Presos cumplen una semana con la boca cosida en Miranda, dice ONG

SUCESOS · 28 JUNIO, 2021 21:41

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Efe | @EFEnoticias

Foto por Archivo (Referencial)

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Un grupo de 80 presos que permanecen detenidos en Miranda cumplieron este lunes una semana en huelga de hambre con la boca cosida para reclamar atención judicial, denunció la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

Los reos permanecen en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza e iniciaron la huelga de hambre «para reclamar atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal«, detalló UVL en un comunicado.

La organización, que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de los encarcelados en Venezuela, aclaró que los familiares de los detenidos están a las afueras del recinto de la Policía de Plaza «para acompañar a sus parientes en huelga y elevar hasta las instancias gubernamentales la situación de hacinamiento en la que se encuentran en este centro de detención preventiva».

Más de 100 presos hacinados

Según los datos de la organización, en los calabozos se encuentran detenidos más de 110 presos hacinados e, incluso, algunos están en los pasillos de los calabozos.

«Más de 20 de ellos tienen sentencia condenatoria y de ese total, la mitad lleva entre cuatro y siete años allí detenidos», añadió UVL.

Los parientes, según recoge el comunicado de la organización, hicieron hincapié en que sus familiares llevan una semana sin comer y solo toman agua.

Por eso, le exigieron a la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, que se pronuncie sobre este caso antes de que se agrave la salud de los presos por la falta de alimentación, añade la información.

«Queremos que los trasladen a los que ya deben ser trasladados. Por eso pedimos al Ministerio Penitenciario que se aboque a atender este caso para que cesen la huelga», concluyeron.

El pasado 21 de junio, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión para hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días.

La comisión, explicó, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.