Jairo Ortiz, Armando Cañizalez, Juan Pablo Pernalete, Miguel Castillo y Anderson Dugarte. Estos son algunos de las personas que murieron en el contexto de protestas que iniciaron el pasado mes de abril, fallecimientos en los que el Gobierno (ministros o representantes políticos) han revelado datos de la investigación criminal que se atañe al caso.
El criminólogo Luis Izquiel señaló que los “pronunciamientos exprés“ son ilegales pues rompen con el proceso de investigación procesal pautado por la Constitución y el Código Penal. “Es probable que cuando el ministro (Néstor Reverol) asegura un móvil, sospechoso o tipo de arma utilizada ni siquiera esté un fiscal del Ministerio Público asignado al caso y si lo está, probablemente no haya firmado el acta de inicio de la investigación. La Fiscalía es la única entidad autorizada para iniciar este procedimiento”, explicó el experto.
Agregó que cuando un cuerpo policial recibe una denuncia o la abre de hecho, esa investigación no se considera como parte de un proceso penal hasta que la Fiscalía no lo autorice. El Ministerio Público entonces es superior a los cuerpos policiales y de investigación criminalística y funge como coordinador.
Otro aspecto irregular que destacó Izquiel es la vulneración a la reserva a terceros. El especialista señaló que cuando representantes del partido de Gobierno aseguran haber recibido información directa del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se viola este precepto penal.
Tal es el caso de Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido Venezuela vicepresidente de esta fracción política, quien informó en su programa Con el Mazo Dando que quienes asesinaron a Juan Pablo Pernalete fueron las mismas personas que dispararon contra unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el puesto de tránsito cercano al Distribuidor Altamira.
“Esos mismos fueron hasta la Plaza Altamira, donde no estaba la GNB (…). Desafortunadmente el joven falleció de un impacto que no es una bala en el pecho. Yo hablé con el comisario Douglas Rico (director del Cicpc) y me dijo y que la otra forma de que fuese herido de bala es que fuese un disparo tan certero que le entrara por los orificios naturales. Pero el único impacto es algo en el pecho, algo redondo, grande”, aseveró el diputado horas después de que se declarara la muerte del estudiante universitario.
“Eso es irregular”, sentenció Izquiel. Apuntó que Cabello no es un funcionario policial, ni fiscal, ni juez, por lo que no debe conocer ni divulgar información que atañe a una investigación de homicidio.
Para el criminólogo, los pronunciamientos realizados por los diputados de tendencia opositora, Delsa Solórzano y Juan Manuel Olivares, sobre las causas de muerte de estos jóvenes se afianza en documentos médicos de Salud Chacao y Salud Baruta. “Es distinto porque es un informe médico, que indica un elemento que le causó la muerte. Es una advertencia para no salgan con otra cosa (voceros del Gobierno)”, afirmó.
El especialista en investigación criminal, comisario de la antigua Policía Técnica Judicial (actual Cicpc), Javier Gorriño, indicó que tampoco se apega al protocolo investigativo las aseveraciones de culpables o tendencias políticas de un homicida sino se tiene al detenido.
Eso fue lo que aseveró el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol, cuando anunció el fallecimiento de Anderson Dugarte el 10 de mayo a las 6:00 pm en un contacto con el canal Venezolana de Televisión: “Fue impactado por un francotirador de la MUD”.
“Eso es una especulación. ¿Por qué no lo agarras si sabes quién es?. Un tiro de francotirador es un tiro de precisión, a una distancia considerable y usualmente con arma larga”, explicó Gorriño.
Dificultades para la investigación
Ambos expertos aseguran que los “pronunciamientos exprés” perjudican la investigación, así como repercuten en la impunidad.
“Esas declaraciones no son precisiones criminalísticas, sino definiciones políticas. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana; así que las investigaciones se harán a conveniencia”, aseveró el exfuncionario de la PTJ.
Gorriño abordó también la dificultad que representa recoger evidencias en sitios de sucesos abiertos, como lo son los sitios en los que han caído la mayoría de las víctimas de la violencia en protestas.
“Por experiencia se sabe que en manifestaciones se pierde gran parte de material de prueba. Es una escena contaminada. En esos casos lo que se debe hacer es la fijación fotográfica del sitio, la cual puede hacerse de noche”, dijo el experto.
En un contexto controlado, el sitio de suceso debe protegerse para dar paso a las experticias correspondientes como son la búsqueda de evidencia, fijación fotográfica y colecta de las evidencias.
Consecuencias
“Esto lo que genera son más dudas”, afirmó Izquiel sobre lo que denominó “pronunciamientos exprés”.
En su experiencia, la información revelada por afectos del Gobierno puede perjudicar la investigación, pues Reverol como ministro de Relaciones Interiores es el superior del Cicpc, organismo que lleva estos procesos.
Sin embargo, por encima de estos organismos se encuentra la Fiscalía. Por lo que el criminólogo recomienda que se espere los pronunciamiento del Ministerio Público para conocer todas las implicaciones de un caso de homicidio cometido en contexto de protestas.
“Las familias de las víctimas son las perjudicadas porque son doblemente victimizadas. Primero, acaban de perder a un ser preciado y luego ven cómo el caso se maneja con inclinaciones politiqueras. Eso siembra duda de que puedan obtener justicia y se castigue a los culpables”, puntualizó.