División de Avanzada Progresista abre la puerta a la judicialización del partido

POLÍTICA · 12 MARZO, 2022 12:19

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Ibis Leon | @ibisL


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El Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista (AP), que encabeza Luis Romero, alerta sobre la judicialización del partido en un acta suscrita el pasado 7 de marzo a la que tuvo acceso Efecto Cocuyo. ¿La razón?, el Comité alega que el presidente de la organización política, Henri Falcón, impuso nuevas autoridades mediante un acto político “írrito”.

Mientras que dirigentes como Eduardo Semtei aluden públicamente a la intervención del Poder Judicial: “Falcón judicializa en el CNE. Yo judicializo en el TSJ. Él judicializa en la MUD (Mesa de la Unidad Democrática). Nosotros judicializamos en los medios”.

Desde la otra acera, la dirigente de AP Fanny García –quien sustituye a Romero como secretaria general del partido– sostiene que la elección de los nuevos representantes se hizo apegada a derecho y fue refrendada por la militancia legítima. Asegura que los intereses personalistas de algunos miembros malograron el consenso político y llevaron a Falcón a recurrir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para zanjar la disputa.

Cronología de la crisis

El motivo principal que enfrenta a estos dos sectores de AP es la cuestionada legitimidad de la asamblea que fue convocada el 5 de marzo para renovar las autoridades. La polémica está asociada a la validez -que algunos dicen que tienen y otros que no- de los dos representantes judiciales que figuraban en los estatutos del partido: Juan José Molina y Oswaldo Rojas, quienes son los que autorizan a Falcón a convocar la asamblea.

El ala Romero argumenta que Molina no vive en Venezuela y dejó de militar en AP desde hace aproximadamente cinco años. Mientras que Rojas renunció al partido. “Quedando así sin respaldo la supuesta delegación de funciones de estos señores en Henri Falcón”.

El ala Falcón contraargumenta diciendo que los estatutos que estaban vigentes antes de la asamblea del 5 de marzo (fueron reformados en el mismo acto en el que se escogieron a los nuevos representantes) obligaban a Falcón a solicitar la autorización de estas dos personas, que seguían registradas ante el CNE como representantes legales, y tanto Molina como Rojas enviaron sendas comunicaciones al CNE dando luz verde para que se realizara el proceso interno.

Otra acción que cuestionan Romero y el sector que lo respalda es que Falcón desconoció un supuesto preacuerdo político que establecía que iban a reformar los estatutos (considerados antidemocráticos) y definir las bases electorales (se planteó actualizar el censo de los militantes) antes de elegir a las nuevas autoridades. Pero, en su lugar, llevo a cabo un acto exprés.

A este señalamiento, Fanny García responde: “La reforma estatutaria era una deuda del partido, era una necesidad, y para poder hacerla teníamos que aplicar el estatuto que estaba vigente, aunque consideráramos que era vetusto. Lo que pasa es que algunos compañeros de ese Comité, que ya tenía vencido su periodo, querían que la reforma del estatuto no se hiciera en asamblea sino a puerta cerrada, pero nosotros no estamos de acuerdo con negociar la democracia interna del partido”.

La composición de la asamblea también está sujeta a discusión porque los que se oponen advierten que fue conformada por exmilitantes y personas que habían sido destituidas en el pasado. Además, señalan que se convocó desconociendo la opinión del Comité Ejecutivo y de 15 secretarios generales regionales.

Informe ¿fantasma?

A la disputa se sumó la filtración de un informe que supuestamente es de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi) del CNE en el que se determina que los supuestos representantes legales del partido no pueden delegar sus funciones en Falcón porque no existe en los estatutos de AP la figura de delegación de funciones y, en este sentido, esta es una acción “nula de toda nulidad”.

Copafi también recomienda en ese documento que Henri Falcón y Luis Romero se pongan de acuerdo y convoquen una nueva asamblea que tenga como único punto la reforma estatutaria de esa organización.

Sin embargo, Falcón salió al paso denunciando que ese informe no tiene firma ni fecha ni tiene carácter oficial porque no había sido aprobado por el rector Enrique Márquez cuando empezó a circular en los medios de comunicación. Fanny García asegura que en el CNE les dijeron que ese informe es «apócrifo». 

Rompe filas con la Alianza Democrática

La recomposición de las alianzas políticas también justificaría los cambios vertiginosos que ha atravesado el partido y las fracturas internas. El dirigente de AP Bruno Gallo señala que Falcón había propuesto revisar las relaciones con la Alianza Democrática (sector integrado por la oposición moderada que no respalda a Juan Guaidó).

En su lugar, el presidente del partido planteaba explorar nuevas alianzas con Lápiz, Fuerza Vecinal y el G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo).

Luego, sorpresivamente, anunció la ruptura definitiva de Avanzada Progresista con la Alianza Democrática. “No sé a qué presiones está sometido, pero él no había planteado una ruptura sino una revisión”, sostiene Bruno.

Estas coaliciones pueden ser determinantes en los próximos eventos electorales como las presidenciales 2024 y es bien conocida la aspiración de Falcón de ser presidente de la República.

“En este momento hay dos partidos (…) lo que creo es que esto llama la atención sobre la necesidad de construir partidos sin propietarios que tengan una conducción colectiva. No puedes ser un demócrata si pretendes siempre imponer tu palabra. No solo está en juego la democracia interna de un partido sino la concepción de democracia en general”, expresa Bruno.

Luis Augusto Romero subraya que no desconocen el liderazgo de Falcón y que están conscientes de que es el activo más importante que tiene el partido. Incluso adelanta que de postularse como candidato presidencial no tiene dudas de que sería respaldado por el partido.

No obstante, cuestiona lo que en su opinión constituyen prácticas caudillistas: “No puedes ir por el país hablando de diálogo y negociación si no practicas eso a lo interno de tu organización política. Los partidos políticos democráticos no pueden tener un amo ni un dueño. Eso es absolutamente incompatible”.

Sobre la judicialización del partido, Romero tiene una postura más conciliadora: “Abogamos por una solución política, un acuerdo interno. Todavía hay tiempo”.