Condenas de cárcel a militares busca enviar un mensaje de control, mientras EEUU ve hacia otro lado 

De 324 presos políticos, según la ONG Foro Penal, 140 son militares (hasta el 29 de septiembre). Otra organización: Justicia, Encuentro y Perdón sitúa la cifra de uniformados encarcelados de manera arbitraria en 196 (incluye cuerpos policiales). 

Pese a las denuncias de abogados defensores y familiares sobre detenciones injustas, falta de pruebas incriminatorias, violaciones al debido proceso y casos de torturas, el 1 de octubre, el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia condenatoria contra al menos siete ex integrantes de la Fuerza Armada (Fanb) por el caso “brazalete blanco”.

Por el mismo caso que alude a un supuesto plan conspirativo militar y de intento de magnicidio contra Nicolas Maduro a inicios de 2024, fueron absueltos recientemente cuatro civiles, entre ellos la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, mientras que a una quinta persona se le otorgó medida cautelar. 

Cinco días después, la Comisión Interamericana de DDHH (Cidh)   reiteró su llamado al Estado a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidas las personas militares, a sobreseerlas o absolverlas según corresponda, y a dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones.

Para analistas del tema militar consultados por Efecto Cocuyo, no existen dudas de que la condena a los militares encierra un mensaje, y es que los exmiembros de la Fanb, señalados por el régimen chavista de conspirar, “no serán perdonados facilmente”, al menos en casos tan sonados. El hecho de que la Ley de Amnistía exceptúe expresamente los delitos de rebelión militar y las condenas por “brazalete blanco” así lo demuestran.

El tutelaje, también coinciden, de momento hace la “vista gorda”, quizás convencido por el interinato de que liberar masivamente a militares o permitir que regresen del exilio puede afectar la estabilización de la Fanb y del pais y por ende, los acuerdos económicos, en una lógica similar a la que se aplica contra el retorno de la líder opositora, María Corina Machado. 

Sentar precedente

“Que liberes a civiles y condenes a militares encierra un mensaje: Si eres militar y conspiras, la máxima sanción será para ti. A los militares se les ve como instigadores y suenan mucho en la opinión pública cuando se trata de estos casos, así que la advertencia es: Cuidado con conspirar porque el gobierno lo asume con severidad”, señala el politólogo Ricardo Sucre.

Juez condena a militares del caso “Brazalete blanco”

A juicio del investigador y experto en el tema militar, mientras la Fanb atraviesa un proceso de cambios, se evita generar ruidos con liberaciones o regreso del exilio de quienes pudieran pedir reincorporación a la Fanb o demandar al Estado venezolano por haber sido objeto de procesos injustos.

“No quieren que se alborote el avispero y poner a raya la actividad conspirativa mientras llega el cambio político o se estabiliza y se queda el interinato. Si llega la democracia, quizás esos casos se vuelvan a revisar similar a lo que ocurrió con militares del 4 de febrero (intento de golpe de 1992) que fueron incorporados, pero mientras tanto se sienta un precedente para evitar que se repitan”, sostuvo. 

Por el caso “brazalete blanco”, el tribunal con competencia en materia de terrorismo, condenó al capitán del Ejército, Ányelo Julio Heredia Gervacio, señalado como cabecilla del plan a  18 años de prisión. Mientras que el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y al también militar Ronald Ferrer Vera recibieron una sentencia de 12 años.

Acusados del delito de encubrimiento, fueron condenados a tres años de prisión la primer teniente Karen Nayarit Gómez, el coronel Carlos Jesús Sánchez, el mayor Guillermo Henry César Siero (hermano de Guillermo Enrique) y la mayor Diana Desirée Victora Justo. 

Para los civiles Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López, además de San Miguel, la Fiscalía pidió la absolución. Jesús Manuel Suárez Gil recibió sentencia de tres años por encubrimiento pero se le otorgó medida cautelar.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 28/09/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 324*
Desde la semana pasada

Hombres: 310
Mujeres: 14

Civiles: 184
Militares: 140

Adultos: 324
Adolescentes: 0

Encarcelaciones 0
Excarcelaciones: 27… pic.twitter.com/rPPP6bPMSU

— Foro Penal (@ForoPenal) September 29, 2026

Mantener control

El hecho de que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026, excluya el delito de rebelión militar de los sucesos de enero a abril de 2019 considerados para el perdón (artículo 8), así como a los procesados por participar en acciones armadas o de fuerza contra la República por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras (artículo 9), no es casualidad para el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y exintegrante de la Fanb, José Antonio Colina. 

La Cidh igualmente ha señalado el “alcance limitado” de la normativa con respecto a las personas militares detenidas por motivos políticos. 

