Expertos de la ONU exigen que nombramiento del fiscal general y del defensor del pueblo sea basado en mérito e integridad

Expertos independientes de las Naciones Unidas instaron al Gobierno de Delcy Rodríguez a garantizar que el mérito y la integridad comprobados constituyan la base para la designación de las nuevas autoridades de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, cargos que se tiene previsto sean renovados este viernes 27 de marzo.

Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados, y Mary Lawlor, relatora especial sobre Defensores de los Derechos Humanos, destacaron el rol clave de estos puestos en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.

“Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho, la Asamblea Nacional y todos los actores relacionados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de acuerdo con las normas aplicables”, señalaron las expertas.

Los nombramientos se producen tras la renuncia, a finales de febrero, de Tarek William Saab como Fiscal General y de Alfredo Ruiz como Defensor del Pueblo. En el pasado, según las relatoras, estos procesos se realizaron “al margen de los procedimientos establecidos constitucionalmente y en contravención de las normas mínimas de mérito, transparencia, independencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”, con la reelección reiterada de las mismas personas.

Las expertas hicieron un llamado para que la sociedad civil y los defensores de derechos humanos participen activamente en los nombramientos, y que sus aportes se tomen en cuenta al evaluar los perfiles de los candidatos.

Además, recomendaron que Venezuela publique los criterios de mérito para ambos cargos y realice una evaluación transparente de todos los postulantes con base en esos estándares.

“Venezuela debe iniciar una nueva era y designar a los mejores perfiles que cumplan con los criterios requeridos para estos puestos clave”, advirtieron.

Como medida mínima, agregaron, ninguna persona contra la que existan acusaciones creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos —en especial aquellas vinculadas a la criminalización, detenciones arbitrarias o tortura— debe ser preseleccionada ni designada sin una investigación independiente y exhaustiva previa. Las relatoras enfatizaron que tanto la Fiscalía como la Defensoría deben ofrecer resultados concretos a la sociedad, particularmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos de poder.

“El primer paso debe ser un proceso de selección transparente y objetivo, así como el nombramiento de personas cuya independencia, competencia y compromiso sean reconocidos por toda la sociedad venezolana”.

Finalmente, las expertas consideraron esta oportunidad como un primer paso para reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia un sistema de justicia independiente y una institución nacional de derechos humanos sólida.

Los Procedimientos Especiales de la ONU, del que forman parte estas relatoras, son mecanismos independientes del Consejo de Derechos Humanos que abordan situaciones de países o temas temáticos. Los expertos actúan de manera voluntaria y a título personal, sin recibir remuneración de la ONU.

Las expertas ya se comunicaron con las autoridades venezolanas para transmitir sus preocupaciones. La información completa sobre el comunicado está disponible en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.