Recuperación económica pasa por una AN independiente, sostienen especialistas

POLÍTICA · 21 FEBRERO, 2021 10:40

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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En su primer mes de funcionamiento, la Asamblea Nacional de mayoría chavista no ha tomado ninguna decisión en materia económica, a pesar de que la profunda crisis convierte a Venezuela en el país más pobre de América Latina.

Por el contrario, la solicitud del Partido Comunista de debatir en la plenaria de diputados un ajuste salarial ha sido asumida como una afrenta.

Las acciones del Parlamento han estado mayormente dirigidas a castigar a los opositores de la Legislatura pasada, acusados de orquestar presuntos planes conspirativos para forzar la salida de Nicolás Maduro de poder.

Economistas consultados, sostienen que el Poder Legislativo, electo el 6 de diciembre, no asumirá ninguna iniciativa en materia económica, porque el chavismo gobernante ha delegado la función legisladora y contralora al Ejecutivo.

El decreto de emergencia económica, prorrogado los últimos cinco años, cuando la Constitución permite extenderlo solo por 120 días, es una prueba de que Nicolás Maduro tiene amplias facultades que ha venido asumiendo de forma indefinida.

Por ejemplo, el decreto de emergencia permite al Ejecutivo aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros sin la autorización de otros Poderes Públicos, entre otras atribuciones.

“Este Poder ha quedado capturado por un partido político que no le permite actuar de forma independiente, eso plantea su inhibición en cualquier iniciativa. La función de esta Asamblea Nacional será dar un espaldarazo a las iniciativas legales que el Ejecutivo promueva”, señala el economista y profesor universitario Leonardo Vera.

El especialista considera que la falta de reconocimiento internacional por una parte de la comunidad internacional (consideran que la elección del 6 de diciembre fue un fraude) es otro de los factores a considerar en cuanto al margen de acción que tiene el actual Legislativo; sin embargo, insiste en que la subordinación es la principal razón que inhibe las acciones legislativas. 

“La AN ha quedado a un lado, esto tiene mucho que ver con el decreto de emergencia económica que le da muchas potestades al Ejecutivo para legislar sin la participación de la Asamblea Nacional”, sostiene.

En su opinión, el Parlamento puede promover cambios importantes desde la derogación de la Ley Antibloqueo hasta emprender acciones políticas que sirvan para devolver a Venezuela al concierto internacional y que pueda restablecer sus relaciones con organismos multilaterales.

“Su rol político es importante, tiene el poder para poner orden de carácter legal, introducir reglas fiscales, reformar la ley del BCV en medio de una economía que está siendo pulverizada por la hiperinflación, desarrollar una ley de inversiones, pero es difícil que asuma el rol histórico emancipador que puede jugar por la manera como está configurada (una aplastante mayoría psuvista)”, manifiesta.

Sin voluntad política ni económica

Para el economista y profesor universitario Ronald Balza, la voluntad política de la Asamblea Nacional oficialista es no ejercer sus funciones legislativas y contraloras.

 “Lo primero que debía hacer la Asamblea Nacional era exigir a Maduro el presupuesto de este año, eso no es algo que impidan las sanciones. Debió haber recibido todos los presupuestos que fueron presentados ante la Constituyente para poder hacer una evaluación de cuál ha sido el destino de esos recursos”, cuestiona.

En su opinión, la Ley Antibloqueo confirma el objetivo del gobierno chavista de ocultar información de interés público. “Los incentivos para no hacer pública la información son mayores para preservar el poder y esconder actos de corrupción”, afirma.

Balza subraya que para lograr una recuperación económica, el país requiere transparencia y confianza. “Aquí es necesario que haya posibilidad de inversión pública y privada y esto necesita financiamiento que a su vez depende de que haya información y transparencia. Vemos que en este momento hay un sistema cambiario que supuestamente funciona sobre las normas del BCV, pero este organismo no informa nada, la AN debe exigirle al BCV una rendición de cuentas”, argumenta.

“No sabemos si el gobierno tiene ingresos o no, si tienen ahorros o no. No sabemos cuáles son las condiciones de la explotación del Arco Minero ni a qué dedican esos recursos, no sabemos cómo va a ser la nueva composición del sector privado, tampoco cuáles son los negocios que tiene el gobierno con sus aliados”, agrega.

Ambos economistas califican de positivo el acercamiento entre Fedecámaras y una delegación de diputados de la Asamblea Nacional. “El flujo de información entre los gremios y el gobierno puede ser útil para ambos, puede ayudar a llegar a ciertos acuerdos. Es una actividad que debe ser considerada normal y deseable”, comenta Balza.

“Es un paso positivo. Por un lado, el gobierno obligado por la falta de recursos y por su incapacidad está tratando de darle más espacio al sector privado y el sector privado necesita el apoyo del sector público para poder trabajar. En 20 años ningún personaje del Ejecutivo había visitado Fedecámaras y el sector privado tiene todo el derecho de sentarse con quien hace la gestión pública para exponer sus argumentos”, concluye Vera.