Delcy Rodríguez anuncia visita de sus diplomáticos a Washington y pronta aprobación de ley de minas
La presidenta encargada solicitó a Trump eliminación de las sanciones
La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática de su gobierno viajará esta semana a Washington para avanzar en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”, indicó durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal VTV.
En el mismo acto, Rodríguez reiteró el pedido al presidente Donald Trump. “Le hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó.
La funcionaria auguró además que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas. El proyecto se encuentra en la fase de segunda discusión y podría abrir la inversión privada y extranjera en el sector.
Rodríguez señaló que esta ley permitirá el avance en “estándares y protocolos internacionales” de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal.
La semana pasada, el Parlamento aplazó la segunda discusión del proyecto. Los diputados continúan el debate este martes, según información de Prensa AN.
De recibir el aval parlamentario, la iniciativa reemplazará a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante un decreto, tras recibir poderes especiales del Legislativo.
El pasado 9 de marzo, el Legislativo aprobó el proyecto en primera discusión. Esto ocurrió días después de la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.
La presidenta encargada aseguró que este es un “buen momento” para invertir en Venezuela. Prometió a los inversionistas garantías de seguridad jurídica y política, así como “estabilidad y tranquilidad” para que las inversiones “puedan desarrollarse ampliamente”.
