Más de 70 organizaciones promotoras y defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela solicitaron a los 14 cancilleres de la región latinoamericana, que se reunirán este martes 8 de agosto en Lima (Perú), exigir al Gobierno venezolano la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada en el país el pasado viernes 4 de agosto.
La solicitud forma parte de una serie de peticiones que las organizaciones dieron a conocer durante la mañana de este lunes 7 de agosto; entre ellas:
- Que los diversos países de la región presionen para que se investiguen las denuncias de fraude por parte del Poder Electoral.
- Que se les permita el ingreso al país a los relatores de la situación de los Derechos Humanos de la región.
- Que se establezca un calendario electoral pero con garantías.
- Que se respeten los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y de manifestación pacífica.
- Que cese el enjuciamiento en tribunales militares en contra de los manifestantes.
- Que cese todo acto de persecución y criminalización contra los sectores disidentes y contra los activistas en el país.
- Que se le exija al Gobierno permitir la ayuda humanitaria que permita a las personas acceder a alimentos y a medicinas.
- Que se realicen las gestiones necesarias para que los países asuman, con estándares en derechos humanos, la crisis migratoria producto de la crisis venezolana, pues preocupan las peticiones de refugio y de asilo que no están siendo contestadas por los Gobiernos de la región.
- Que haya mayor posibilidad de acceso a la información pública, y el Estado venezolano rinda cuentas sobre las denuncias de malversación de recursos que ha afectado la vigencia de los derechos sociales en Venezuela.
Además de estas peticiones, Rafael Uzcátegui, directivo de Provea, expresó la preocupación que tienen las organizaciones defensoras de DDHH sobre la posibilidad de que se apliquen sanciones económicas contra Venezuela.
“Estamos en contra de la imposición de sanciones contra el país que agraven la situación económica y social. Este tipo de sanciones no son eficaces para debilitar a los autoritarismo”.
Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penar Venezolano, dijo que los activistas de derechos humanos y la sociedad civil en general “reclamaban”, con carácter de “urgencia”, un mensaje claro a los líderes políticos venezolanos sobre las acciones en el ámbito político.
Más que de “unidad”, el abogado cree necesario hablar de “coincidencia”. Afirmó que la mayoría de los venezolanos coinciden en que hay dudas sobre el carácter democrático de la elección de la ANC y de la existencia de un fraude en dicho proceso electoral. Esas coincidencias son las que deben orientar las acciones políticas que se lleven adelante.
Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar los cambios que la ANC ha realizado en el Ministerio Público venezolano. Dijo que “el Estado venezolano no se cambia a través de procedimientos poco claros y antidemocráticos”.
Sobre la designación de Tarek William Saab como Fiscal General de la República, y de Alfredo Ruiz como Defensor del Pueblo, De Freitas sostuvo: “No aceptamos la ANC como instrumento para cambiar el Estado y para nombrar autoridades del Poder Público”.
Sinergia, Ciudadanía Activa, Sin Mordaza, Civilis, Asamblea de Educación y Fenasopadres son algunas de las ONG’s que, junto a Provea, Foro Penal Venezolano y Transparencia Venezuela, avalaron estas declaraciones.