El 03 de noviembre se cumplió un año de la firma del Memorando de Entendimiento de las autoridades venezolanas con el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Doce meses donde el sistema de justicia venezolano, siguiendo el guion elaborado por la cúpula gobernante, disimuló que aparentaba investigar los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el país al menos desde 2014.
Mucho teatro y nada de justicia. Son intocables los más altos responsables de los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. El país tiene una Defensoría complaciente y una Fiscalía sin voluntad de investigar los mandos políticos y operativos que orientaron o supervisaron e incluso pudieron haber ejecutado tales crímenes.
Un gobierno acostumbrado a manejar el sistema de justicia a su antojo se ha encontrado con una institución que actúa con independencia, sin dejarse llevar por presiones ni permitir ser engañada con promesas.
El Memorando de Entendimiento suscrito en 2021 es muy preciso en cuanto a que la responsabilidad principal de investigar y sancionar es de las instituciones venezolanas. Si estas no actúan o su actuación es insuficiente, corresponde a la Corte Penal realizar ese trabajo.
Precisamente por la poca voluntad que se ha podido constatar de evitar la impunidad, el pasado 01 de noviembre el Fiscal Karim Khan de la CPI ha solicitado ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte una autorización para continuar la investigación. La misma se había paralizado algunos meses a solicitud del gobierno venezolano. Supuestamente adelantarían todos los esfuerzos, gestiones y acciones para investigar. La realidad es que fue solo teatro.
Acostumbrados a una justicia que amoldan -como plastilina- a sus intereses, a sus necesidades de perpetuarse en el poder y ejecutar persecución por motivos políticos, pensaron que podían engañar al Fiscal Khan. Lo cierto no solo es que ha faltado disposición para garantizar a las víctimas justicia, sino que los crímenes y violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo. Persisten las denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Adicionalmente, siguen las amenazas de encarcelar a destacados dirigentes políticos de la oposición y el acoso de funcionarios policiales a líderes sociales.
A su vez maquillaron el Tribunal Supremo de Justicia, que continúa como instrumento al servicio del Ejecutivo Nacional. Posiblemente mantengan esa política de aparentar cambios. Existe la obligación constitucional de renovar en pocos meses al Defensor del Pueblo y Fiscal General; y no se notan pasos serios para realizar una elección de acuerdo con los mandatos de la Constitución. Pareciera que se quiere garantizar que tales cargos lo ocupen nuevamente aquellos comprometidos con los intereses gubernamentales.
Desde la firma del Memorando de Entendimiento nada significativo ha cambiado para que resplandezca la justicia. La palabra, acción y esperanza queda en la Corte Penal Internacional.
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