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Oposición advierte que anteproyecto de reforma de Ley contra el Odio no plantea eliminación plena de sanciones

Unión y Cambio presentará propuesta de Ley Derogatoria de la Ley contra el Odio

Oposición advierte que anteproyecto de reforma de Ley contra el Odio no plantea eliminación plena de sanciones
Diputada Belisario señaló que siguen insistiendo en derogatoria de la Ley. Foto: AN

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este 13 de octubre, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, informó sobre el envío al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del anteproyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia con su exposición de motivos, a fin de que sea revisada y el alto tribunal dé su visto bueno para que los cambios a la normativa sigan su curso en el Poder Legislativo. 

El jefe del Parlamento con mayoría del chavismo explicó que la consulta al TSJ se basa en la Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), publicada en Gaceta Oficial el 18 de diciembre de 2020, antes de que el organismo cesara funciones. El artículo 3, numeral 2, indica que la iniciativa de reforma debe ser remitida a la Sala Constitucional del TSJ para que se pronuncie sobre la conformidad de los cambios a la Ley contra el Odio con la Carta Magna y la mencionada “ley constitucional”. 

Visto que, luego de tres reuniones de la comisión especial que aborda la reforma a partir de la solicitud de la gobernante encargada Delcy Rodriguez, ya existe un anteproyecto con los cambios, la diputada del grupo Libertad, Amelia Belisario, advirtió que pese a las propuestas presentadas en la mesa la modificación de la ley se mantiene solo enfocada en la “despenalización” (eliminar castigo de prisión) a conductas previstas en el instrumento legal aprobado por la ANC de 2017.

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“Toda esta propuesta de ellos (Psuv) ha estado dirigida principalmente a la despenalización pero no ha estado fundamentada en la eliminación plena de las sanciones. Lo que sigue es que nosotros tenemos que esperar que ese documento regrese (del TSJ) a la plenaria y vamos a insistir (oposicion) en la eliminación completa de la ley o articulado que viola los derechos y las garantías constitucionales”, declaró la diputada a Efecto Cocuyo.

Eliminar sanciones administrativas y limitaciones a libertades

Belisario, única representante de la fracción opositora en la comisión especial de 11 diputados que aborda la reforma de la Ley contra el Odio, presidida por Pedro Infante (Psuv), se refirió a que, además de las penas de prisión, la idea es que si no se deroga la ley al menos se eliminen de la normativa, sanciones administrativas que han producido bloqueos de medios informativos, limitan la libertad de expresión, el derecho a la información, además de temas de imprescriptibilidad y la discrecionalidad con la que ha sido aplicada la ley contra la disidencia política.

“En cada una de las reuniones que sostuvimos para esta primera etapa de la ruta (de reforma) planteamos la derogatoria o revisión de todo el articulado, además de solicitar la presencia de los medios de comunicación”, mencionó la legisladora de Unión y Cambio.

El artículo 20 de la normativa fija penas de 10 a 20 años de prisión para quien publique o promueva mensajes de odio, discriminación o violencia. El artículo 22 sanciona con revocatoria de concesiones a los medios de radio y televisión que el gobierno o el chavismo consideren que difunden mensajes de odio. 

En caso de redes sociales o medios electrónicos contempla multas de 50.000 a 100.000 unidades tributarias si los mensajes no son retirados en un lapso de seis horas, además del bloqueo de los portales. 

Voceros del chavismo, como los diputados Nicolás Maduro Guerra y Jorge Arreaza, quienes integran la comisión especial, han defendido la existencia de la Ley contra el Odio por considerar que “contribuyó” con la “pacificación del país”. El secretario general del Psuv y ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha expresado similar posición.

Mientras ONG, defensores de derechos y gremios como el periodístico siguen reclamando la derogación por “arbitraria e inconstitucional”  (fue sancionada por la ANC por encima de las competencias de la AN). De acuerdo con Foro Penal, 927 personas fueron imputadas por el delito de instigación al odio, desde la entrada en vigencia de la normativa en 2017.

Propuesta de ley derogatoria

“Lo que podamos hacer desde la AN no menoscaba los derechos ciudadanos de interponer recursos como bien lo han hecho algunas organizaciones y algunos ciudadanos que se han adherido ante el TSJ para solicitar la declaratoria de la nulidad de esa ley y tampoco menoscaba el derecho que se tenga de solicitar el debate de una ley derogatoria para los escenarios dentro de la AN. Es importante que todos los ciudadanos sigan participando, expresando su opinión y podamos persistir en todos los espacios”, subrayó Belisario. 

Está previsto que la fracción Libertad, en voz del diputado Tomás Guanipa, presente este 15 de octubre una propuesta de ley derogatoria de la normativa. Belisario subrayó que todos los espacios de lucha para que se eliminen leyes violatorias de los derechos constitucionales son necesarios. 

La diputada resaltó que una vez se abra la consulta nacional que debe anteceder la segunda discusión de la reforma en la plenaria, la oposicion estará atenta a que sean convocadas las organizaciones defensoras de DDHH y víctimas de la aplicación de la Ley contra el Odio para que expresen sus posiciones y propuestas.