La organización internacional defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que le exige se pronuncie por la inhabilitación a la candidata presidencial opositora venezolana, María Corina Machado.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, posteó el comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, este viernes 2 de febrero.
Recordaron la medida que le impuso a Machado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 26 de enero, por lo que le pidieron que tanto de forma pública como privada gestione el levantamiento de esta medida que le impide a la candidata de la plataforma unitaria democrática presentarse a los comicios presidenciales de este 2024.
«Se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto del acuerdo de Barbados, alcanzado entre el gobierno y la oposición, donde ambas partes se comprometieron a garantizar ‘el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato a las elecciones presidenciales de forma libre y de acuerdo a mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela'», dice parte de la carta de HRW a Petro.
Advierten que la medida puede «poner en riesgo» el diálogo entre el chavismo y la plataforma unitaria democrática, que desde el año 2021 comenzaron una negociación en México con la mediación del Reino de Noruega.
«Esta decisión ocurre en un contexto de amplias restricciones del derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos».
El caso Petro en la Corte IDH
La institución le recuerda a Petro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló a su favor cuando era alcalde de Bogotá y lo restituyó en el cargo, después de que lo inhabilitaran en Colombia para ejercer sus funciones.
Ante esto le pidieron «manifestar de forma pública y en sus interacciones privadas con el gobierno de Venezuela, su preocupación por la inhabilitación de Machado». Además le recomendaron que pida a Miraflores asumir y respetar los compromisos del Acuerdo de Barbados, junto a otros gobiernos de Latinoaérica.
«Cualquiera que sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres».
Otros gobiernos de la región como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos han manifestado su rechazo a la sentencia del TSJ contra Machado, pero aún no se pronuncian Brasil, Colombia ni México, cuyos presidentes son afines a Nicolás Maduro y su gestión.