Una denuncia contra la jueza del Tribunal 2° de Terrorismo, Grendy Duque, por condenar «sin pruebas» a seis sindicalistas a 16 años de cárcel, introdujeron abogados defensores, dirigentes de la Coalición Nacional Sindical y la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, ante la Inspectoría General de Tribunales.
«La jueza Grendy Duque desde un primer momento sabía de todos los documentos nacionales internacionales que acreditaban a estos seis luchadores sociales como sindicalistas, esto fue introducido en el Tribunal 2° de Terrorismo, el primer día que la jueza conoció del caso y le solicitamos que los juzgara, atendiendo el principio de libertad, se negó y nos sorprende con esta sentencia aberrante de 16 años, por lo tanto la estamos denunciando en las instancias internas», informó el abogado Eduardo Torres.
Acompañado de otros abogados defensores, sindicalistas y familiares de los detenidos, Torres indicó que la denuncia contra la jueza también se eleva a instancias internacionales a saber, Naciones Unidas (ONU), la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por tratarse del crimen de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento de la disidencia política.
Los sindicalistas Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez fueron sentenciados a 16 años de cárcel, luego de un año de detención y permanecen recluídos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, en Caracas. Fueron sentenciados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Al presentar la denuncia, se explicó que la Inspectoría General de Tribunales es competente para iniciar de oficio o por denuncia, las investigaciones contra los jueces, admitir las denuncias y practicar las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Piden a Corte de Apelaciones corregir sentencia
«La preocupación es muy grande y la indignación es aún mayor, por eso estoy aquí como magistrada emérita del TSJ, como juez de carrera que fui toda la vida y no puedo dejar pasar este horror de condena, contraria al derecho, sin pruebas, sin debido proceso y que es una criminalización del derecho a asociarse y a defender los derechos laborales», expresó Mármol.
Agregó que los sindicalistas condenados de manera injusta solo participaron en protestas para exigir reivindicaciones laborales, luego de lo cual son detenidos y posteriormente se habla de los delitos supuestamente cometidos, lo cual, advirtió, es un procedimiento irregular. Rechazó que se considere que pertenecer y actuar en nombre de un sindicato haya sido considerado como una asociación para delinquir y que la defensa de los derechos laborales se tache de conspiración.
«No hay ningún respeto por la Constitución y a los derechos del hombre consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto no se puede permitir. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que es una sentencia de primera instancia, todavía hay una apelación, le hago un llamado a la Corte de Apelación a la cual le corresponde decidir para que corrija este error inexcusable que ha cometido esta jueza Grendy Duque», instó la exmagistrada.
Mármol recordó a los jueces del país que también deben responder por sus actuaciones, «los jueces también serán juzgados», advirtió.
Oficina del Alto Comisionado responde a Saab
El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab afirmó el pasado 3 de agosto, que el alto comisionado de DDHH de la ONU, estaba «conforme» con la sentencia contra los detenidos, de quienes además dijo que no eran sindicalistas.
En respuesta a Saab, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH reafirmó este 7 de agosto, su preocupación sobre la criminalización de las protestas en Venezuela, incluyendo las que demandan mejores condiciones de trabajo y derechos laborales y de la defensa de DDHH e indicó que tomaron nota del veredicto que condena a los seis sindicalistas».
Este lunes 7 de agosto, también se realizó una protesta en rechazo a la condena de los seis sindicalistas frente a las oficinas de la ONU en la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, por parte de ONG, organizaciones sindicales, abogados y familiares de los detenidos, luego de lo cual consignaron un documento.