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Familiares de los Rodríguez-Torres dijeron que la vivienda de la pareja fue allanada sin orden judicial y hubo "hurto de pertenencias"
La lista de detenciones arbitrarias suman ahora a los esposos Elizabeth Rodríguez y Juan Torres, ambos médicos y colaboradores de la organización política Vente Venezuela, en el estado Trujillo, detenidos el miércoles 10 de septiembre cuando se dirigían a su sitio de trabajo.
De acuerdo con la denuncia del partido, que lidera María Corina Machado, y familiares de la pareja, Elizabeth Rodríguez, de 63 años de edad, y Juan Torres, 61 años y coordinador del movimiento Renovación Ciudadana, fueron arrestados por funcionarios de la GNB, policía del estado Trujillo, Sebin y divisiones DAET DIP de la Policía Nacional Bolivariana.
En un post subido a X, Provea detalla que tras la detención, la vivienda fue allanada sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público, procedimiento durante el cual «se produjo hurto de pertenencias y detrozos a la propiedad privada, de acuerdo con lo denunciado por los familiares».
Agregan que los Torres-Rodríguez fueron trasladados el viernes a la sede del Conas en El Paraíso, en Caracas.
«Elizabeth es hipertensa y Juan es diabético, por lo que deben tomar tratamiento permanente para resguardar su salud», advirtió el Comité de Vente Venezuela, que exigió su «libertad inmediata».
Este sábado, el partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció el paradero desconocido desde el pasado viernes de Macario González, miembro de su dirección nacional y exalcalde del municipio Iribarren, estado Lara.
«Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición», alertó VP en su cuenta de X, al tiempo que exigió saber dónde está González, de 73 años, y el «respeto a su integridad física y moral».
En este contexto, afirmó que la «persecución» continúa «escalando» contra quienes «luchan por una Venezuela libre» junto a los líderes opositores Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio, y Machado, en la clandestinidad.
En agosto pasado, Provea denunció que en el país ha habido un «incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente» y «sometidas a largos períodos de incomunicación», sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su «paradero o condiciones de reclusión».
Provea también exigió entonces a las autoridades «determinar las responsabilidades» por «estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas», con el fin de «imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición».
Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.
Con información de EFE