Sin los medicamentos inmunosupresores necesarios, los pacientes trasplantados pueden perder el órgano que con tanto esfuerzo recibieron hace meses e, incluso, años. Este martes, 23 de enero, alrededor de 50 personas protestaron frente a la farmacia de alto costo ubicada en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta, en Maracay, estado Aragua.

En la manifestación se unieron pacientes trasplantados y pacientes de la unidad de hemodiálisis del hospital para exigir al Estado que cumpla con el derecho a la salud.

Los trasplantados denunciaron que desde hace tres meses no llegan medicamentos inmunosupresores como el sirolimus, el micofenolato sódico, el everolimus o la azatioprina a la farmacia del Seguro Social ubicada en el hospital, de la cual dependen aproximadamente 90 pacientes con esta condición.

El pasado viernes, 19 de enero, llegó a la farmacia de alto costo parte de un lote de Prograf (tacrolimus) traído al país a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, los pacientes reclamaron que la disponibilidad de un solo fármaco no basta para cumplir el tratamiento completo, compuesto por varios medicamentos inmunosupresores.

“Eso (la llegada del Prograf) no representa una solución porque los trasplantados requieren un cóctel de medicamentos. Con eso no es suficiente para evitar que se rechace el órgano”, explicó Reymer Villamizar, paciente trasplantado y director de la fundación Amigos Trasplantados de Venezuela.

El grupo de manifestantes fue recibido por el director del hospital José María Carabaño Tosta, el doctor Carlos Pérez. En conjunto, redactaron un acta que fue firmada por los pacientes y que será entregada al despacho de la Vicepresidencia y al Ministerio de Salud, a cargo del ministro Luis López, quien también funge como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

En los últimos años, el déficit de medicamentos inmunosupresores había sido intermitente. Sin embargo, la escasez de este tipo de fármacos se agudizó en el segundo semestre de 2017, cuando el desbastecimiento se volvió “absoluto y prolongado”.

Según la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), 3.500 pacientes trasplantados están en riesgo de perder sus órganos debido a la falta de tratamiento.

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