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El Programa Venezolana de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aplican «una política de limpieza social» en todo el país, pero especialmente en el estado Lara, donde en un año de actuación han asesinado a 238 personas.

Así lo señaló Marino Alvarado, miembro fundador de la ONG de defensa de derechos humanos, quien explicó que la mayoría de las víctimas son hombres, incluso adolescentes de entre 16 y 17 años, a quienes las Faes matan con el siguiente patrón: identifican si tienen antecedentes penales pero sin constatar si se han reinsertado en la sociedad, inician operativos en barriadas, buscan a las víctimas a las que asesinan o en grupos para después acusarlos de pertenecer una banda, o delante de sus familiares en las propias viviendas.

«Se ha venido aplicando una política de limpieza social porque en este país cualquier persona que viva en barrios, que tenga antecedentes penales está condenada a la muerte en un operativo policial», dijo Alvarado.

En su último informe sobre la actuación de las Faes, un cuerpo policial cuestionado por la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas Michelle Bachelet en su último informe sobre el estado de los derechos humanos Venezuela, Provea reiteró que «en tan solo un año de accionar llevan 238 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la entidad (Lara), siendo una de las cifras más elevadas en cuanto actuaciones de las Faes en el país».

Alvarado detalló que la ONG lleva la documentación de cada uno de los casos y las víctimas. En el municipio Iribarren (Barquisimeto) es donde las Faes han sido más letales: Se contabilizan 92 personas fallecidas producto de los operativos de «limpieza» que desde el 13 de agosto de 2018 comenzaron en la entidad centro occidental.

«Durante este año ha realizado operativos en ocho de los nueve municipios que tiene la región larense. Iribarren es el municipio donde más se han cometido ejecuciones, sus víctimas presentan algún registro policial y durante el 2018 se registraron al menos 92 asesinatos de los cuales pocos familiares denunciaron», advierte el informe de Provea.

El activista de derechos humanos aseguró que además de las ejecuciones extrajudiciales, las Faes llegan a las viviendas y aplican «una lógica de botín de guerra«. Matan, roban comida, dinero, ropa y hasta juguetes. «Hay una rebatiña total, en una lógica no solo de muerte sino de rapiña».

A diferencia de las ejecuciones en otros estados del país, en Lara las Faes al capturar a las víctimas las obligan a tomarse fotografías con armas que los propios funcionarios llevan y después los ejecutan. Posteriormente al presentar sus notas de prensa señalan que eran personas armadas.

Alvarado alertó que otro patrón que han podido identificar, no solo de las Faes sino también del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), es que los mismos organismos de seguridad antes de iniciar sus operativos comienzan a rodar en redes sociales videos donde identifican a quienes fichan. Esto para generar un clima favorable a la actuación que van a practicar después.

«Generan un ambiente en el cual ya el presunto delincuente queda marcado y van a lo buscan», resaltó el también abogado. Este método se viene repitiendo en todo el país y citó los casos de Altagracia de Orituco en el estado Guárico y el de un hombre asesinado en Miranda, donde 48 o 72 horas antes circularon videos de estas personas armadas. Luego realizaron operativos y hubo varias víctimas.

Persecución, detenciones y ejecuciones

Pero en Lara las Faes, según el informe, también aplican hostigamiento contra los adversarios de Nicolás Maduro. Así ocurrió el pasado 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. En la urbanización Sucre de Barquisimeto, los funcionarios llegaron a los apartamentos donde hubo «allanamientos y detenciones en esa urbanización que se ha caracterizado por ser activa en el reclamo de derechos y protestar las políticas gubernamentales».

Ese mismo 23 de enero en la ciudad de Carora, circuló un audio por Whatsapp donde acusaban a dos jóvenes de protestar frente a la casa del alcalde de esa localidad. Un día después «Luis Enrique Ramos Suárez (29) y Eduardo Luis Ramos Torbello (30), fueron asesinados por las Faes en el sector Calicanto del municipio Torres», destacó Provea.

Dos días después, el 25 de enero, la misma suerte corrieron Cristian Alejandro Ramos y los hermanos Anderson Torres Cortéz y José Alfredo Torres Cortéz en la urbanización El Bosque de El Tocuyo. «Estos jóvenes habían participado en una de las protestas que por esos día se desarrollaron en varios lugares de Lara».

Provea señaló que «sus actuaciones (de las Faes) tienen una alta letalidad violando los principios del uso diferenciado y proporcional de la fuerza y el principio de preservación de la vida. Han sido creados para matar, para aterrorizar, para imponer otra forma de castigo a los más pobres afectados tanto por la delincuencia de particulares como por funcionarios delincuentes que actúan violando la Constitución y la ley».

Lea el informe completo en este enlace

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Foto: Provea