En una rueda de prensa realizada este lunes, 24 de septiembre, Avanzada Progresista (AP) exigió al Gobierno nacional “esclarecer las circunstancias” en las que murió Manuel Sojo, dirigente del partido en Apure. El cuerpo de Sojo fue hallado por su familiares el pasado martes 11 de septiembre tras pasar cuatro días desparecido.
Luis Augusto Romero, Secretario General del partido Avanzada Progresista, ofreció las declaraciones en la llamada “Casa de la concertación” otrora comando de campaña de la tolda política. Romero aseguró que Sojo recibió cinco disparos provenientes de “armamento de alto calibre” y resaltó que el Gobierno venezolano “sigue sin dar respuesta sobre el asesinato“, suceso que ocurrió en Elorza, estado Apure.
El Secretario General del partido aseguró que una comisión del partido se trasladará a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir que se nombre un fiscal especial para esclarecer el caso y, especialmente, para que dé respuesta a los familiares de Sojo.
Romero destacó que el Gobierno venezolano intenta “tergiversar la realidad” al acusar a Sojo de contrabandear gasolina en Elorza. “Esa acusación no está demostrada y, en todo caso, eso no justifica un asesinato”, aclaró el Secretario General de Avanzada Progresista.
Luis Augusto Romero exigió respuestas al Gobierno venezolano
Romero criticó las recientes medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. El dirigente político aseguró que “la nivelación forzosa del salario mínimo no satisface al pueblo venezolano”.
Luis Augusto Romero también destacó que, con el ajuste del Gobierno venezolano, se vulneran las escalas salariales y los méritos de los trabajadores que se han formado para ascender en sus respectivas carreras profesionales.
Romero aseguró que, con estas medidas, “el Gobierno pretende esclavizar al pueblo venezolano y amarrarlo al Clap y a las dádivas”.
Otro de los puntos tocados en la rueda de prensa fue la detención ilegal del periodista Isnardo Bravo, quien fue retenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía en la mañana de este lunes 24 de septiembre y, posteriormente, fue trasladado por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la sede de este organismo en Caracas.
“Informar no puede ser un delito en este país”, aseguró Romero, quien exigió la pronta liberación de Bravo y el respeto a su ejercicio periodístico.
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