La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del estado de excepción y emergencia económica. Este decreto presidencial está activo desde 2015 y periódicamente es renovado y reafirmado por el Poder Judicial.
Este 25 de enero, el TSJ emitió un comunicado en el que asegura que el Decreto N° 3.736 del 11 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial N°6.424 Extraordinaria de esa misma fecha cumple con los requisitos constitucionales.
“El Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”, indica.
La sentencia N° 0005 firmada por el magistrado Juan José Mendoza Jover también ordena la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial, Gaceta Judicial y en la página web de Máximo Tribunal del país.
Marco legal
“Nuestra Constitución establece que el estado de excepción debe durar 120 días como plazo máximo y no puede alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público. Este decreto contempla una serie de disposiciones y facultades que no tienen que ver con lo económico y que lo convierten en un decreto multiuso. Lo que persigue el Ejecutivo es frenar las facultades de la Asamblea Nacional como la aprobación de presupuestos y aprobación de créditos adicionales”, dijo Pedro Alfonso del Pino.
Esta medida le permite al Ejecutivo nacional decidir asuntos en materia de abastecimiento de alimentos, medicinas, otros productos y servicios sin tener que solicitar los permisos que deberían pasar por la Asamblea Nacional, poder con el que está enfrentando desde que la Mesa de la Unidad Democrática asumió la mayoría en diciembre de 2015.
En septiembre de 2018, las fracciones parlamentarias de oposición desaprobaron, vía acuerdo, el Decreto N 3.610 que establece que en el país hay emergencia económica. La AN ha desaprobado 12 decretos de emergencia económica emitidos durante el mandato del presidente Maduro.