El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, participó este lunes en la 36ª Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En la videoconferencia plantea al organismo que ante los daños causados por las sanciones internacionales, considere a Venezuela en la aplicación del programa “Mano de la mano”, dirigido a erradicar la pobreza y el hambre de los países.
“Pedimos se considere el Mano de la mano para los países afectados por el bloqueo, por medidas (sanciones) coercitivas unilaterales y que por causas ajenas a su voluntad, deben vivir dificultades que deben ser atendidas por el sistema multilateral, porque esas medidas están contra el derecho internacional público”, asegura Arreaza.
Acompañado por el ministro de Alimentación, Carlos Leal, Arreaza recalcó que no solo Venezuela es afectada por las sanciones internacionales, promovidas principalmente por el gobierno de Estados Unidos, sino países del Caribe y Centroamérica, aliados de la administración de Maduro ante instancias como Petrocaribe. Anunció que la alianza petrolera, creada en 2005, será relanzada “bajo otras modalidades” que permitan enfrentar el bloqueo internacional.
“Pedimos que la FAO implemente mecanismos para que todos los países por igual tengan acceso a los recursos financieros y materiales necesarios para garantizar el derecho al desarrollo y a la alimentación, rechazamos las sanciones internacionales que básicamente afectan ese derecho. El llamado a la FAO también es para que asuma posición conjunta sobre la materia”, insta el funcionario.
Denuncia
Pese a las peticiones, Arreaza destacó como logro el hecho de que bolsas con alimentos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) llegue a 7 millones de familias una vez al mes. Afirmó que por medidas como esa, la administración de Maduro ha impedido una crisis alimentaria en Venezuela en medio de la pandemia por COVID-19 y a pesar de las sanciones. De las incidencias del virus, también dijo que el país es uno de los que tiene mayor control sobre el número de contagios por coronavirus en América del Sur.
“El gobierno trabaja para atender la demanda alimentaria. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) está siendo fortalecido, estamos trabajando propuestas con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, hicieron propuestas y nosotros contra propuestas y esperamos respuesta para seguir avanzando. Las compras públicas y las importaciones han sido protegidas”, subraya.
De acuerdo con la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), hasta marzo de 2020, 88 % de los hogares reportaron preocupación porque los alimentos se acabaran en su hogar. En medio de la pandemia de COVID-19, solo 7 % no estaba preocupado porque los alimentos se acabaran, mientras que 83 % dejó de tener una alimentación saludable. Según el estudio, 74% de los hogares consultados presenta inseguridad alimentaria entre moderada y severa.
Igualmente aseguró que la reciente aprobación de la Ley Antibloqueo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) permitirá tomar medidas en materia alimentaria, puesto que los recursos que se generen producto de la aplicación de la normativa estarán destinados, prometió, a profundizar programas al respecto y a reactivar la producción.
Aprovechó la ocasión para invitar a que se investigue el destino de más de 650 millones de dólares donados por Estados Unidos y de una cantidad similar proveniente de la Unión Europea (UE) para migrantes vulnerables en otros países, porque, denunció, ese dinero no ha llegado a quiénes más lo necesitan. En cambio, compara, el gobierno venezolano ha recibido y atendido a 200 mil ciudadanos retornados por las fronteras en medio de la pandemia.