Desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), organizaciones defensoras de los derechos humanos y diputados del Parlamento exigieron, este 15 de julio, el cese de las torturas que sufren los presos políticos a manos del Gobierno de Nicolás Maduro, una práctica que se ha vuelto sistemática.
“En Venezuela se ha institucionalizado la tortura y es un tema que genera profundas heridas, no solo a los detenidos sino a la propia sociedad”, dijo Alonso Medina Roa, abogado miembro de la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia.
Esta será una semana contra la tortura. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos iniciaron este lunes la campaña “Juntos contra la tortura“, con la que pretenden generar consciencia y rechazar las torturas en los centros de detención del país.
“El objetivo de Juntos contra la tortura es sensibilizar a la sociedad sobre este tema”, dijo Medina Roa, para invitar a la población a sumarse a rechazar las prácticas de tortura.
La campaña contempla distintas actividades en el territorio nacional y también en Madrid, España, fue anunciada desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en Chacao, durante un pancartazo de protesta.
Esta protesta cobra mayor valor luego de la publicación del informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documento que asegura que en Venezuela existe una profunda violación de los derechos fundamentales.
“Es momento de unirnos todos y entender que solamente unidos podemos recuperar la democracia. Debemos transformar el tema de las torturas como un gran estímulo para continuar con la lucha ciudadana en Venezuela por estas violaciones”, afirmó Medina Roa.
El también abogado encargado del caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado con métodos de tortura en manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), afirmó que la defensa se mantiene en procesos para realizar una investigación independiente del cuerpo del militar ya enterrado.
“Estamos trabajando en investigación independiente a pesar de las trabas que genera el Ministerio Público. Que esté enterrado no imposibilita nada”, expresó.
Lilia Camejo, directora de Justicia Venezolana, exigió nuevamente que cesen las torturas contra los detenidos y también pidió que los voceros oficiales se pronuncien por el caso del exministro detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Miguel Rodríguez Torres.
“El general Miguel Rodríguez Torres se encuentra desde hace dos meses incomunicado. Tiene ocho días en huelga de hambre y no sabemos nada de eso”.
La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de Justicia y Paz del Parlamento, también presente en la manifestación, alertó que posiblemente dentro de la Dgcim, en Boleíta, funcionarios de este cuerpo estarían preparando un video manipulado para asegurar que existe normalidad en estos calabozos, para desmentir las denuncias de torturas.
“Pretenden decir que en la Dgcim todo está bien, pero no hay nada bien ahí. Están grabando las visitas de los familiares y alertamos la posibilidad de que hagan un video manipulado”, dijo.
Solórzano también insistió en que el informe presentando por Bachelet es insuficiente ante el deteriorado estado de los derechos humanos en Venezuela. También señaló que una posible expulsión de los funcionarios de las Naciones Unidas por parte de la administración de Nicolás Maduro solo expondría más la emergencia.
“La señora Bachelet no tiene que ser amiga, tiene que cumplir con su trabajo como lo hizo, pero un informe no es suficiente”, expresó.
La parlamentaria también se refirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que aceptó la solicitud de la administración de Juan Guaidó para visitar Venezuela y evaluar el estado de los derechos humanos.
“¿Los usurpadores que administran la seguridad aeroportuaria permitirán entrar a la Cidh? En la dictadura argentina la Cidh visitó ese país”, dijo.
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Fotos: Iván Reyes.