Si ONU no renueva mandato de expertos independientes “sería un duro revés”, dicen defensores de DDHH

POLÍTICA · 14 SEPTIEMBRE, 2022 16:56

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Ibis Leon | @ibisL

Foto por Mairet Chourio

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Para que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pueda continuar su investigación, los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben aprobar una resolución que extienda su mandato.

Los expertos independientes presentarán su tercer informe durante la sesión 51, que se realizará desde el 12 de septiembre hasta el 7 de octubre, y después de este período se mantendrán en funciones solo si se renueva su misión.

En los reportes anteriores han concluido que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y que el Tribunal Supremo de Justicia es cómplice de la violación sistemática de derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Eduardo Trujillo Ariza, afirma que de no prorrogarse su mandato “sería un duro revés para el proceso de documentación internacional de graves violaciones a derechos humanos en Venezuela y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad”.

“La misión es útil y cumple una valiosa función de documentación porque los resultados de sus investigaciones, en buena medida, se hacen públicos. Esa publicidad trae efectos de protección y reparación en favor de víctimas que han sobrevivido a las violaciones”, declara.

Clave para la CPI

La doctora en derecho y magíster en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, Thairí Moya, explica que si bien es cierto que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene sus propios mecanismos para investigar la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad, con estándares muy rigurosos de comprobación, la documentación que hace la misión de determinación de hechos es un insumo clave.

“Es importante que siga la misión porque tiene un mandato enfocado solamente en Venezuela. En cambio, la fiscalía de la CPI tiene que dar respuesta a múltiples casos con poco presupuesto. La fiscalía tiene sus propios medios para investigar, pero se apoya mucho en lo que realizan estos mandatos. Tanto es así que la investigación de Myanmar, por ejemplo, se inició por las pruebas que recabó la FactFinding Mission (misión de determinación de hechos). La fiscalía en este caso llegó a citar a la misión más de 300 veces”, argumenta.

Lo mismo ocurrió en investigaciones abiertas en Libia, Palestina, Burundi o Mali, agrega la experta en derecho internacional.

Los crímenes de guerra en Ucrania es otro caso que debe atender la CPI. Moya menciona este conflicto para referirse a la alta demanda que tiene el tribunal internacional, lo que prolonga el tiempo de resolución de los procesos que lleva.

Prórroga en puertas

La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, informó, este miércoles 14 de septiembre, que un grupo de países de la región lideran la renovación de la misión de expertos sobre Venezuela: Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú.

Los grandes ausentes de este grupo son Colombia, Argentina y Honduras, que lideraron la resolución para la creación de la misión en 2019.

La directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, señaló a Efecto Cocuyo que de acuerdo con la configuración política de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos “pareciera que va a ocurrir la extensión, todo indica que hay compromiso de los Estados”.

La abogada y defensora de derechos humanos destaca que el establecimiento de mecanismos como la misión de determinación tiene un efecto disuasivo o de “muro de contención” en los potenciales perpetradores de violaciones de derechos humanos. “El puente entre el conflicto y la paz es la justicia y toda esa documentación va a ser fundamental para que estos hechos no queden en la impunidad y no vuelvan a ocurrir, para que haya reparación de las víctimas”, expresa.

¿Y las ejecuciones extrajudiciales?

124 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan sobre Venezuela defendieron la renovación del mandato en un comunicado que elevan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el documento subrayan que la misión es fundamental para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. “Por ahora, la investigación de la CPI no incluye los hechos catalogados como ejecuciones extrajudiciales, que sí pertenecen al mandato de la misión de determinación de los hechos y sin duda están entre los crímenes de derechos internacional más frecuentes y graves en Venezuela”.

El profesor Trujillo Ariza señala que la entonces fiscal Fatou Bensouda informó que el examen preliminar sobre Venezuela contemplaba los crímenes de prisión y privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución política, ocurrida desde al menos abril de 2017. Bensouda se concentró en estos hechos porque tenía información más detallada y fiable.

Sin embargo, el investigador recuerda que la exfiscal también señaló “sin perjuicio de otros delitos que podría determinarse en una etapa posterior y con respecto a un período de tiempo más amplio”. “Esto da la posibilidad de que actos, como lo son los asesinatos, puedan incluirse, pero para ello se requiere una información más detalles y en esto sería especialmente útil la labor que adelanta la misión”, sostiene.

La abogada Moya aclara que en el Estatuto de Roma no aparece el delito de ejecución extrajudicial, pero sí el crimen de asesinato. “Antes la fiscalía de la CPI tenía como misión publicar un informe de cierre de sus actividades del examen preliminar en el que informaba los crímenes que se iban a investigar, pero con el nuevo fiscal esto no se ha hecho”, señala.

Esto explica por qué los crímenes a los que hace seguimiento el fiscal Khan son un “enigma”. “No sabemos si el crimen de asesinato está o no incluido. En el caso de que no, la misión puede seguir colaborando en la determinación de responsabilidades particulares”, argumenta.

La experta insiste en que la labor de esta misión sirve como insumos para cortes internacionales, cortes híbridas y procesos transicionales de justicia que buscan esclarecer la verdad de los hechos y reparar a las víctimas.

La especialista de derecho internacional y miembro de Cepaz Sara Fernández agrega que en caso hipotético que la fiscalía no haya incluido el delito de asesinato, el trabajo de la misión “puede recabar evidencia para sustanciar y evidenciar ante el fiscal que es necesario incluirlo”.

