Fraude en data de participación electoral configura delito - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 4 AGOSTO, 2017 18:54

Fraude en data de participación electoral configura delito

Texto por Erick Mayora

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De comprobarse las denuncias de “manipulación de datos” durante las elecciones del domingo, 30 de julio, a las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían imputarle delitos de agavillamiento y de fraude procesal contemplados en el Código Penal Venezolano y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales respectivamente.

El señalamiento lo hace el abogado penalista Rafael Quiñones, quien afirma que existen indicios de fraude electoral que llevan a pensar en la comisión de tales delitos por parte de autoridades del CNE.

Uno de esos indicios, acota Quiñones, son los recientes señalamientos de la empresa Smartmatic, en los que se denuncia manipulación de los resultados de las elecciones del #30Jul.

Sin embargo, el abogado penalista llama la atención sobre un punto. Considera que las rectoras del poder electoral habrían cometido dos delitos de mayor gravedad: conspiración contra la forma republicana del Estado y violaciones de tratados internacionales.

Quiñones señala que, en compañía de cuatro abogados más, el pasado 22 de junio denunció ante el Ministerio Público (MP) a las rectoras del CNE por conspiración y violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Estatuto de Roma. Dice que se presume la comisión de estos delitos por llevar adelante un proceso inconstitucional como el de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Explica el abogado que el delito de conspiración, contemplado en el artículo 132 del Código Penal, sería el delito de mayor gravedad, que acarrearía una pena de 10 a 15 años de privación de libertad. A partir de este delito se aplicaría un proceso de “dosimetría de la pena”, proceso que consiste es dosificar las penas correspondientes a los otros delitos, partiendo del delito más grave que se haya cometido.

Descarta, en este caso, la existencia de delitos de lesa humanidad y considera que el delito de asociación para delinquir -de acuerdo con la Asociación de Palermo- no aplicaría para un ente del Estado, pues es un delito aplicable especialmente a organizaciones delictivas.

“Más que asociación para delinquir, en este caso estaríamos ante un delito de agavillamiento contemplado en el artículo 232 del Código Penal, que es cuando dos o más personas se asocian para cometer delitos”, consideró el abogado penalista.