En siete días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficialista ordenó el enjuiciamiento de 10 parlamentarios de oposición, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) les arrebató la inmunidad, tres de ellos pidieron protección en embajadas y uno, el primer vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y privado de su libertad en un fuerte militar.
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Las viviendas de al menos 16 diputados amanecieron, este viernes 10 de mayo, rayadas con amenazas en las fachadas y Gregorio Graterol y Luis Lippa denunciaron el acoso de patrullas del Sebin.
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La arremetida contra el Poder Legislativo responde al alzamiento cívico-militar del 30 de abril que buscó poner fin al régimen de Nicolás Maduro.
Para la doctora en ciencias sociales y politóloga María Puerta Riera, las acciones del máximo tribunal –que controla Maduro- suponen la disolución a cuentagotas de la Asamblea Nacional.
“El proceso de disolución se está haciendo a cuentagotas. Vimos los primeros intentos con la suspensión de los representantes de los pueblos indígenas (en diciembre de 2015), ahí se vio claramente la intención del gobierno de desconocer a la mayoría de la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Con la persecuciones a legisladores se intentó disminuir la mayoría y por supuesto la Constituyente y el abandono (de las curules) de los diputados oficialistas fue parte de la estrategia”, explica.
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Para Riera, la acción de Maduro puede compararse con la del dictador peruano Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso de su país en 1992, pero advierte que la diferencia está en que el sucesor de Hugo Chávez reviste sus acciones con una apariencia jurídica. “Lo de Fujimori fue frontal, pero esto es una disolución por etapa. A la larga el resultado es el mismo: un Poder Legislativo disminuido o inexistente”, sostiene.
“Maduro entiende que la neutralización de la Asamblea Nacional ha sido posible gracias a la vía judicial y con eso busca lucir fortalecido”, agrega.
El líder opositor Juan Guaidó denunció la pretensión de “desintegrar” el Parlamento y advirtió que si el oficialismo decide cerrar por completo el Legislativo entonces evaluaría pedir ayuda militar a Estados Unidos.
Este 9 de mayo le dijo a sus aliados que Maduro cruzó la línea roja para activar la cooperación internacional en suelo venezolano, aunque diferenció está acción de una intervención.
“Hay algo que no se está entendiendo: Estados Unidos no está interesado en intervenir en ningún país, esta administración ha decidido ir retirando tropas en otros conflictos que tienen años y, entre las principales razones por los que la gente votó por Donald Trump fue porque se comprometió a reducir la presencia militar en otros países. Trump no tiene ninguna intención de actuar en ningún otro país. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos no creen en la posibilidad remota de intervenir en Venezuela”, argumenta.
Insiste en que la oposición debe hablar con claridad a sus seguidores sobre el artículo 187, numeral 11, de la Constitución: “Este artículo no se refiere a una intervención para restablecer el orden político, tampoco existe en el ordenamiento legal internacional una medida que obligue a otros países a actuar militarmente porque el principio de soberanía está por encima de eso. Se está presionando para que Guaidó dé un paso que no garantiza nada, el artículo no es un mandato para ningún país”.
Subraya que la línea del Consejo de Seguridad de la ONU, única instancia que puede autorizar una acción de fuerza, “no va en esa dirección”.
Y aclara: “Cuando se habla de cooperación militar internacional se habla de ayuda humanitaria y de apoyo a los migrantes venezolanos”.
Negociación, opción más viable
La politóloga considera que el gran reto de Juan Guaidó es “balancear la presión interna con la mesura de los tiempos de la diplomacia”.
“Lamentablemente un sector de la oposición tiene la convicción de una salida militar extranjera, mientras que para el otro, la negociación es la opción más viable. Conciliar esos dos sectores es la tarea de Guaidó y no es nada fácil”, expone.
“La pelota está ahora del lado del Grupo de lima y del Grupo Internacional de Contacto. El Gobierno de Maduro siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero no ha negociar una transición democrática y ahí es donde estos grupos tienen que hacer el esfuerzo porque hasta ahora Estados Unidos y Canadá han sido los únicos países que se han comprometido con los sanciones, pero los demás no y esa presión tiene que venir para forzar a Maduro a negociar”, señala.
Foto: france24.com