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El ciudadano Richard Grillet Álvarez, quien se desempeñaba como oficial de seguridad de la División de Prevención y Control de Pérdidas de la Asamblea Nacional, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, informó el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, este jueves 4 de febrero.

Según la versión oficial, Grillet fue presentado ante el tribunal 1° de Control con Competencia en materia de Terrorismo, el pasado 28 de enero, por estar supuestamente implicado en un plan para atacar a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, por lo cual se le dictó privativa de libertad.

Saab señaló que mediante “labores de inteligencia” confirmaron que el detenido mantenía vinculación con un expolicía municipal de Girardot (estado Aragua) de nombre Mariano José Ugarte Mariño, quien se encuentra en Colombia con la misión de reclutar y organizar grupos de exmilitares y expolicías, así como también a agentes activos, con la finalidad de planificar y ejecutar actividades conspirativas.

“Se había comprometido a realizar acciones de sabotaje, terrorismo, sustracción de información clasificada, así como facilitar acceso de grupos extremistas a las instalaciones de la Asamblea Nacional”, aseveró el Fiscal designado por la Asamblea Constituyente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, adelantó el pasado domingo 31 de enero que el Gobierno de Maduro neutralizó un ataque con bombas dirigido a la sede del Poder Legislativo y acusó al dirigente opositor Leopoldo López, quien se encuentra en España, de estar detrás de esta acción.

Mafia de gas

Saab también informó sobre el desmantelamiento de una red de corrupción que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de bombonas de gas a las empresas distribuidoras.

Indicó que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Jacob Grey (presidente de Gas Comunal Pdvsa), Yohandry José Guevara Álvarez (gerente de la planta de llenado de gas Charallave), Oriana Alejandra Betancourt Corales (gerente de la planta de llenado de gas Apacuana), y Eder Alexis Dugarte (gerente de la planta de llenado de gas El Tambor).

La trama fue develada tras la detención de Adán Contreras, propietario del galpón Maracay Gas 2020, donde vendía bombonas de gas en dólares sin tener la permisología para almacenar, distribuir y comercializar gas doméstico.

En su local fueron incautados 4.000 cilindros de gas, siete vehículos tipo camión y un teléfono celular del que se obtuvo información de sus colaboradores.

“Este ciudadano fue presentado y privado de libertad por el delito de especulación, tras lo cual se acogió a la delación y detalló un esquema de corrupción dirigido desde la máxima autoridad de la empresa Gas Comunal, filial de Pdvsa”, señaló Saab.

La red cobraba 10 dólares por la bombona pequeña y 40 dólares por la grande y se apoyaba en personas armadas para amedrentar a los distribuidores de gas y garantizar que no los denunciaran, agregó.

Tres de los implicados fueron detenidos por funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. Pero el presidente de Gas Comunal, Jacob Grey, sigue prófugo.

Corrupción en inspectorías

Saab informó adicionalmente sobre la detención de Pedro Luis Aliendres Vásquez, ex inspector jefe de la Inspectoría de Trabajo de Nueva Esparta (removido en enero de 2021), y Elías Antonio Martínez Fonseca, quien se desempeñaba hasta el momento de su detención como inspector jefe de la Inspectoría de Trabajo del estado Sucre.

Los detenidos presuntamente beneficiaban a determinadas empresas en detrimento de los trabajadores a cambio de dinero. «Realizaban negociaciones con fines de lucro con representantes de empresas involucradas en procedimientos administrativos con el fin de declarar las inadmisiones de los mismos e impedir que los trabajadores pudiesen ser reenganchados», declaró el Fiscal.

Los exfuncionarios fueron imputados por los delitos de corrupción propia agravada y agavillamiento.