La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medida cautelar a favor del Teniente Coronel, excomandante del batallón G/D. Pedro León Torres, en Carabobo, Deibis Mota Marrero, a fin de que el Estado venezolano le garantice sus derechos a la vida y la salud.
La medida otorgada el 31 de octubre de 2022 fue solicitada el pasado mes de enero por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia ante la situación de riesgo, en la que asegura, se encuentra el militar y preso político, detenido desde 2018. La ONG alertó que las condiciones de Mota Marrero podrían agravarse.
«La medida le solicita al Estado Venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad y a la salud del beneficiario, por lo que insta a las instituciones pertinentes que acuerde con los peticionarios, discutir las medidas más adecuadas para detener el daño del cuál es víctima el oficial del ejército», expresó la ONG mediante un comunicado de prensa.
La Coalición por los DDHH destacó que es la primera medida de la Cidh a favor de un venezolano en lo que va de año
Mota Marrero fue apresado en 2018 y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde , tras ser acusado de traición a la patria e Instigación a la Rebelión en el llamado caso de Los Comandantes, sobre conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue condenado a siete años y medio de prisión junto a otros militares, sentencia que fue ratificada en 2020.
«Hasta la fecha el ciudadano Deibis Mota Marrero, lleva cuatro años privado de su libertad en condiciones que han afectado gravemente su salud mental, además durante varios días fue sometido a graves actos de tortura que consistieron en golpes, vejaciones, maltratos psicológicos y golpes en los tobillos con tablas. Durante esos días en los que estuvo desaparecido en la Dgcim no se le permitió dormir y estuvo con las manos esposadas a la espalda y la cara tapada con una capucha», denunció la ONG.
La Coalición desmiente las acusaciones contra Mota Marrero a quien describen como un oficial destacado por tener una conducta ejemplar dentro de la institución castrense, al punto que antes de su detención se desempeñaba como comandante del batallón «G/D. Pedro León Torres», en Valencia, cargo al que aseguran, solo llegan oficiales de comportamiento incuestionable y sólida formación.
Lee más en: Tras siete días aislados fueron privados de libertad 9 militares por traición a la patria
De acuerdo con la ONG Mota Marrero forma parte de la lista de presos políticos que asciende en Venezuela a 302 personas. De la cifra, 185 son militares, lo que subrayó, convierte a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en el grupo con mayor cantidad de privados de libertad del gobierno de Maduro.
«Desde la óptica constitucional las decisiones adoptadas por organismos de protección de derechos humanos deben ser acordadas por el Estado Venezolano, debido a que gozan de rango constitucional según la interpretación que se desprende del artículo 23 del texto», señaló el abogado y miembro de la ONG Kelvi Zambrano.
La medida de la Cidh con el número 54-22 resalta, según la ONG, que en años anteriores tanto la comisión como la Relatoría Especial contra la Tortura, han expresado su preocupación por los riesgos a los que son sometidas las personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares ubicado en Ramo Verde. También se alerta que en Venezuela se ha empleado el derecho penal como un instrumento para perseguir y eliminar a la disidencia política.
«La medida se convierte en otra evidencia más de la sistemática violación de DDHH a las que son sometidos los ciudadanos venezolanos. En lo que va de año la administración de Maduro ha sido duramente cuestionada por distintas agencias de la ONU, como la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos quien afirmó que en Venezuela existe una estructura institucional pensada para perseguir, castigar y hostigar a la disidencia política y a los oficiales que han expresado su descontento en relación a las políticas ejecutadas por la Fanb» reza el comunicado.
Durante su visita a Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro insistió a Maduro sobre el regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de DDHH del cual se salió hace diez años, lo cual implicaría que el Estado venezolano reconozca las competencias tanto de la Cidh como de la Corte Interamericana de DDHH (CorteIDH), algo a lo que Maduro no ha respondido.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medida cautelar a favor del Teniente Coronel, excomandante del batallón G/D. Pedro León Torres, en Carabobo, Deibis Mota Marrero, a fin de que el Estado venezolano le garantice sus derechos a la vida y la salud.
La medida otorgada el 31 de octubre de 2022 fue solicitada el pasado mes de enero por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia ante la situación de riesgo, en la que asegura, se encuentra el militar y preso político, detenido desde 2018. La ONG alertó que las condiciones de Mota Marrero podrían agravarse.
«La medida le solicita al Estado Venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad y a la salud del beneficiario, por lo que insta a las instituciones pertinentes que acuerde con los peticionarios, discutir las medidas más adecuadas para detener el daño del cuál es víctima el oficial del ejército», expresó la ONG mediante un comunicado de prensa.
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Mota Marrero fue apresado en 2018 y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde , tras ser acusado de traición a la patria e Instigación a la Rebelión en el llamado caso de Los Comandantes, sobre conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue condenado a siete años y medio de prisión junto a otros militares, sentencia que fue ratificada en 2020.
«Hasta la fecha el ciudadano Deibis Mota Marrero, lleva cuatro años privado de su libertad en condiciones que han afectado gravemente su salud mental, además durante varios días fue sometido a graves actos de tortura que consistieron en golpes, vejaciones, maltratos psicológicos y golpes en los tobillos con tablas. Durante esos días en los que estuvo desaparecido en la Dgcim no se le permitió dormir y estuvo con las manos esposadas a la espalda y la cara tapada con una capucha», denunció la ONG.
La Coalición desmiente las acusaciones contra Mota Marrero a quien describen como un oficial destacado por tener una conducta ejemplar dentro de la institución castrense, al punto que antes de su detención se desempeñaba como comandante del batallón «G/D. Pedro León Torres», en Valencia, cargo al que aseguran, solo llegan oficiales de comportamiento incuestionable y sólida formación.
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De acuerdo con la ONG Mota Marrero forma parte de la lista de presos políticos que asciende en Venezuela a 302 personas. De la cifra, 185 son militares, lo que subrayó, convierte a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en el grupo con mayor cantidad de privados de libertad del gobierno de Maduro.
«Desde la óptica constitucional las decisiones adoptadas por organismos de protección de derechos humanos deben ser acordadas por el Estado Venezolano, debido a que gozan de rango constitucional según la interpretación que se desprende del artículo 23 del texto», señaló el abogado y miembro de la ONG Kelvi Zambrano.
La medida de la Cidh con el número 54-22 resalta, según la ONG, que en años anteriores tanto la comisión como la Relatoría Especial contra la Tortura, han expresado su preocupación por los riesgos a los que son sometidas las personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares ubicado en Ramo Verde. También se alerta que en Venezuela se ha empleado el derecho penal como un instrumento para perseguir y eliminar a la disidencia política.
«La medida se convierte en otra evidencia más de la sistemática violación de DDHH a las que son sometidos los ciudadanos venezolanos. En lo que va de año la administración de Maduro ha sido duramente cuestionada por distintas agencias de la ONU, como la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos quien afirmó que en Venezuela existe una estructura institucional pensada para perseguir, castigar y hostigar a la disidencia política y a los oficiales que han expresado su descontento en relación a las políticas ejecutadas por la Fanb» reza el comunicado.
Durante su visita a Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro insistió a Maduro sobre el regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de DDHH del cual se salió hace diez años, lo cual implicaría que el Estado venezolano reconozca las competencias tanto de la Cidh como de la Corte Interamericana de DDHH (CorteIDH), algo a lo que Maduro no ha respondido.