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«Nosotros no podemos declarar. Intente hablar con los familiares», dijo uno de los cerca de 60 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que este lunes 28 de noviembre custodiaban la Morgue de Bello Monte, donde estaban los cuerpos de los 12 fallecidos durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en Barlovento.

Sin embargo, según familiares que estaban allí por otros casos, la gente relacionada al caso Barlovento estaba más allá de la cerca que pusieron el 1 de agosto, para, precisamente, impedir el trabajo de la prensa.

#AHORA Militarizados alrededores de la Morgue de Bello Monte por el traslado de cuerpos hallados en Barlovento. Impiden trabajo de la prensa pic.twitter.com/ctvk19h8mU

— SNTP (@sntpvenezuela) November 28, 2016

Aunque el domingo 27 de noviembre también hubo fuerte presencia policial, la limitación férrea al trabajo periodístico de este lunes 28 de se debe a que justamente este día se hacía la prueba de ADN a los cuerpos para confirmar las identidades.

A pesar de las restricciones, los familiares hicieron conocer sus versiones, como Javier Mejías, hermano de uno de los fallecidos, que le declaró a El Nacional. Mejías explicó que él se encontraba con su hermano Yorman cuando el pasado 16 de octubre cinco hombres con uniforme militar irrumpieron en su casa y se lo llevaron. Amenazaban con matarlo a él, que está en una silla de ruedas desde hace dos años, cuando le dispararon para robarlo.

«Mi mamá y su esposa le llevaban comida y ropa para que se cambiara. Le preguntaban a los efectivos de qué se les acusaba y no les daban respuesta. Ellos las insultaban y a mi hermano lo torturaron. Él no tenía antecedentes, era un hombre que trabajaba en el campo para mantener a su esposa y a un niño de 8 años de edad que estaba criando».

Yorman y la mayoría de los fallecidos eran hombres jóvenes, dedicados al campo. Al tercer día de su detención sus familiares intentaron, una vez más, llevarle comida y ropa. Se encontraron con que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, en Cúpira. «Nos fuimos hasta allá y nos dijeron que no había presos», le dijo el hermano a El Nacional.

Tres días después fueron liberados ocho de los jóvenes pero, según sus familiares, se encontraban en grave estado. «Fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído», dijo Mary Isabel Silva, madre de Carlos Gabriel Marchena Silva (20), uno de los fallecidos.

El viacrucis de los familiares continuó por casi mes y medio más entre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, y con el acompañamiento de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, hasta que en el municipio Acevedo del estado Miranda se encontraron, en una fosa común, doce cuerpos.

El sábado 26 de noviembre el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, informó sobre la detención de ocho efectivos militares, entre ellos un teniente coronel del Ejército, cuerpo que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), señalados como presuntos responsables. 

Pero la historia no terminó para todos: todavía hay 2 jóvenes que no aparecen. «Yo reconozco a mi hermano en la situación en la que esté», dijo Jenny Rengifo, descartando que lo que suceda sea una confusión por ella no reconocer el cuerpo de su hermano y que a través de pruebas de ADN se confirme que uno de los cuerpos es Freddy Rengifo.

Además de denunciar esto, Rengifo aseguró que la lista de desaparecidos «sigue en aumento», pero que no han divulgado más porque las pesquisas para encontrar más cuerpos aún continúan.

Las denuncias contra las OLP son cada vez más comunes e implican asesinatos, desalojos y torturas. Ya el pasado 4 de abril Provea y Human Rights Watch, presentaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre los abusos de los cuerpos de seguridad.

«Hicimos un informe conjunto llamado ‘Poder sin límites‘, porque las evidencias que se han producido indican que hay gravísimas violaciones de derechos humanos en esos hechos y nadie rinde cuentas», dijo en esa ocasión José Miguel Vivancos, director de Human Rights Watch.