Este martes, la carretera vieja entre Caucagua e Higuerote amaneció trancada por ramas de árboles en llamas, que impedían el paso hacia la población de Capaya, una de las zonas más afectadas por la incursión militar en octubre de este año. Esta barricada es la manifestación más reciente de una rencilla que tiene tiempo e involucra a dos pequeñas poblaciones mirandinas: Capaya y El Café.
Los pobladores de El Café, comunidad ubicada a 4 kilómetros de distancia de Capaya, solicitaron a gritos que no les quitaran el comando del Ejército que instalaron hace dos meses en su localidad. Dicen sentirse seguros, pese a la masacre que puso al municipio Acevedo en el foco de atención, tanto nacional como internacional, por la vulneración de los derechos humanos en la Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP), política de seguridad iniciada en 2015.
“Nos solidarizamos con el dolor de los capayeros, porque si hoy le pasa a ellos, mañana podríamos ser nosotros. Pero no creemos que la solución sea quitar el módulo, porque los militares han logrado disminuir los robos y asesinatos en nuestra comunidad”, aseveró uno de los pobladores que pidió no ser identificado pues teme por su vida.
Este habitante se refiere al despliegue de funcionarios del Ejército realizado en octubre, en el que detuvieron, en diferentes sectores del municipio barloventeño, a cientos de personas de las cuales hasta ahora fallecieron 13. Los cuerpos fueron localizados entre el 25 y el 26 de noviembre en fosas comunes, casi dos meses después de ser reportados como desaparecidos.
Por este hecho, el Ministerio Público solicitó la aprehensión de 12 funcionarios y actualmente hay 11 de ellos en proceso judicial mientras que tres cadáveres aún no han sido identificados por los forenses. Así lo aseguró la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, este 30 de noviembre en Venevisión, y señaló que los cuerpos, además de la descomposición por la data de muerte, estaban descuartizados y mostraban otros signos de tortura.
Viejas rencillas
Nadie pudo precisar cuándo ni por qué comenzó este drama pero tiene años y décadas. El conflicto entre las comunidades de El Café y de Capaya trasciende generaciones y pasa por épocas de tensa convivencia. Según los habitantes del primer sector, desde junio de este año ya no hay compartir, sino amenazas y homicidios cometidos presuntamente por los capayeros.
“¿A ellos les duelen sus muertos? A nosotros también nos duelen los nuestros y no fuimos a la Asamblea Nacional para solicitar apoyo. Aquí en un mes mataron a 14 personas”, exclamaron. No precisaron nombres de esos fallecidos que presuntamente murieron en septiembre.
En la protesta se encontraba la hermana y madre de Oscar Javier Hidalgo Rengifo, de 32 años de edad, a quien asesinaron el 9 de agosto cerca de la calle El Río, en El Café. “Estaba haciendo unas arepas cuando una camioneta pasó como loca por la calle. La gente se asustó y mandó a los niños a meterse a la casa. Llegaron unos hombres y él les dijo que entraran a su casa porque había unos malandros por ahí y era peligroso. Cuando pasaron dispararon una ráfaga de tiros y se fueron”, recordó Belén, la mamá de la víctima.
El cuerpo del hijo mayor de Belén quedó tendido sobre el piso de la cocina con un impacto de bala en la cabeza. Según testigos del hecho, los asesinos se marcharon gritando: “los mató el hampa”.
“No pude enterrar a Oscar Javier en el cementerio de Capaya tuve que ir hasta Caucagua”, se quejó la madre.
Los pobladores indicaron que mientras el paso de los residentes de Capaya hacia El Café no es obstaculizado, en sentido contrario sí lo es. “Desde junio ya no podemos pasar para allá. Nos mandan a decir que si vamos nos matan”, mencionó un joven en la protesta de la barricada. Detalló que los mensajes llegan a través de cadenas que se pasan por la mensajería de celular Whatsapp y Facebook , o de boca en boca entre los liceístas de ambas comunidades que deben compartir aulas en el liceo Francisco de Miranda, en el sector El Café.
La extorsión es otro mal al que están sometidos los manifestantes. Dijeron que algunos pequeños comerciantes del sector han sido amenazados para que paguen entre 30 y 50 mil bolívares al mes y aseveraron que incluso los conductores son obligados a cancelar a la banda de Capaya la cantidad de 1.000 bolívares.
Una bloquera con militares
Al parecer la inquietud de estos pobladores fue escuchada por el alto mando militar porque hace dos meses la casa, que años atrás era una bloquera y que luego pasó a manos de una familia conocida como Los Abreu, fue comprada por la Alcaldía de Acevedo y dada al Batallón 323 Caribe, cuya sede original era en Maturín, pero que en octubre cambiaron de residencia a El Café.
El inmueble es una casa estilo colonial cuya fachada originalmente era blanca con bordes de ventanas y dinteles rojos, pero que ahora luce gris y desconchada. En su interior se puede ver al menos 20 militares en franelas verdes o sin ellas. Afuera cuatro funcionarios custodian con fusiles la entrada a su nuevo cuartel.
“No quiero nada con la prensa. Si quieren información, vayan hasta Higuerote”, exclamó el coronel Bellorín a los representantes de cuatro medios que se acercaron al sitio. También prohibió las fotos referenciales.
“Antes eran como 200 funcionarios. Ya quedan poquitos. Ellos dicen que ya recogieron todos y se van”, manifestó una habitante que protestaba para garantizar la presencia del componente militar en su comunidad.
Residentes de El Café, Aramina y Yaguapa explicaron a Efecto Cocuyo que por un mes vieron despliegues del Ejército por las comunidades aledañas a la carretera Caucagua – Higuerote. Alcabalas y allanamientos sin orden judicial fueron parte de las actividades vistas. También detenciones, incluso en la comunidad que este miércoles 30 de noviembre pedía que los militares no fuesen removidos del sitio.
“Estábamos en la plaza jugando bingo cuando llegaron los militares y nos detuvieron. Nos llevaron al comando y nos tuvieron presos un día. No nos hicieron nada”, aseguró uno de los jóvenes aprehendido en la redada de un día de octubre que no supo precisar.
Mientras estos habitantes de El Café defendían la decisión de habilitar la casa de Los Abreu para un cuartel, y repetían que había una disminución de la delincuencia, los residentes de otras poblaciones no se sentían más seguros: “Aquí ya uno no sabe ni cómo salir, porque cuando regresas te encuentras con la casa desvalijada”, dijo un hombre de Yaguapa quien señaló al menos cinco viviendas hurtadas en los últimos cinco meses.