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Rocío Ramírez estuvo sometida a tortura durante días. Aunque sus captores la recluían por las noches en la sede de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boletíta, Caracas, en las horas de la mañana era sacada del sitio. No se sabe a dónde la llevaban, pero sí que sus gritos de dolor y clamor de ayuda no permitían dormir a detenidos ni funcionarios. Ella es una víctima de las celdas clandestinas.

Este episodio ocurrió en mayo de este año, 2019, dos meses después de que Tamara Suju revelara la existencia de centros de detención clandestinos en el país. En marzo, la abogada relató ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que estos sitios son usados por cuerpos de seguridad del Estado para mantener a presos políticos y detenidos comunes durante unas horas. Se les aplican allí torturas y tratos crueles, según el caso. Incluso son usados como sitios para recluir a víctimas de secuestro.

Zair Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal, confirmó a Efecto Cocuyo que Ramírez fue torturada para obtener una confesión: quiénes estaban involucrados en un supuesto plan de fuga de Miguel Rodríguez Torres, mayor general detenido desde 2017 y considerado un preso político.

Agregó que una semana antes a la publicación de este escrito, la mujer fue presentada en el tribunal 45 de Control del Área Metropolitana de Caracas. De allí salió con una imputación -a cargo de la Fiscalía 38 con competencia nacional- y privada de libertad. Permanece recluida en la sede de la Dgcim de Boleíta.

¿Cómo se llegó a esto?

La aquiescencia a los grupos irregulares desde el Gobierno es el punto de partida para el Programa de Educación – Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea). Desde la llegada de la «revolución bolivariana», desde el Gobierno se brindó protección y publicidad a agrupaciones oficialistas, algunas con acceso a armas. Ahora ellas tienen poder dentro de las comunidades.

«Hemos venido afirmando que la paz de Maduro es violencia contra el pueblo. Desde el 2013 se viene conformando un entramado jurídico, organizacional e institucional, para la represión a los denominados enemigos internos (…) realizando un esfuerzo por trasladar hacia la población labores de inteligencia, control de orden público y de preservación de la soberanía«, explicó el coordinador de Provea en una publicación de la ONG.

Para Alvarado, lo que comenzó con la permisividad para el control de protestas, mutó ahora a labores parapoliciales y de inteligencia social. El registro de Provea incluye la participación de civiles identificados con la ideología del Gobierno chavista, participando en operativos policiales represivos.

«En ese contexto, donde se le da facultades a estas personas, no es de extrañar que entonces se estén desarrollando los centros de detención clandestina, algunas con conocimiento del Gobierno y otras sin conocimiento», precisó el abogado y activista de derechos humanos.

Explicó que los centros de detención deben estar dentro de las sedes de los organismos de seguridad del Estado. Al mantener galpones, cuartos y otras instalaciones fuera de comisarías o comandancias, esas «celdas» pasan a ser clandestinas.

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El coordinador de Provea también aclaró que algunos de estos sitios son controlados por las fuerzas de seguridad; pero otros no. Se conoció sobre celdas clandestinas que fueron instaladas en establecimientos de colectivos adeptos al Gobierno.

Metodología de uso

Marino Alvarado recordó que cuando una persona es detenida, las autoridades deben reportarlo a Fiscalía y tribunales.

La experiencia de antiguos presos políticos ha sacado a la luz un comportamiento irregular de los cuerpos de seguridad: la desaparición forzada.

Las «celdas clandestinas» son usadas para mantener a los aprehendidos aislados, antes de que sean formalmente registrados. Allí son interrogados, sin presencia de fiscales o abogados, lo que constituye una violación al debido proceso. Además, en estos espacios se procede a la tortura y tratos crueles.

«La existencia de centros de detención clandestinos se asocia a la desaparición forzada y se crea una infraestructura para la tortura«, sentenció Alvarado.

Otros casos

.- Masacre de Barlovento: Junior José Meneses, de 16 años de edad, fue una de las víctimas de la masacre de Barlovento. Este hecho de conmoción nacional, ocurrió en noviembre de 2016. Doce cuerpos fueron ubicados en una fosa común del municipio Acevedo, estado Miranda. El de Junior José fue encontrado en otro lugar. Según Zair Mundaray, el muchacho murió mientras era víctima de torturas en un centro de detención clandestina. «Era una casa, supuestamente recuperada por el Ejército«, dijo uno de los que dirigió la investigación por el Ministerio Público.

.- Represión a la disidencia: En 2017, un joven fue privado de libertad por el colectivo 5 de Marzo. Ellos lo llevaron a su sede, ubicada en Cotiza, al noroeste de la capital, donde lo interrogaron sobre su participación en protestas. Estuvo recluido allí por unos tres días y después fue liberado bajo amenaza de muerte en caso de revelar lo que había pasado.

– «Nevera» de secuestros: Un joven fue secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Fue parado por una alcabala en Caracas en 2018 y en principio pensó que había sido detenido, pues los funcionarios lo llevaron a lo que parecía una celda. Luego se dio cuenta que allí se quedaría hasta que su familia pagara 400 dólares para su liberación. Nunca supo con precisión dónde se encontraba, pero sí vio a más personas recluidas allí.

Foto referencial: Mairet Chourio

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