El abogado defensor del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Caguaripano, Alonso Medina Roa, informó que el militar irá a juicio. Esto después de que concluyera la audiencia en el juzgado castrense que lleva su caso.
A Caguaripano lo arrestaron funcionarios de la Policía del municipio Sucre en el área metropolitana de Caracas, el año pasado. Esto después de que el 6 de agosto de 2017 se atribuyó el ataque al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, y de llevarse de esta guarnición un lote de armas de guerra y municiones.
El Tribunal Tercero de Control de la Corte Marcial ordenó el pase a juicio después de la tercera sesión de una audiencia de presentación que debió haberse realizado el 26 de septiembre de 2017, 45 días después de la detención que se concretó el 11 de agosto de ese año.
Sin embargo, en este caso no se cumplieron los lapsos procesales que dictan las leyes penales venezolanas.
Medina Roa contó al término de esta audiencia que en ella «se relataron los testimonios más desgarradores que he oído, sobre torturas«, tanto para Caguaripano como para otros implicados en el caso Paramacay.
Entre los delitos que le imputan al militar están traición a la patria, sustracción de armas, ataque, rebelión, entre otros, después de la toma del Fuerte Paramacay que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como un ataque terrorista.
Durante el hecho hubo un enfrentamiento que dejó al menos dos muertos, un herido y siete detenidos en la propia guarnición militar, que se ubica en el municipio Naguanagua al norte de Carabobo. Los fallecidos fueron identificados como Yhonny Emisael Martínez Cedeño y Orlando Segundo Landino, según el Gobierno venezolano.
La acción fue que denominada como Operación David por quienes la dirigieron, dejó después la detención de un grupo de civiles que aunque no participaron en los hechos, fueron acusados por el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, como parte del ataque.
En la lista figuraron:
Algunos de ellos fueron excarcelados y tienen medidas cautelares. Entre ellos se encuentra Omar Escalante, de Fetracarabobo, a quien obligan a presentarse cada ocho días ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Fuerte Tiuna, Caracas.
Escalante estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde desde septiembre a diciembre del año pasado, junto a otros implicados.
Rosmary Di Pietro, presidenta del Colegio de Contadores del estado Carabobo también fue excarcelada. Estuvo detenida un mes, después de que en agosto del año pasado la apresaran en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.
Lea también: Después de su detención, el capitán Caguaripano estuvo 40 días desaparecido
El anterior abogado defensor del capitán Caguaripano, Luis Argenis Vielma, denunció en febrero pasado que al militar lo sometieron a torturas en la sede del Sebin.
Según citó un informe forense que le practicaron en la morgue de Bello Monte, se demostró que a Caguaripano le aplicaron fuertes descargas eléctricas que le provocaron el desprendimiento de ambos testículos.
Además, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hostigaron y amedrentaron a miembros de la familia del abogado. Incluso detuvieron a su mamá y su hermano, cuando llegaron a la residencia paterna en búsqueda del jurista. Como no lo encontraron se llevaron a Ana Julia Vielma y a su hermano Luis Jiménez Vielma; a quienes liberaron en horas de la noche del 25 de enero.
El abogado salió del país en vista del acoso y la persecución de los cuerpos de inteligencia del Estado, lo mismo que la familia del militar acusado.
Foto: Chismeven
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A Caguaripano lo arrestaron funcionarios de la Policía del municipio Sucre en el área metropolitana de Caracas, el año pasado. Esto después de que el 6 de agosto de 2017 se atribuyó el ataque al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, y de llevarse de esta guarnición un lote de armas de guerra y municiones.
El Tribunal Tercero de Control de la Corte Marcial ordenó el pase a juicio después de la tercera sesión de una audiencia de presentación que debió haberse realizado el 26 de septiembre de 2017, 45 días después de la detención que se concretó el 11 de agosto de ese año.
Sin embargo, en este caso no se cumplieron los lapsos procesales que dictan las leyes penales venezolanas.
Medina Roa contó al término de esta audiencia que en ella «se relataron los testimonios más desgarradores que he oído, sobre torturas«, tanto para Caguaripano como para otros implicados en el caso Paramacay.
Entre los delitos que le imputan al militar están traición a la patria, sustracción de armas, ataque, rebelión, entre otros, después de la toma del Fuerte Paramacay que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como un ataque terrorista.
Durante el hecho hubo un enfrentamiento que dejó al menos dos muertos, un herido y siete detenidos en la propia guarnición militar, que se ubica en el municipio Naguanagua al norte de Carabobo. Los fallecidos fueron identificados como Yhonny Emisael Martínez Cedeño y Orlando Segundo Landino, según el Gobierno venezolano.
La acción fue que denominada como Operación David por quienes la dirigieron, dejó después la detención de un grupo de civiles que aunque no participaron en los hechos, fueron acusados por el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, como parte del ataque.
En la lista figuraron:
Algunos de ellos fueron excarcelados y tienen medidas cautelares. Entre ellos se encuentra Omar Escalante, de Fetracarabobo, a quien obligan a presentarse cada ocho días ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Fuerte Tiuna, Caracas.
Escalante estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde desde septiembre a diciembre del año pasado, junto a otros implicados.
Rosmary Di Pietro, presidenta del Colegio de Contadores del estado Carabobo también fue excarcelada. Estuvo detenida un mes, después de que en agosto del año pasado la apresaran en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.
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El anterior abogado defensor del capitán Caguaripano, Luis Argenis Vielma, denunció en febrero pasado que al militar lo sometieron a torturas en la sede del Sebin.
Según citó un informe forense que le practicaron en la morgue de Bello Monte, se demostró que a Caguaripano le aplicaron fuertes descargas eléctricas que le provocaron el desprendimiento de ambos testículos.
Además, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hostigaron y amedrentaron a miembros de la familia del abogado. Incluso detuvieron a su mamá y su hermano, cuando llegaron a la residencia paterna en búsqueda del jurista. Como no lo encontraron se llevaron a Ana Julia Vielma y a su hermano Luis Jiménez Vielma; a quienes liberaron en horas de la noche del 25 de enero.
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