Tal como sostenían y adelantaron muchos rumores e informaciones extraoficiales, la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, informó al país la designación del general del Ejército Gustavo González López como nuevo ministro del Poder Popular para la Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López.
La funcionaria publicó el anuncio en la plataforma X y expresó reconocimiento a Padrino López, quien ocupó el puesto durante más de una década.
“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez.
La mandataria añadió que Padrino López asumirá con el mismo compromiso y honor «las nuevas responsabilidades» que le encomendarán. Este relevo en el Ministerio de Defensa confirma versiones que circulaban desde hace semanas sobre ajustes en la cúpula militar del Ejecutivo.
González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y actual comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sustituye a Padrino López en un contexto de estabilidad institucional que el Gobierno chavista mantiene como prioridad.
La designación se produce sin mayores detalles sobre las causas del cambio ni sobre las funciones específicas que Padrino López desarrollará en adelante.
En la mira de los DDHH
El general en jefe del Ejército ha sido sancionado por violación a los derechos humanos por parte de EE.UU. y la Unión Europea (UE).
González López, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En el pasado, el militar estuvo dos veces al frente del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como director general, primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro.
Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.
Protestas de 2014
En 2020, la misión de Naciones Unidas dijo haber encontrado «motivos razonables para creer» que González López «tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el Sebin a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual».
La misión ha pedido investigar al militar y aseguró haber recibido información de testigos sobre «relaciones de confianza» entre González López y el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, de quien recibía «órdenes directas».
Tampoco es la primera vez que González López ocupa un cargo ministerial, ya que fue titular de Interior entre 2015 y 2016.
EEUU, Canadá, Suiza y la UE
El nuevo responsable de Defensa fue sancionado por EE.UU. en 2015, durante el Gobierno del entonces presidente Barack Obama, que lo acusó de haber participado de forma directa o indirecta en actos represivos que constituyen un «abuso serio» o violación de los derechos humanos.
La Casa Blanca señaló entonces que, bajo su dirección, el Sebin tuvo un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales, y hasta la fecha continúa en la lista de sancionados de la OFAC.
González López, quien también fue asesor de Seguridad e Inteligencia de Maduro, fue sancionado por Canadá en 2017 junto con otros 39 nombres como Maduro, Padrino López y Cabello, a quienes el Gobierno del país norteamericano señaló entonces como responsables «del deterioro de la democracia en Venezuela».
Un año después, en 2018, fue sujeto de sanciones por parte la UE y Suiza también por violaciones a los derechos humanos.