El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y Competencia en Casos Vinculados con Delitos asociados al Terrorismo decretó este jueves 15 de julio una serie de medidas privativas preventivas de libertad en contra de más de 20 personas detenidas y asociadas con las bandas delictivas de la Cota 905.
Todas estas personas, hombres y mujeres, fueron apresadas entre el 7 y el 9 de julio pasados, en el marco de lo que el Gobierno de Nicolás Maduro bautizó como Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que buscaba acabar con los días de fuertes enfrentamientos armados que protagonizaron los miembros de bandas delincuenciales que operan en esa zona de centro oeste capitalino.
Según una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia, uno de los privados de libertad fue identificado como Miguel Alejandro Rodríguez Lacera, a quien le imputan la presunta comisión de los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, además de tráfico ilícito de armas. También aprovechamiento de vehículo proveniente del robo, tipificado y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos.
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Otros imputados son Pablo Mendoza, Junior Morales, Mario Briceño, Manuel Núñez, Osmar Benítez, Andrés Bravo, Ramsés Rodríguez, Javier Santos, Farid Díaz, Maikel Sequera, Luis Ospina, Junior Sequera y Jorvis Matamoros, acusados de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas y uso de adolescente para delinquir.
Asimismo, Wilver Arteaga y Luis Gamero, por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, uso de adolescente para delinquir, además y resistencia a la autoridad.
Por su parte, fueron privados de libertad Wilmer Antequera, Iván Durán y Reinaldo Solórzano, por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, aprovechamiento de vehículo proveniente de robo y uso de adolescente para delinquir.
Además, fue privada de libertad Yaneimy Suárez, señalada de ser pareja sentimental de Carlos Luis Revete, alias «el Koki», imputada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, así como tráfico de explosivos.
En relación con otras tres mujeres Glicet Bastardo, Odrianys Mendoza Camejo y Otawa Ire Díaz Unamo, fueron privadas de libertad por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, uso de adolescente para delinquir y encubrimiento.
Además, el Juzgado Estadal Cuarto de Primera Instancia decretó la medida privativa preventiva de libertad contra el ciudadano Orlando Castellanos, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales.
Por su parte, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Penal de Responsabilidad del Adolescente con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, ordenó medida preventiva privativa de libertad a un adolescente por la presunta comisión de los delitos de terrorismo agravado en grado de cooperador inmediato, asociación para delinquir y tráfico de armas en modalidad de ocultamiento, por los mismos hechos ocurridos en la Cota 905.