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El informe de la Alta Comisionada de DDHH de la Organización de Naciones Unidas, en su capítulo sobre «El acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas», resalta que la mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela «no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada».

Así lo señala el informe publicado por la Oficina de Michelle Bachelet, este jueves, 4 de abril, en el que cita cifras «del Gobierno» sobre la supuesta aprehensión de funcionarios de los cuerpos de seguridad incursos en delitos.

De acuerdo con esos números, «para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de arresto habían sido dictadas contra otras personas por su presunta responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y 2019».

Bachelet, que entre las recomendaciones que ofrece el informe, está disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y establecer una comisión independiente para llevar a cabo una investigación que permita enjuiciar a responsables y reparar a las víctimas, señala que «cinco miembros de las Faes han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las Faes están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019″.

Miedo a denunciar e impunidad

No obstante, dice que con entrevistas con víctimas estas aseguraron que tienen miedo a denunciar «por falta de confianza en el sistema de justicia», pero además cuando logran hacerlo no existe una investigación por los organismos del sistema judicial venezolano.

Específicamente señala que «las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes».

El informe resume los datos de los familiares de las víctimas de las protestas de 2017, que «siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las investigaciones».

La Oficina también hace énfasis en la situación de las mujeres, «quienes han sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y la policía, y algunas se han visto obligadas a abandonar el país».

Sobre los familiares de las víctimas de las Faes indica que no han recibido la reparación por las ejecuciones extrajudiciales de este cuerpo creado en el año 2017 por órdenes de Nicolás Maduro para «combatir el crimen organizado y el narcotráfico«.

«Ellas (las familias de las víctimas de las Faes) se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial«.

Según la Alta Comisionada, la impunidad y la falta de acceso a la justicia que son reconocidas por el gobernante Nicolás Maduro y sus funcionarios, se agrava más. Especialmente habla del año 2018 y dice que esto se debe a la falta de cooperación de «las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones, la manipulación de la escena del crimen y de las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales y los/as jueces/juezas, así como la inmunidad de facto de oficiales superiores».

Resalta la corrupción en el sistema judicial venezolano y la falta de su independencia como «obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación».

Ministerio Público y Defensoría incumplen sus funciones

Sobre el Ministerio Público lo acusa de de incumplir con sus obligaciones dentro del sistema judicial, especialmente para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes.

El documento habla directamente del Fiscal General de la República, el mismo que designó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab. «El Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia».

También se detiene sobre la actuación del Defensor del Pueblo, figura constitucional que forma parte del Poder Ciudadano, al que acusa de guardar «silencio ante las violaciones de los derechos humanos», una de sus principales atribuciones como un poder público que consiste en velar, promover y hacer respetar los DDHH de los venezolanos.

Insiste en el caso de las mujeres, quienes han estado al frente en la demanda de justicia, verdad y reparación.

«Dan seguimiento a las actuaciones e investigaciones penales, y participan en ellas, a menudo en un entorno hostil. Manifestaron haber sido amenazadas, maltratadas e insultadas por funcionarios/as públicos y judiciales. Estas mujeres se enfrentan a la exclusión social debido a la vergüenza pública y a la estigmatización. Además de buscar justicia, estas mujeres a menudo se convierten en las principales proveedoras de cuidados, asumen más personas a su cargo y/o se convierten en el sostén de la familia».

Comisión de la Verdad «compra silencio»

Menciona, por último, a la Comisión por la Verdad que creó la ANC en el año 2017 para investigar la violencia política entre 1999 y 2017, que en su momento presidió la actual vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez.

Para Bachelet casi dos años después de su puesta en marcha aún no publica ningún informe sobre la violencia política en el país, y aunque reconoce que ha dado indemnizaciones monetarias a familiares de víctimas las califica de insuficientes y como un intento de comprar el silencio de las víctimas.

«La Comisión ha concedido indemnizaciones monetarias y ha proporcionado asistencia jurídica, psicológica, médica y medidas de protección social a 107 familiares de 50 víctimas que murieron durante las protestas de 2017. Sin embargo, en ausencia de un proceso imparcial de búsqueda de la verdad, justicia y reparación, las familias entrevistadas por el ACNUDH consideran el apoyo financiero como un intento de comprar su silencio».

Este capítulo cierra con la cifra de la excarcelación de 193 presos políticos, que con recomendaciones de esta comisión de la verdad recibieron la libertad condicional al 29 de mayo de 2019.

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Foto: www.diariolasamericas.com