POLÍTICA · 28 SEPTIEMBRE, 2022

Si ONU no renueva mandato de expertos independientes “sería un duro revés”, dicen defensores de DDHH

Texto por Ibis Leon | @ibisL
Foto por Mairet Chourio

Para que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pueda continuar su investigación, los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben aprobar una resolución que extienda su mandato.

Los expertos independientes presentarán su tercer informe durante la sesión 51, que se realizará desde el 12 de septiembre hasta el 7 de octubre, y después de este período se mantendrán en funciones solo si se renueva su misión.

En los reportes anteriores han concluido que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y que el Tribunal Supremo de Justicia es cómplice de la violación sistemática de derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Eduardo Trujillo Ariza, afirma que de no prorrogarse su mandato “sería un duro revés para el proceso de documentación internacional de graves violaciones a derechos humanos en Venezuela y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad”.

“La misión es útil y cumple una valiosa función de documentación porque los resultados de sus investigaciones, en buena medida, se hacen públicos. Esa publicidad trae efectos de protección y reparación en favor de víctimas que han sobrevivido a las violaciones”, declara.

Clave para la CPI

La doctora en derecho y magíster en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, Thairí Moya, explica que si bien es cierto que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene sus propios mecanismos para investigar la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad, con estándares muy rigurosos de comprobación, la documentación que hace la misión de determinación de hechos es un insumo clave.

“Es importante que siga la misión porque tiene un mandato enfocado solamente en Venezuela. En cambio, la fiscalía de la CPI tiene que dar respuesta a múltiples casos con poco presupuesto. La fiscalía tiene sus propios medios para investigar, pero se apoya mucho en lo que realizan estos mandatos. Tanto es así que la investigación de Myanmar, por ejemplo, se inició por las pruebas que recabó la FactFinding Mission (misión de determinación de hechos). La fiscalía en este caso llegó a citar a la misión más de 300 veces”, argumenta.

Lo mismo ocurrió en investigaciones abiertas en Libia, Palestina, Burundi o Mali, agrega la experta en derecho internacional.

Los crímenes de guerra en Ucrania es otro caso que debe atender la CPI. Moya menciona este conflicto para referirse a la alta demanda que tiene el tribunal internacional, lo que prolonga el tiempo de resolución de los procesos que lleva.

Prórroga en puertas

La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, informó, este miércoles 14 de septiembre, que un grupo de países de la región lideran la renovación de la misión de expertos sobre Venezuela: Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú.

Los grandes ausentes de este grupo son Colombia, Argentina y Honduras, que lideraron la resolución para la creación de la misión en 2019.

La directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, señaló a Efecto Cocuyo que de acuerdo con la configuración política de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos “pareciera que va a ocurrir la extensión, todo indica que hay compromiso de los Estados”.

La abogada y defensora de derechos humanos destaca que el establecimiento de mecanismos como la misión de determinación tiene un efecto disuasivo o de “muro de contención” en los potenciales perpetradores de violaciones de derechos humanos. “El puente entre el conflicto y la paz es la justicia y toda esa documentación va a ser fundamental para que estos hechos no queden en la impunidad y no vuelvan a ocurrir, para que haya reparación de las víctimas”, expresa.

¿Y las ejecuciones extrajudiciales?

124 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan sobre Venezuela defendieron la renovación del mandato en un comunicado que elevan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el documento subrayan que la misión es fundamental para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. “Por ahora, la investigación de la CPI no incluye los hechos catalogados como ejecuciones extrajudiciales, que sí pertenecen al mandato de la misión de determinación de los hechos y sin duda están entre los crímenes de derechos internacional más frecuentes y graves en Venezuela”.

El profesor Trujillo Ariza señala que la entonces fiscal Fatou Bensouda informó que el examen preliminar sobre Venezuela contemplaba los crímenes de prisión y privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución política, ocurrida desde al menos abril de 2017. Bensouda se concentró en estos hechos porque tenía información más detallada y fiable.

Sin embargo, el investigador recuerda que la exfiscal también señaló “sin perjuicio de otros delitos que podría determinarse en una etapa posterior y con respecto a un período de tiempo más amplio”. “Esto da la posibilidad de que actos, como lo son los asesinatos, puedan incluirse, pero para ello se requiere una información más detalles y en esto sería especialmente útil la labor que adelanta la misión”, sostiene.

La abogada Moya aclara que en el Estatuto de Roma no aparece el delito de ejecución extrajudicial, pero sí el crimen de asesinato. “Antes la fiscalía de la CPI tenía como misión publicar un informe de cierre de sus actividades del examen preliminar en el que informaba los crímenes que se iban a investigar, pero con el nuevo fiscal esto no se ha hecho”, señala.

Esto explica por qué los crímenes a los que hace seguimiento el fiscal Khan son un “enigma”. “No sabemos si el crimen de asesinato está o no incluido. En el caso de que no, la misión puede seguir colaborando en la determinación de responsabilidades particulares”, argumenta.

La experta insiste en que la labor de esta misión sirve como insumos para cortes internacionales, cortes híbridas y procesos transicionales de justicia que buscan esclarecer la verdad de los hechos y reparar a las víctimas.

La especialista de derecho internacional y miembro de Cepaz Sara Fernández agrega que en caso hipotético que la fiscalía no haya incluido el delito de asesinato, el trabajo de la misión “puede recabar evidencia para sustanciar y evidenciar ante el fiscal que es necesario incluirlo”.

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