Nula por inconstitucional declaró la Comisión Delegada Legislativa a la providencia 001-2021 que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a inscribirse en el Registro Único de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Los integrantes de la Delegada aprobaron un acuerdo parlamentario este martes 4 de mayo que establece:
Primero: Rechazar de forma categórica la Providencia Administrativa N° 001-2021, publicada en Gaceta Oficial No 42.098, de fecha 30 de marzo de 2021, emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual resulta nula al contrariar los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 2, 20, 25, 49.2, 55, 60; y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los artículos 8, 11 y 16.
Segundo: Hacer un llamado a la sociedad civil organizada, que por medio de sus organizaciones han denunciado las violaciones y persecuciones del régimen de Nicolás Maduro, a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y de las víctimas, apegándonos al artículo 350 constitucional, desconociendo la precitada Providencia que resulta contraria a nuestro texto Constitucional y busca atemorizar a las ONG en Venezuela.
Tercero: Denunciar ante la comunidad nacional e internacional, esta grave situación que vulnera una vez más el Estado de Derecho y la Democracia en nuestro país; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sostiene que la intención de la norma no es luchar contra la legitimación de capitales sino controlar y limitar a las organizaciones, lo que afecta el trabajo humanitario que implementan como socios locales de la ONU en el país.