En la sesión extraordinaria del Parlamento este martes 10 de septiembre, el debate principal fue sobre la actualización del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela . En su intervención, la diputada Delsa Solórzano, reiteró la exigencia de que se designe una comisión de investigación para el país.
«La presencia de los oficiales de Michelle Bachelet (Alta Comisionada para los Derechos Humanos) no ha detenido la violación a los derechos humanos, por eso es necesario una Comisión de Investigación. Con su presencia (en Venezuela) se asesinó al capitán Rafael Acosta Arévalo», dijo Solórzano.
La también presidenta de la comisión permanente de Justicia y Paz, aseguró que, desde la presentación del informe de Bachelet en julio hasta esta actualización del 9 de septiembre, la violación a los derechos fundamentales de los venezolanos se ha agudizado.
«Todo el contexto terrible que narra Bachelet ratifica la violación de los derechos humanos, pero falta mucho por hacer en esta materia. Cuando Bachelet se fue del país el salario (mínimo) era de 7 dólares. Hoy, apelando a la página del Banco Central (de Venezuela, BCV, son dos dólares mensuales«, expresó.
En esta actualización del expediente que las Naciones Unidas realizan a Venezuela en esta materia, Bachelet reiteró que la administración de Nicolás Maduro no tomó en cuenta ninguna de las conclusiones ni las recomendaciones.
Después de la visita de Bachelet al país, dos oficiales de su oficina se quedaron en Venezuela para constatar el estado de los derechos humanos. Sin embargo, el chavismo gobernante no ha dejado que trabajen abiertamente, según los parlamentarios.
La diputada Adriana Pichardo insistió en que este informe es insuficiente. Se unió a la exigencia de Solórzano y otras tantas organizaciones a que se conforme esta Comisión de Investigación.
«Al informe de Michelle Bachelet le faltó contundencia. Las conclusiones no fueron tomadas en cuenta y de las 24 recomendaciones, solo cinco han sido tomadas por el régimen de manera incompleta», dijo Pichardo, en su intervención.
La parlamentaria criticó que existan un total de 12 presos políticos con boleta de excarcelación y se mantengan detenidos. De igual manera, reiteró el llamado a que se permita a los dos oficiales de Bachelet visitar los centros penitenciarios del país con libertad y en su totalidad.
A las 2:12 pm, cuando participó en el debate al diputada Nora Bracho, encargada de la comisión de Servicios Públicos del Parlamento, el suministro eléctrico se interrumpió en el Palacio Federal Legislativo.
Bracho, que tuvo realizar toda su intervención usando su voz sin ayuda del micrófono por la falla eléctrica, solicitó a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que mantenga la observación sobre Venezuela hasta que haya una transición política.
«Algo que sabemos todos pero que hoy queda completamente visibilizado ante el mundo (en el informe de Bachelet): Venezuela vive momentos de dictadura, los últimos momentos de la dictadura», expresó, desde la tribuna de oradores.
Educación en emergencia
El otro de los puntos únicos del orden del día fue la grave situación de la educación venezolana. La diputada Amelia Belisario aseguró que para el próximo año escolar, que inicia 16 de septiembre, no existen condiciones para su inicio, por su estado de deterioro.
«En el último año escolar, el sistema de alimentación no existió en 90% y el otro 10%, con el que montaron un show, no cumplía los valores alimenticios», expresó.
La parlamentaria alertó que de 10 educadores, seis perdieron hasta dos tallas en el último año escolar y más de 100 mil docentes abandonaron la profesión por las malas condiciones de trabajo.
«Los educadores perdieron el derecho a la seguridad social, 200 bolívares es lo que cubre su seguro», dijo Belisario, mientras alzaba sendos billetes de 100 bolívares.
Además, reiteró que un sueldo mínimo, fijado actualmente en 40 mil bolívares, solo alcanza para comprar un par de medias de vestir para sus hijos o una caja de lápices. «Entonces los muchachos irán otro año más con el pantalón chucuto y la lonchera vacía«, manifestó.
En este punto de debate participaron docentes de educación básica y universitarios, para dar testimonio de lo crítico que se encuentra el sector educativo en todos sus niveles.
«Hay 40% de docentes que o se han ido del país o están dedicados a otra labor. Le vamos a exigir al traidor de Aristóbulo Istúriz (ministro de Educación de Maduro) que se vaya», dijo Gricelda Sánchez, Secretaria de Actas del Sindicato Venezolano de Maestros.
Sánchez estuvo acompañada en la tribuna de oradores por otros representantes del magisterio que mostraban pancartas en protesta por sus pésimas condiciones laborales.
