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Después de que una Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP) se desarrolló en el sector El Observatorio del 23 de Enero, un enfrentamiento entre colectivos armados y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) tuvo lugar en Monte Piedad y La Piedrita en la tarde de este jueves 6 de octubre. De acuerdo con un líder del Movimiento Juan Montoya (agrupación de varios colectivos) que se hace llamar Comandante Murachí, los funcionarios del Eje Oeste de la División de Homicidios del Cicpc detuvieron en el procedimiento a uno de los integrantes de la agrupación Salvador Allende que opera en el Bloque 7 de Monte Piedad. Durante su retención, el conocido “David Guerrilla” habría sido golpeado y el radio que utilizaba para comunicarse con sus pares fue incautado por los uniformados. La acción fue respondida con disparos por parte de los colectivos, acompañados con llamados de alerta por los parlantes instalados en la comunidad, en los que se indicaba que debían retirarse del “área, porque están atacando a revolucionarios. No a delincuentes”. https://soundcloud.com/vanessa-moreno-losada/colectivos-del-23-de-enero-piden-al-cicpc-que-se-retiren-de-su-zona Versiones policiales indican que en la zona se encontraban hombres armados que arremetieron contra los funcionarios, por lo que procedieron a neutralizarlos. “Intentaron ajusticiarlo y la comunidad no los dejó. Por eso el Cicpc pidió apoyo fingiendo que había un enfrentamiento. Llegó el BAE (Brigada de Acciones Especiales) y se metió a La Piedrita para detener también a Valentín Santana, que es un líder de la comunidad. Al final, gracias al apoyo de los colectivos, la comunidad y los consejos comunales se pudo evitar mayores males”, explicó el Comandante Murachí. Se conoció de forma extraoficial que el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, hizo presencia en el 23 de Enero para mediar en el conflicto. La fuente ligada al cuerpo policial señaló que a través de comunicaciones internas se ordenó retirar a los funcionarios de la zona y se prohibió realizar procedimientos y patrullaje en la parroquia. Para Luis Izquiel, criminólogo y analista de seguridad ciudadana, esta orden reforzaría el territorio de impunidad de los colectivos armados del 23 de Enero. “Esto sería la primera Zona de Paz del país, que incluso en tiempos de la PM, era sector prohibido para los uniformados policiales. Esto no debería ocurrir, no deberían haber límite para proteger a los ciudadanos”, expuso el especialista. Con el nombre de “Zonas de Paz” se denominó a partir de 2013 a aquellas comunidades en las que el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz prohibió el patrullaje policial y negoció con las bandas locales la deposición de sus armas a cambio de beneficios socioeconómicos. Barlovento y Valles del Tuy, en el estado Miranda, fueron los primeros sectores en los que se aplicó el proyecto de pacificación. En 2015 en Distrito Capital, los jefes policiales mandaron a sus hombres a retirarse de la Cota 905, El Cementerio y La Vega, después de varios enfrentamientos que se suscitaron en esas zonas y bajas de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. “Aunque no es oficial, porque no se hacen de manera escrita, estos acuerdos son de facto y todo el mundo sabe que existen. Como existe el precedente de las Zonas de Paz, no es de extrañar que vuelva a ocurrir ahora con el 23 de Enero. Además, existe otro precedente: en 2014, un ministro fue destituido después de tocar a miembros de un colectivo”, dijo Izquiel. El criminólogo se refiere a los cinco fallecidos durante un enfrentamiento en el edificio Manfredi de Quinta Crespo el 7 de octubre de 2014. Ese día, el Cicpc ingresó al edificio para buscar a dos hombres vinculados al homicidio de la mujer y el episodio terminó con esos dos hombres muertos, quienes eran miembros del Colectivo Escudo de la Revolución. Luego en la tarde una situación con funcionarios atrapados por el colectivo, dio pie a un enfrentamiento a tiros que acabó con tres hombres más, entre ellos el líder del Frente 5 de Marzo y parte de la directiva del Movimiento Juan Montoya: José Miguel Odreman Dávila, de 43 años de edad. El 24 de octubre de hace dos años, Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, fue destituido de su cargo; luego de que diversos colectivos protestaron por justicia en el caso del edificio Manfredi y otros sostuvieron reuniones con el comisario Rico, que en aquel entonces era el subdirector del Cicpc. “No entendemos por qué nos atacan si nosotros apoyamos a las OLP con inteligencia social e identificamos a los grupos delictivos. Esto es una acción parapolicial que obedecen a la derecha, para provocar a los colectivos sociales. Qué raro que ocurre dos años después de la masacre a nuestros grupos”, se preguntó el Comandante Murachí.]]>