadamente y no logró sofocar las llamas».
Contó que conoce a sus compañeros y dijo que «no son inhumanos, hacen su trabajo que les ha sido conferido por la ley de migración del país».
Además, señaló que los cargos más altos también deben ser juzgados.
«Todos los comisionados son los primeros que deben de estar en la cárcel, no nosotros (agentes) que solo hacemos nuestro trabajo», abundó.
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El inconforme recordó que existe un reglamento que se debe de cumplir «allá están agazapados los cobardes, allá está el que debe de hablar (refiriéndose al titular del INM de Ciudad Juárez)».
Este jueves, en su conferencia diaria, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no habrá impunidad tras el incendio que mató a los migrantes pero evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria pertenece a un cónsul de Nicaragua.
El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del lunes en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela retenidos para su deportación.
Vídeos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y compatriotas de las víctimas han denunciado que la tragedia «se pudo evitar».
López Obrador también evadió exigir la renuncia de Garduño Yáñez, titular del INM, pese a los reclamos de la oposición y defensores de derechos humanos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el miércoles que tiene identificados a ocho presuntos responsables del incendio que incluyen a dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco agentes de la empresa de seguridad privada.
Con información de Efe