OPINIÓN · 17 MAYO, 2018 23:06

Más allá del #20M. Los dilemas del gobierno y de la oposición

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Francisco Alfaro Pareja |@franciscojoseap

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La sociedad venezolana vive nuevamente una coyuntura importante alrededor de las elecciones del 20 de mayo. En torno a este evento, la oposición se muestra dividida, generando incertidumbre entre sus seguidores o, al menos, entre aquellos que están indignados con el actual gobierno y buscan alguna salida viable a sus problemas, cada vez más graves. Los cuatro principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el marco del Frente Amplio, llaman a abstenerse de participar. Henri Falcón y los partidos que lo apoyan, llaman a votar. ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene alguno o ambos tienen parte de ella?

Lo primero que habría que decir es que el debate entre votar o no tiene que ver con la forma en la cual se enfoquen los comicios del próximo 20 de mayo. Si se analiza desde el punto de vista normativo y constitucional, es lógico no participar. La progresiva y descarada eliminación de condiciones electorales con respecto, no sólo a la Constitución, sino al último evento electoral nacional (las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015), además del cercenamiento de derechos políticos y proscripción de partidos, justifican el llamado a la abstención.

Adicionalmente, la Comunidad Internacional, en especial el Grupo de Lima, EEUU y la Unión Europea han señalado que dichos comicios carecen de legitimidad. Si lo vemos de un modo más amplio, desde el desconocimiento de la elección de los diputados de Amazonas, la suspensión del Referéndum Revocatorio, la sentencia de desacato de la Asamblea Nacional y la instalación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela pasó de un autoritarismo competitivo a uno hegemónico, con vocación totalitaria. Casi tres años después, no es posible entonces decir que estamos en democracia. La esperanza entonces reside en que, ante la falta de legitimidad del nuevo gobierno y poca capacidad de maniobra para la obtención de financiamiento, además de la dramática situación económica y humanitaria, se genere un quiebre que provoque un cambio.

En el lado opuesto, si se analizan las elecciones del 20 de mayo como una acción política, la lógica indica que en un régimen autoritario lo lógico es participar aprovechando cualquier espacio de movilización política que se abra para generar un quiebre en la coalición gobernante a partir de, la hipotética victoria del candidato opositor o la necesidad que esta tendría de cometer fraude para mantenerse en el poder, en caso de que pierda. Aquí también, la crisis económica y humanitaria sirve de ingrediente catalizador.

En ambas situaciones, la oposición depende de factores externos para obligar a un cambio de rumbo en los destinos del país. Por eso, ante la pregunta ¿qué pasa el día después, el 21 de mayo?, las respuestas de ambos sectores suelen estar llenas de incertidumbre en los cursos de acción. Dicho cambio puede implicar modificaciones en la política económica y financiera que le den viabilidad al país, aunque no necesariamente una transición hacia la democracia. Sin embargo, las sanciones específicamente dirigidas hacia el presidente Maduro y gran parte de los funcionarios de alto y nivel medio de su gobierno, estarían obligando (al menos) a un cambio de rostros en la conducción del país. La viabilidad económica podría ser, finalmente, el detonante de un cambio. Y aquí es donde entran los dilemas para la coalición gobernante la cual, si bien se ha mostrado casi siempre de manera corporativa, podría tener importantes diferencias entre el llamado sector ideológico y el de los pragmáticos (si es que lo hay). La voz dominante del primero sobre el segundo en las decisiones de Estado y de gobierno (hasta ahora), ha permitido que la situación política, económica y social llegue hasta este punto de declive. Debido a su visión política con objetivos ilimitados, y a la indiferencia del segundo sector, se han violado DDHH, socavado la democracia y depauperado al país con una actitud de indolencia nunca vista. Incluso la gallinita de los huevos de oro, Pdvsa, ha sido afectada dramáticamente en su capacidad de producción debido a la falta de inversión y la desprofesionalización de su personal.

Un cambio en lo económico, posterior al 20 de mayo, no necesariamente implicaría una transición hacia la democracia. Allí podrían darse diversos desenlaces: desde una administración mixta, pasando por una acción de fuerza o, ideal pero menos probable, una reinstitucionalización democrática del país a corto o mediano plazo. Tampoco es descartable una radicalización autoritaria. Todos estos escenarios implicarán momentos duros y complejos para la población. De esto dan cuenta diversos análisis de expertos nacionales e internacionales. Resolver esto plantea retos a lo interno del gobierno y de la oposición y entre ellos. Ya de hecho se observan fisuras (y potenciales fracturas) en ambos sectores, así como nuevos espacios de encuentro y disenso, de cara a los próximos eventos del país.

