Qué hay detrás de la “traición a la patria” que el Gobierno imputa a diputados opositores

POLÍTICA · 23 MARZO, 2017 06:45

Ver más de

Ibis Leon | @ibisL


¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

Los delitos de traición a la patria saltaron en el discurso chavista el último mes. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro acusó al diputado Henry Ramos Allup -cabeza del poder legislativo-, y a un grupo de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de “conspirar contra su patria”.

La implicación en alguno de estos delitos políticos podría costar de 16 a 30 años de cárcel, según la gravedad, y deben encuadrar con ciertas condiciones: Que existan enemigos externos, que se atente contra la independencia de la República, la solicitud expresa de la intervención de algún país extranjeros en los asuntos internos de Venezuela, la revelación de secretos militares o relacionados con la seguridad.

El Código Penal venezolano dedica todo un apartado que inicia con el artículo 128: “Cualquiera que, de acuerdo con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.

Hasta ahí, del artículo se desprende la principal condición para que se produzca el delito: la presencia de enemigos exteriores que se alíen con un conspirador nacional. También destaca la pena con la que se castiga.

En este sentido, el abogado penalista Joel García considera que el tipo legal no encaja ni tiene que ver con la solicitud hecha ante la OEA por el grupo parlamentario. “La cuestión es que Venezuela forma parte de la OEA, se supone entonces que todas las naciones que la integran no son enemigos sino todo lo contrario y el Código es claro cuando se refiere a enemigos exteriores. La OEA tampoco es un grupo o asociación de terroristas ni paramilitares ni insurgentes ni subversivos”, expone.

El artículo 129 agrega más directamente el elemento de la intervención extranjera, fuertemente utilizada por el chavismo como bandera antiimperialista. Dice: “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de veintiséis años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar al Gobierno venezolano”.

Pero la Carta Democrática, como mecanismo de la OEA, no puede ser considerada con un elemento intervencionista, sostiene García. “Venezuela es signataria de todos los tratados internacionales que suscriban los organismos que integra, en este caso, está sujeta a la Carta al ser miembro de la OEA”, señala.

La acusación

En el Ministerio Público (MP) descansa un documento del Frente Patriótico Hugo Chávez en el que solicitan formalmente la realización de un antejuicio de mérito para un grupo de parlamentarios a los que le imputan el artículo 128 del Código Penal Venezolano que explicaremos más adelante.

Los diputados acusados son: Henry Ramos Allup, Enrique Márquez, José Simón Calzadilla, Luis Florido, Ángel Medina, William Dávila, Delsa Solórzano, Richard Blanco y Timoteo Zambrano. El nombre del político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, actualmente exiliado, también se incluye en la lista.

Origen de los delitos políticos

Los delitos políticos datan de 1873. El abogado experto en derecho penal, José Luis Tamayo, explica que el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco incorporó los delitos de traición a la patria y esto se explica porque el siglo XIX estuvo signado por rebeliones e insurrecciones mientras se conformaba la República.

La legislación venezolana recogió entonces la necesidad de “proteger” las instituciones, el territorio y los connacionales ante una eventual conspiración para intervenir o derrocar a los Gobiernos electos.

El artículo 128, específicamente, fue reformado durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. “Durante la época de Gómez el jurista Pedro Manuel Arcaya, quien era el ministro de relaciones exteriores, incluyó apartes en estos artículos porque en aquella época se conformaron en el exterior una serie de movimientos para derrocar a la dictadura como la Sociedad Patriótica Venezolana, etc. Entonces Gómez vivió el acecho de los enemigos del exterior, incluso en más de una oportunidad se bloquearon muchas conspiraciones”, sostiene.

El parágrafo único del 128 agrega: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena.

Algo similar ocurrió con el 132 del Código que expresa el delito de conspiración contra la República y hostilización: “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana será castigado”. La pena es de ocho a dieciséis años de cárcel.

¿Cómo se enjuicia a un traidor a la patria?

Si el acusado tiene privilegio como es el caso de los diputados, quienes gozan de inmunidad parlamentaria, se debe seguir un procedimiento previo antes de juzgarlos. Esta prerrogativa es conocida como allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

Tamayo precisa que aunque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarara que existen elementos suficientes para enjuiciar a los diputados, la cámara –con mayoría opositora- es la única que tiene la potestad para allanarles la inmunidad.

Mientras la inmunidad permanezca, el proceso penal queda suspendido. La única forma de que proceda es que el funcionario renuncie a su cargo, Entonces, el tribunal ordinario designado para ello llevará el caso como indica el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 378 del COP

Antecedentes inmediatos

Con una moción de urgencia fue considerada la solicitud de antejuicio de mérito para retirarle la inmunidad parlamentaria a la entonces diputada María Corina Machado en 2014 y fue aprobada con la mayoría del voto parlamentario.

La solicitud fue hecha por la entonces diputada Tania Díaz.

El argumento fue el mismo que se utiliza hoy. Machado había acudido a la OEA a denunciar la crisis venezolana y fue acusada de “recurrir ante un Gobierno extranjero a pedir apoyo y consejos para sabotear la democracia venezolana”.

Cronología del caso:

18 de marzo: La Asamblea Nacional solicitó un antejuicio de mérito a María Corina Machado para allanarle su inmunidad parlamentaria.

25 de marzo: El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que Machado perdió su condición de diputada y la desincorpora del parlamento por aceptar ser representante alterna de Panamá ante la OEA..

31 de marzo: El Tribunal Supremo de Justicia avaló la medida tomada por la AN de despojar de su cargo a la dirigente por presuntamente violar los artículos 191 y 197 de la Constitución venezolana, que dice que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura (…)”.

28 de mayo: La Dirección Nacional del PSUV, en voz de Jorge Rodríguez, presentó supuestas pruebas de correos electrónicos en los que Machado se vincula con un plan magnicida y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

5 de junio: La dirigente de Vente Venezuela recibió una citación de la Fiscalía 20 Nacional para ir a declarar el 16 de junio en carácter de testigo.

13 de junio: Tres días antes de comparecer a la citación de la Fiscalía, Machado solicitó protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunció la violación de derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva por los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia.

16 de junio y 26 de noviembre: El Ministerio Público citó a Machado por su presunta vinculación con el plan magnicida contra el presidente Maduro.

3 de diciembre: La exparlamentaria acudió al Palacio de Justicia por citación de la Fiscalía. Su abogado, Tomás Arias, informó que no hay referencias al delito de magnicidio en el expediente, pero sí de conspiración, un delito cuya pena es de 8 a 16 años de prisión. No anunciaron fecha para una próxima citación.