La fiscal 23° del estado Lara con competencia en delitos ambientales, Chely Sosa, imputó a Carlos Silva con dos delitos: obstrucción a la justicia y caza y pesca ilícita. Por estos tipos penales, el veterinario deberá presentarse cada dos semanas en tribunales.
Así lo informó una fuente vinculada a la protección de los derechos de los procesados en Venezuela, quien agregó que se desconoce cuál investigación habría obstruido el médico. La fuente también informó a Efecto Cocuyo que fue el Tribunal 4° de Control de Barquisimeto el que aceptó la imputación de la Fiscalía.
Este último delito se encuentra en el artículo 77 de la Ley Penal del Ambiente y su numeral 1 (por el que investigan al especialista en fauna) establece que se aplica a “quien practique la pesca o la caza de ejemplares de la fauna silvestre, comercialice, destruya o
cause daños a los recursos que les sirvan de alimento o abrigo dentro de los parques nacionales, monumentos naturales, refugios o santuarios de fauna”.
Félix Camacaro, un abogado que estuvo en la audiencia de presentación el sábado 14 de julio, señaló a medios locales que el veterinario saldría con una medida cautelar y que las investigaciones continuarían.
La Fiscalía ahora tiene 45 días para dar con información que asegure que Silva participó en ambas actividades; de lo contrario la causa en su contra debería culminar.
La detención
El especialista en fauna silvestre fue detenido al mediodía del viernes, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se lo llevaron del Parque Zoológico y Botánico Bararida de Barquisimeto, estado Lara. Allí Carlos Silva presta sus servicios como veterinario y es jefe de Medicina Preventiva y Nutrición.
Dos versiones sobre la razón de la detención circularon ese 13 de julio. La primera razón indica que el veterinario se habría negado a firmar documentos donde se explicaba la causa de muerte de algunos animales. La segunda apunta que el médico presentó un informe sobre la crisis del Parque.
Veterinario del zoológico de Barquisimeto deberá presentarse en tribunales cada 15 días