“Casos como el de brazalete blanco, del capitán (r) Juan Carlos Caguaripano (sentenciado a 30 años) y del teniente coronel 𝗜𝗴𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗠𝗮𝗿í𝗻 𝗖𝗵𝗮𝗽𝗮𝗿𝗿𝗼 (detenido desde 2018), demuestran que la revolución tutelada a través de Diosdado Cabello quiere mantener el control del estamento militar con el manejo de presos políticos militares. Las recientes condenas sin pruebas con confesiones obtenidas bajo tortura, ratifican esa postura y buscan justificar la represion”, subrayo Colina.

Colina coincide con Sucre al señalar que el tutelaje de Washington mira para otro lado y deja al aparato represivo operar para no poner en riesgo la estabilidad, en este caso a lo interno de la Fanb. 

“Se cree que si son liberados pueden desestabilizar o afectar la transición política, al igual que Maria Corina Machado. Mientras persista el régimen chavista tutelado o no por EEUU no hay completas posibilidades de libertad plena ni regreso seguro para militares exiliados. Los presos políticos militares no están en el centro de atención en estos momentos”, agregó.

En mayo de 2026, Foro Penal reportó liberaciones plenas de ocho militares (siete sargentos y un general) que llevaban casi 10 años presos tras ser vinculados en 2017 al llamado «Caso Paracaidistas». Entre ellos se encontraba el general Ramón Lozada Saavedra y los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.

En junio, se anunció la excarcelación de 54 presos políticos militares, la mayoría vinculada a la operación “brazalete blanco”. En agosto de 2026 se reportaron nuevas tandas de excarcelaciones que incluyeron que salieron de Ramo Verde -cinco militares según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia- y el Instituto de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.

Sin embargo, Foro Penal alertó que muchos procesos siguen abiertos y quedaron sujetos a medidas alternativas a la privación de libertad, entre ellas presentaciones periódicas, prohibición de salir del país y restricciones para declarar ante medios de comunicación.

¿Qué se sabe sobre el caso Caguaripano?

El silencio del tutelaje 

A juicio de Heredia, EEUU no va a decir mucho sobre estos casos en el actual momento geopolitico mientras “Venezuela no se le embochinche”, por lo que es la sociedad venezolana la que debe exigir respeto al debido proceso y a los DDHH.

El caso “brazalete blanco” ha adquirido mayor notoriedad con las revelaciones de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, sobre la detencion de sus dos hermanos y su cuñada, todos militares activos, para presionarla a firmar sentencias sobre inhabilitaciones políticas, contra dirigentes como María Corina Machado.

Los hermanos de la exvicepresidenta de la Sala Politico Administrativa son Guillermo Enrique César Siero, condenado a 12 anos, Guillermo Henry César Siero, condenado a tres años de prision al igual que su cunada Diana Desirée Victora Justo. La exmagistrada denuncio que fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos. 

“El gobierno de Maduro en su paranoia invento muchos casos y entro en una espiral conspiranoica que le termino pasando factura. El gobierno de Maduro generaba terror. Cabria preguntar a la mesa de dialogo si la reforma de la justicia militar entrara en la reinstitucionalizacion”, expresó el politólogo. 

Explicó que si bien la Fanb ha experimentado cambios tras la derrota del 3 de enero y está menos politizada – aunque persisten consignas ideológicas- y más operacional con Gustavo González López al frente, aún no se sabe hacia dónde se dirige y depende de los resultados del actual proceso de negociaciones. 

Seis presos políticos con penas cumplidas siguen tras las rejas, cinco son militares

Casos emblemáticos

El mencionado como otro de los casos militares mas emblemáticos es el del capitán Caguaripano, catalogado como el “enemigo público del chavismo”. Fue detenido en agosto de 2017 tras asaltar  la Brigada Blindada del Ejército en el Fuerte Paramacay, estado Aragua, y condenado a 30 años de prisión en diciembre de 2025 por los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de armas pertenecientes a la Fanb. Esta recluido en El Rodeo I.

Está pendiente la respuesta de la justicia a la apelacion de su condena. La defensa ha denunciado retrasos, en vista de que el pasado 16 de septiembre venció el lapso legal de 10 días hábiles que tenía la Sala N.º 1 de la Corte de Apelaciones para emitir su fallo. Exige nulidad del juicio y de la condena.

Otros militares como los tenientes coroneles, Víctor Eduardo Soto, Igbert José Marín Chaparro (ambos por expresar malas condiciones internas) y Deibis Esteban Mota Marrero (acusado de rebelion), detenidos desde 2018, cumplieron sus sentencias en septiembre de 2025, pero a la fecha no han sido liberados porque la Fiscalia presento nuevas imputaciones.