La reactivación de un nuevo mecanismo alternativo de diálogo y negociación sería crucial para identificar posibles vías para la transformación del conflicto actual en Venezuela. Si bien las tres últimas experiencias desarrolladas entre 2014 y 2018 han servido de instrumentos apaciguadores por parte del gobierno han contribuido, al menos, por una parte, para encender las alarmas de los mecanismos jurídicos internacionales que defienden la democracia y de los cuales (aún) es parte integrante el Estado venezolano; por otra, identificar los nudos cruciales en diversos temas para un potencial acuerdo; finalmente, vislumbrar estrategias más prácticas para lograr la persuasión de la coalición gobernante, hasta ahora inefectivas por el criterio ideológico preponderante. Quizá la inclusión de otros actores pertenecientes a sectores distintos, tanto de la oposición como de la coalición gobernante, permita identificar espacios de encuentro para una potencial zona de acuerdo posible, basada en intereses comunes.

Todos queremos paz, justicia, reconciliación y convivencia democrática, pero a veces me pregunto si estamos claros de los esfuerzos, las implicaciones y la magnitud del compromiso que nos tocará asumir a partir de ahora para la reconstrucción del tejido social, económico y político del país. La tarea no es fácil, pero otros países, en peores circunstancias, han salido adelante paso a paso y con el compromiso de toda la sociedad. Podemos tomar de esas experiencias aprendizajes de los éxitos y los fracasos, pero nos toca a los venezolanos identificar la mejor manera, de acuerdo a nuestro contexto y circunstancias, de asumir estos desafíos. Por ejemplo: ¿cómo hacer para que, en una potencial negociación, la situación de facto que vive Venezuela retorne a un estado de derecho y no, al revés, donde lo que queda de derecho derive en el reconocimiento de la situación de facto? Por otra parte, ¿cómo aprovechar y potenciar la convivialidad estructural del venezolano, de la que nos habla el padre Alejandro Moreno, como mediaciones y dialécticas sutiles y abiertas las cuales pueden contribuir a quebrar la polaridad binomial que ha caracterizado este conflicto? Asimismo, ¿cómo equilibrar la viabilidad que necesita el país, de cara a un futuro en paz, pero con aplicación de justicia? En este marco, la Justicia Transicional aparece como una herramienta para afrontar los retos que le vienen a Venezuela. En síntesis, alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada. Sin lugar a dudas, su inclusión en cualquier nuevo mecanismo de diálogo y negociación sería crucial para equilibrar este difícil dilema, con el esclarecimiento de la verdad, la reparación y el reconocimiento a las víctimas, así como la garantía de no repetición.

El #20M implica, efectivamente, un hito que determinará cursos de acción política en el corto plazo. No obstante, ese día no se termina Venezuela. Simplemente, se abre un nuevo capítulo (sin duda el más complejo) de este conflicto, en el que los dilemas del gobierno y la oposición, así como los de toda la sociedad, serán incrementados.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores. 

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Lo primero que habría que decir es que el debate entre votar o no tiene que ver con la forma en la cual se enfoquen los comicios del próximo 20 de mayo. Si se analiza desde el punto de vista normativo y constitucional, es lógico no participar. La progresiva y descarada eliminación de condiciones electorales con respecto, no sólo a la Constitución, sino al último evento electoral nacional (las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015), además del cercenamiento de derechos políticos y proscripción de partidos, justifican el llamado a la abstención.

Adicionalmente, la Comunidad Internacional, en especial el Grupo de Lima, EEUU y la Unión Europea han señalado que dichos comicios carecen de legitimidad. Si lo vemos de un modo más amplio, desde el desconocimiento de la elección de los diputados de Amazonas, la suspensión del Referéndum Revocatorio, la sentencia de desacato de la Asamblea Nacional y la instalación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela pasó de un autoritarismo competitivo a uno hegemónico, con vocación totalitaria. Casi tres años después, no es posible entonces decir que estamos en democracia. La esperanza entonces reside en que, ante la falta de legitimidad del nuevo gobierno y poca capacidad de maniobra para la obtención de financiamiento, además de la dramática situación económica y humanitaria, se genere un quiebre que provoque un cambio.

