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La novena Cumbre de las Américas comenzó con la promesa de lograr avances en materia migratoria. Sin embargo, el discurso oficial de algunos países de la región, como México y Estados Unidos, apunta más bien a un retroceso, opinan expertos consultados.

“Lo que esperamos ver en la declaración (que van a suscribir los países en la Cumbre) son compromisos más enfocados en el acceso a la protección y otras vías legales para personas migrantes en necesidad de salir de sus países de origen”, declara a Efecto Cocuyo Maureen Meyer, vicepresidenta de Programas de la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

No obstante, la representante de esta organización de derechos humanos cuestiona: “Preocupa que hasta el momento el enfoque principal de EEUU y de varios países es de control migratorio a costa de los derechos de las personas migrantes y del acceso a la protección”.

Políticas restrictivas

La antropóloga, especialista en Desarrollo Internacional de la American University, considera que la Cumbre es una oportunidad para que los gobiernos de la región se comprometan a revertir políticas de aplicación de la ley inhumanas y contraproducentes.

Pero el anfitrión de este foro internacional: Estados Unidos, a través del subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, ha adelantado que van a invertir recursos en países “que están en la lucha contra la inmigración irregular”.

Dentro de esta «migración irregular» entran las personas migrantes que no tienen documentos, una situación que ha provocado, en algunos casos, la vulneración de sus derechos aunque necesitan protección internacional. Es por esto que Acnur emitió exhortos, en 2018 y 2019, para que los países reconocieran la condición de refugiados de los venezolanos.

Actualmente, Venezuela es el segundo país con el mayor número de desplazados en el mundo, después de Siria, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La Declaración de Cartagena, adoptada por 15 países de la región, establece los motivos por los cuales una persona debe recibir protección internacional.

“La expectativa deseable es que haya consenso para la protección de los migrantes y refugiados, pero desafortunadamente el consenso que hay es para impedir la migración a través de la externalización de fronteras”, advierte el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Eduardo Trujillo Ariza.

El abogado destaca que el «Acuerdo de “Los Ángeles para Migración y Protección” que resulte de esta Cumbre debe garantizar que se cumpla el principio de no devolución (prohibición de expulsar a una persona a la frontera del país donde corre peligro) y la asistencia humanitaria a la población vulnerable.

“Se debe evitar las detenciones arbitrarias y las deportaciones en caliente, se les debe permitir a las personas el acceso a refugio y a pedir asilo”, destaca.

De la contención a la integración

“La visión transnacional del abordaje de la migración debe partir desde la protección de los derechos humanos, no para contener la migración sino para proteger los derechos de las personas”, destaca Claudia Interiano, coordinadora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático.

La abogada participó en el seminario «De la Contención a la Integración», que organizaron varias organizaciones regionales de derechos humanos este 7 de junio, y alertó que la militarización de las fronteras abrió la puerta a muchas ilegalidades que han documentado en el informe Bajo la Bota Militar.

Interiano destacó que en la Cumbre la sociedad civil y las personas migrantes no tienen un papel protagónico: “Esa es una gran ausencia si se quiere desarrollar un enfoque de derechos humanos, no se puede abordar el tema migratorio solo desde un sector”.

“Es un riesgo que esta Cumbre termine con una declaración meramente discursiva, el hecho de que la sociedad civil no esté presente puede indicar hasta donde hay voluntad para aplicar las políticas necesarias de protección”, agregó.

En esto coincide Meyer, quien opina que no se está escuchando la voz de la sociedad civil: «Queremos ver cómo participa la sociedad civil y las personas migrantes impactadas en estas discusiones, hasta el momento hemos visto discusiones sobre todo entre los gobiernos, no se escucha mucho la voz de la sociedad civil. La sociedad civil no es una parte integral del diálogo oficial».

Propuestas

La Fundación para la Justicia, junto a otras organizaciones regionales, suscribieron un documento en el que plantean propuestas y demandas concretas a los gobiernos que asisten a la Cumbre:

1️⃣ Generar acuerdos específicos con base en el respeto a estándares de derechos humanos para garantizar un tránsito seguro y atender a población en movilidad, desde el sur hasta el norte del continente.

2️⃣ Conformar un mecanismo regional que atienda la violencia y la criminalidad organizada transnacional alrededor de la migración. 

3️⃣ Crear una comisión especial de investigación de masacres contra personas migrantes que debe contar con el apoyo de expertos que colaboren bajo un actuar interinstitucional y transnacional.

4️⃣ Implementar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito en 2018, por la mayoría de los Estados que participan en la Cumbre.

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“Desde la sociedad civil se ha propuesto una convención americana especializada en temas migratorios para generar una legislación regional, a nivel de tratado internacional, que refuerce aspectos contenidos en la Declaración de Cartagena”, destaca Trujillo Ariza.

Human Rights Watch señala que cualquier acuerdo que sea firmado en la Cumbre debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a abusos”.

La organización internacional hace seguimiento a la frontera sur de México, específicamente en Tapachula, donde constató abusos contra las personas que piden refugio. 

“Lo que pasa en Tapachula demuestra la falta de interés del gobierno mexicano de invertir, la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) está rebasada, el fenómeno de Tapachula tiene que ver con políticas migratorias mexicanas, pero también muestra cómo se trata de un fenómeno que debe ser atendido por varios gobiernos para ampliar la capacidad”, expone Meyer de Wola.