Escrito por Monitor de Víctimas
Dos semanas después de su muerte, el carro de Eduard Alejandro Tovar Tovar, de 28 años de edad, estaba en la misma calle de La Bandera, en la parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, donde lo había dejado. Todavía le faltaba el caucho que le habían robado y por el cual él había decidido ir hasta la calle Los Cocuyos del barrio El Cañao, ubicada en el mismo sector, a unas cuantas cuadras de su casa, cerro arriba, en un intento por recuperarlo. Quería pedirle a una banda de “robacauchos” que le devolvieran el suyo para seguir con su trabajo de taxista. Fue por eso que subió a la barriada aquel mediodía del martes, 28 de noviembre. Pero en el camino, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que hacía un operativo antisecuestro en la zona, le disparó y lo golpeó hasta matarlo.
“A Eduard lo agarró la policía allá arriba y le pusieron una capucha y unas esposas”. Eso fue lo que dijo un vecino que pudo llamar a la vivienda del joven y contar lo que acababa de ver. De inmediato, la familia se movilizó hasta el sitio. Su esposa, sus tías, sus hermanos, sus primos, todos intentaron llegar hasta el lugar exacto donde lo tenían, pero el perímetro estaba cerrado por los uniformados. Cuando pedían información a los funcionarios, estos les decían que Eduard no estaba allí. Pero ellos sabían que no era así y temían lo peor.
El caso de Eduard no es único. Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra las FAES. Un día antes, Oliver José Plaza Rodríguez, de 24 años de edad, supuestamente cayó tras haberse enfrentado a tiros a los miembros de esta misma división cuando estos hacían un operativo por la calle La Raiza de El Valle. Información policial indica que le incautaron un revólver marca Colt, calibre .38, un vehículo y varias panelas de presunta cocaína. Sin embargo, otras versiones apuntan que Rodríguez Plaza fue sacado de su casa desarmado y asesinado a pocos metros de esta. Su hermano y una mujer fueron detenidos.
Móvil: “Resistencia a la autoridad”
De acuerdo con cifras recabadas por Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de este año, en el Área Metropolitana de Caracas, se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil principal de estos casos es el de “resistencia a la autoridad”, según reportes oficiales, con 88 casos. Pero también hay 31 ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por testigos y familiares de las víctimas; 4 por causas a determinar y una víctima que quedó atrapada en la línea de fuego.
Las acciones de las FAES ocurren en un año en el que hubo un incremento de la violencia ejercida por el Estado, tal como lo reporta el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Allí se señala que aquellos “dados de baja” por resistir a la autoridad pueden ser interpretados como ejecuciones extrajudiciales debido a las denuncias que han hecho desde parientes de las víctimas hasta la propia Fiscal General de la República, hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
“Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población, e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad”, apunta el informe.
Un par de zapatos y una media ensangrentada
Policías con rostros cubiertos, vestimenta negra, otros de civil, y disparos, muchos disparos. Ráfagas que no paraban por largos ratos. Eso recuerdan los parientes de Eduard que aguardaron durante horas en las adyacencias de la calle Los Cocuyos, cerca de La Bandera, para tener noticias del muchacho. “Ahí lo que hay es poco de ratas que venden drogas”, les contestó un PNB cuando le dieron la descripción del muchacho. El sonido de los tiros siguió y a este se sumó el de la detonación de dos granadas que, supuestamente, habían hecho explotar los presuntos delincuentes que perseguían.
Los familiares se mantuvieron en el sitio hasta las 6:00 pm, cuando vieron que metieron en una camioneta el cuerpo de un hombre y que tres personas más entraron esposadas por una de las puertas del vehículo. La oscuridad les impidió reconocer a Eduard entre las personas que habían visto de lejos, aunque sí se toparon con dos malas señales: un pariente había visto que un policía llevaba en las manos los zapatos de su Eduard y que los había metido en un carro. Otro se topó con una media ensangrentada de la víctima.
“Le echaron unos tiros y lo dejaron desangrar, como se va a hacer ver en Fiscalía con los testigos que vamos a llevar. Todos vieron cuando le dispararon. A ninguno de la banda que estaban buscando lo agarraron. Simplemente les zumbaron una granada y no los hirieron”, explicó José Gregorio Hernández Tovar, tío de la víctima, en la morgue de Bello Monte, apenas dos días después del asesinato de Eduard.
