Magaly Vásquez González, destacada académica y corredactora del COPP, aspira a ser fiscal general

La doctora Magaly Vásquez González, actual secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), presentó su candidatura al cargo de fiscal general de la República el lunes 9 de marzo de 2026, lo que muchos académicos y expertos en Derecho ven como una acertada decisión.

Vásquez, especialista en derecho penal y doctora en Derecho, formalizó la entrega de sus credenciales en la sede del Parlamento. La postulación responde a una decisión personal, impulsada por numerosas llamadas de académicos, profesores y exalumnos que valoraron su trayectoria profesional y académica.

“El rol de fiscal general de la república es fundamental para el mantenimiento de un Estado de derecho. Hemos visto cómo se ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema de administración de justicia, en el cual el Ministerio Público juega un rol estelar, especialmente en el ámbito de la justicia penal, que es la más cercana al ciudadano.  Ninguna persona está exenta de ser imputada o víctima, por eso es más cercana, más sensible, sobre todo cuando se acaba de aprobar una Ley de Amnistía con la que se ha tratado de iniciar un proceso de reconciliación nacional.  En ese contexto, yo ofrezco mis competencias, mi conocimiento y mi disposición, procurando enviar un mensaje de institucionalidad, de meritocracia”, dijo.

En declaraciones ofrecidas antes de la entrega de documentos al periódico El Ucabista, Vásquez explicó que aspira a rescatar el Ministerio Público mediante meritocracia, institucionalidad y el establecimiento de la verdad en el sistema penal. Subrayó el rol fundamental del fiscal general para mantener un Estado de derecho y ofreció sus competencias en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia la justicia, agravada por dilaciones procesales y distorsiones al COPP original.

“Es importante rescatar las habilidades técnicas que corresponden al Ministerio Público, además de las profesionales y personales. Yo no me he mantenido en una burbuja en el mundo universitario; yo sé cómo funciona el sistema de justicia penal en Venezuela; eso me da unas competencias para promover el rescate de la institucionalidad en Venezuela”, agregó.

Respaldo académico

La Facultad de Derecho de la Ucab respaldó de forma unánime la candidatura mediante un acuerdo aprobado por su Consejo. El decano César Carballo Mena y la directora de la Escuela de Derecho, María Lidia Álvarez, destacaron que la profesora cumple los requisitos constitucionales para el cargo y encarna los valores ciudadanos más altos.

Su designación representaría un paso clave para la reinstitucionalización del sistema de justicia penal, según el comunicado institucional.

La Universidad Metropolitana (Unimet) también envió respaldo formal al presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello, firmado por la rectora María Isabel Guinand. Además, individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales apoyaron la postulación. Vásquez se convirtió en la primera mujer penalista incorporada a esa academia.

La candidata inició su carrera como abogada en la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso de la República. Trabajó en tribunales, asesoró el Circuito Judicial Penal Militar y participó en la evaluación de jueces tras la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

“He tenido el honor de ser la primera mujer penalista en llegar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Eso implica un reconocimiento a una trayectoria, a un esfuerzo que yo he procurado sustentar en la formación y en el compromiso permanente, y eso lo he podido evidenciar en mi trayectoria universitaria”, explicó.

Corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) original de 1998, combinó el ejercicio profesional con la docencia en la Ucab —donde ascendió de profesora instructora a titular— y en la Escuela Nacional de Fiscales, además de cursos de posgrado en varias universidades.

Entre sus prioridades figuran revisar la formación de fiscales, atender causas con detenidos pendientes, fortalecer la carrera fiscal con seguridad y libertad de actuación, e incorporar sangre nueva de jóvenes competentes, similar a la oxigenación que produjo la entrada en vigencia del COPP en su versión inicial.La postulación ocurre tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía para la reconciliación nacional y en medio de una deuda histórica en materia de justicia penal en Venezuela.