Por lo menos 1.314 vulneraciones al derecho a la salud se registraron en Venezuela en 2021, reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Acción Solidaria, presentado este 20 de septiembre de 2022.
En la segunda edición del informe «Salud en emergencia: el caso de Venezuela 2021», el personal de salud, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres fueron los grupos poblacionales más afectados en ese año según los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptación y calidad, que rigen el derecho a la salud.
El 20% del total de los registros corresponde a situaciones ocurridas o relacionadas a algún centro de salud, mientras que los hospitales con más registros son el J. M. de los Ríos (Caracas), el Hospital Central de San Cristóbal (Táchira) y el Hospital Universitario de Caracas. 124 registros, casi 10%, corresponden a niños, niñas y adolescentes. Uno de cada cinco de estos registros se relaciona con desabastecimiento de medicamentos.
«Los niños, niñas y adolescentes, cuando van al sistema de salud pública, se consiguen con la falta de medicamentos y la falta de insumos para su atención», destacó Jennifer Jardim, abogada de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria.
Según el informe, se documentaron 23 casos vinculados al cierre de servicios médicos, mientras que 21 registros se refieren a la incapacidad de los padres de brindar atención privada a sus hijos ante la precariedad del sistema público.
También se registraron 17 incidencias de accesibilidad física a servicios de salud. En general, Acción Solidaria sistematizó registros vinculados con la ausencia de suficientes ambulancias, situación que empuja a los pacientes a utilizar medios de transporte no adecuados a sus necesidades.
Personal de salud, pacientes renales y mujeres
193 de los registros del informe de Acción Solidaria sobre vulneraciones al derecho a la salud en Venezuela corresponden a afectaciones entre el personal sanitario, mientras que 74% de estos son denuncias del gremio sobre sus precarias condiciones de trabajo.
La falta de equipos de protección personal para atender pacientes en plena pandemia y la desorganización de la vacunación contra COVID-19 en las regiones fueron dos problemas esenciales detectados. Igualmente se documentaron reportes sobre bajos salarios, persecución por exigir reivindicaciones laborales y falta de atención en los mismos centros donde trabajaban.
Igualmente, 461 incidentes están vinculados con condiciones de salud, con la insuficiencia renal como la principal, marcada por la ausencia de servicios médicos de calidad, la falta de especialistas y la imposibilidad de acceder a servicios privados por los altos costos.
«Hay una especial afectación a personas con condiciones renales crónicas que requieren diálisis. Durante largos momentos del año hubo registros de reducción de horas en el tratamiento de diálisis, abastecimiento deficiente de bicarbonato y malas condiciones generales de las salas donde se realizan las diálisis. Eso constituye una violación del estándar de calidad», Juan Rodrigues, abogado de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria.
En total, 50 de los registros corresponden a la desnutrición: 84% de estos eventos están vinculados con otras condiciones de salud crónicas.
Las mujeres también mostraron una amplia afectación: 86 eventos están vinculados con mujeres, quienes enfrentan desnutrición y escasez de medicinas. Estos registros revelan que las mujeres están teniendo problemas para recibir atención en servicios médicos del sistema público, incluidas las embarazadas, quienes deben recorrer grandes distancias para dar a luz.
El informe además registra denuncias de hacinamiento, falta de agua y alimentos y la realización de pagos en divisas para acceder a toallas sanitarias entre las mujeres privadas de libertad.
«Las mujeres tienen una afectación transversal, pueden estar expuestas a una doble o triple vulnerabilidad, especialmente si se suman características como etnia, edad, situación de migración, si es una persona con discapacidad o si está privada de libertad», añadió Jardim.
COVID-19 y más cooperación
Acción Solidaria sistematizó 643 registros relacionados con el COVID-19, vinculados principalmente con la vacunación, acceso a atención médica e insumos y tratamientos, al igual que la opacidad de la información sobre el manejo de la pandemia.
Las localidades con más reportes fueron Distrito Capital (46), Carabobo (37), Miranda (32), Zulia (26) y Táchira (24). En estados como Carabobo también se documentó la vacunación tardía a personas con VIH, quienes debían ser prioritarios en la campaña de inmunización.
«En Distrito Capital las fuentes registraron el colapso del sistema sanitario público en la atención a personas con COVID-19, no solo con síntomas graves sino también leves. Hubo críticas relacionadas con los centros de vacunación y asociadas el manejo político de la vacunación», dijo Rodrigues.
Del total de eventos vinculados con la pandemia, Acción Solidaria registró 107 vulneraciones al estándar de disponibilidad, la mayoría relacionadas con la poca dotación de oxígeno, situación que obligaba a las personas a pagar cientos de dólares para comprar o alquilar un concentrador o bombona y adquirir otros tratamientos.
La ONG concluye que la llegada del COVID-19 resaltó las deficiencias que ya existían en el sistema sanitario público, por lo que considera que el Venezuela necesita más cooperación para atender la crisis y evitar las vulneraciones al derecho a la salud.
«El Estado no está en la capacidad de poder atender la magnitud de la situación, por lo que se requiere más intervención de organismos internacionales, con mayor acceso a financiamiento, que se permita el trabajo de esas organizaciones y de actores humanitarios locales y que además se establezca una articulación entre los implementadores humanitarios y el Estado para poder atender poblaciones con prioridad, especialmente personas con condiciones crónicas de salud», indicó Rodrigues.