Para entonces, la muerte del joven –de acuerdo con una minuta policial– había sido el resultado de una operación dirigida a la banda de “El Viejo”, dedicada al secuestro, la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes de la zona. Al muchacho lo señalaron como miembro del grupo delictivo y le inventaron un apodo: “El Guácharo”. También, según sus familiares, le “sembraron” un arma de fuego: un revólver Smith & Wesson, calibre .38.
“¿Tú crees que si yo soy jefe de banda, o un garitero, voy a cargar un pedazo de .38? O si yo estoy montado por allá, voy a dejar que ellos me lleguen tan cerca. Ellos (los uniformados) dicen que hubo un enfrentamiento con la banda”, comentó Hernández Tovar, quien formó parte de la extinta Policía Metropolitana (PM).
La parroquia Santa Rosalía, donde ocurrió el crimen de Eduard, es la tercera zona del Área Metropolitana de Caracas donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes perpetradas por las FAES. Entre mayo y noviembre, según Monitor de Víctimas, este cuerpo cometió allí 16 homicidios, principalmente en los sectores adyacentes a El Cementerio. Solo la supera El Valle, con 21 decesos, y El Paraíso, con 17, donde están las barriadas que bordean la Cota 905 (declarada “zona de paz” en agosto pasado). En los tres sitios operan numerosas bandas y megabandas dedicadas a delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el secuestro y la extorsión.
San Juan, donde está ubicado el barrio El Guarataro, es otra de las parroquias azotadas por las FAES, que dejaron allí 14 muertes entre mayo y noviembre. En estos cuatro sectores del municipio Libertador se produjo el 54% de los homicidios a manos de este grupo policial.
“La pesadilla de los delincuentes”
Aunque sus acciones comenzaron meses antes, las FAES fueron presentadas oficialmente durante una alocución presidencial el 14 de julio de 2017, dos días antes de la consulta nacional que realizó la oposición para medir el rechazo contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en medio de un clima de conflictividad social que se había prolongado por casi cuatro meses. Su misión, de acuerdo con las palabras del propio primer mandatario, era la de combatir la inseguridad y actuar “contra el crimen y el terrorismo”.
Aunque fueron ideadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, la presentación del cuerpo corrió a cargo del viceministro de Seguridad Ciudadana, Alexis Escalona Marrero, quien aseguró que los 641 uniformados que ese día aparecían en las pantallas de televisión, habían sido “adiestrados, equipados”, y trabajaban “con mística”.
“Día a día salen a la calle con el fin de defender al pueblo, siempre apegado al respeto y a la garantía de los derechos humanos”, afirmó Escalona Marrero. Sin embargo, para esta época las FAES ya habían sido señaladas por dos masacres ocurridas en mayo: una en la Cota 905, en la que murieron 5 personas, y otra en Artigas, donde se registraron 7 caídos. En ambos casos, los familiares de las víctimas denunciaron que algunos de los fallecidos habían sido sacados de sus viviendas, que se llevaron cosas de sus casas y que fueron ejecutados extrajudicialmente.
En ese mismo acto se mostraron los 35 vehículos, 180 motos y unidades antimotines (Vene-4, Jacks, ballenas y barreras) que les fueron adjudicadas para sus operaciones y se anunció que el equipo tendría 1.000 miembros para finales de año. “Tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más de 100 días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones Especiales”, dijo Maduro para despedir el contacto.
Las minutas policiales de las FAES los muestran como una especie de justicieros. Al pie de cada una se pueden leer párrafos como este: “¿QUIÉNES SOMOS?… LOS QUE NO DESMAYAN… LOS QUE NO DESCANSAN… LOS PROTECTORES DEL PUEBLO… LA PESADILLA DE LOS DELINCUENTES… SOMOS PROFESIONALES… SOMOS EFICIENTES… SOMOS IMPLACABLES… SOMOS F.A.E.S”.
En estos mismos escritos se utilizan términos como “neutralizar” o “dar de baja”, para referirse a las personas que resultan muertas en los operativos. También se habla de “fallecidos”, cuando en realidad lo que ocurrió fue una muerte violenta. Subrayan también que los uniformados disparan cuando se ven en la “imperiosa necesidad” o para “repeler una acción ilegítima”. En las incautaciones son frecuentes los hallazgos de revólveres, calibre .38, con seriales destruidos. Los caídos, la mayoría de las veces, son identificados por sobrenombres. Sin embargo, cuando se denuncian ejecuciones extrajudiciales, los familiares suelen señalar que a las víctimas no tenían estos alias.
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