En el lado opuesto, si se analizan las elecciones del 20 de mayo como una acción política, la lógica indica que en un régimen autoritario lo lógico es participar aprovechando cualquier espacio de movilización política que se abra para generar un quiebre en la coalición gobernante a partir de, la hipotética victoria del candidato opositor o la necesidad que esta tendría de cometer fraude para mantenerse en el poder, en caso de que pierda. Aquí también, la crisis económica y humanitaria sirve de ingrediente catalizador.

En ambas situaciones, la oposición depende de factores externos para obligar a un cambio de rumbo en los destinos del país. Por eso, ante la pregunta ¿qué pasa el día después, el 21 de mayo?, las respuestas de ambos sectores suelen estar llenas de incertidumbre en los cursos de acción. Dicho cambio puede implicar modificaciones en la política económica y financiera que le den viabilidad al país, aunque no necesariamente una transición hacia la democracia. Sin embargo, las sanciones específicamente dirigidas hacia el presidente Maduro y gran parte de los funcionarios de alto y nivel medio de su gobierno, estarían obligando (al menos) a un cambio de rostros en la conducción del país. La viabilidad económica podría ser, finalmente, el detonante de un cambio. Y aquí es donde entran los dilemas para la coalición gobernante la cual, si bien se ha mostrado casi siempre de manera corporativa, podría tener importantes diferencias entre el llamado sector ideológico y el de los pragmáticos (si es que lo hay). La voz dominante del primero sobre el segundo en las decisiones de Estado y de gobierno (hasta ahora), ha permitido que la situación política, económica y social llegue hasta este punto de declive. Debido a su visión política con objetivos ilimitados, y a la indiferencia del segundo sector, se han violado DDHH, socavado la democracia y depauperado al país con una actitud de indolencia nunca vista. Incluso la gallinita de los huevos de oro, Pdvsa, ha sido afectada dramáticamente en su capacidad de producción debido a la falta de inversión y la desprofesionalización de su personal.

Un cambio en lo económico, posterior al 20 de mayo, no necesariamente implicaría una transición hacia la democracia. Allí podrían darse diversos desenlaces: desde una administración mixta, pasando por una acción de fuerza o, ideal pero menos probable, una reinstitucionalización democrática del país a corto o mediano plazo. Tampoco es descartable una radicalización autoritaria. Todos estos escenarios implicarán momentos duros y complejos para la población. De esto dan cuenta diversos análisis de expertos nacionales e internacionales. Resolver esto plantea retos a lo interno del gobierno y de la oposición y entre ellos. Ya de hecho se observan fisuras (y potenciales fracturas) en ambos sectores, así como nuevos espacios de encuentro y disenso, de cara a los próximos eventos del país.

La reactivación de un nuevo mecanismo alternativo de diálogo y negociación sería crucial para identificar posibles vías para la transformación del conflicto actual en Venezuela. Si bien las tres últimas experiencias desarrolladas entre 2014 y 2018 han servido de instrumentos apaciguadores por parte del gobierno han contribuido, al menos, por una parte, para encender las alarmas de los mecanismos jurídicos internacionales que defienden la democracia y de los cuales (aún) es parte integrante el Estado venezolano; por otra, identificar los nudos cruciales en diversos temas para un potencial acuerdo; finalmente, vislumbrar estrategias más prácticas para lograr la persuasión de la coalición gobernante, hasta ahora inefectivas por el criterio ideológico preponderante. Quizá la inclusión de otros actores pertenecientes a sectores distintos, tanto de la oposición como de la coalición gobernante, permita identificar espacios de encuentro para una potencial zona de acuerdo posible, basada en intereses comunes.

Todos queremos paz, justicia, reconciliación y convivencia democrática, pero a veces me pregunto si estamos claros de los esfuerzos, las implicaciones y la magnitud del compromiso que nos tocará asumir a partir de ahora para la reconstrucción del tejido social, económico y político del país. La tarea no es fácil, pero otros países, en peores circunstancias, han salido adelante paso a paso y con el compromiso de toda la sociedad. Podemos tomar de esas experiencias aprendizajes de los éxitos y los fracasos, pero nos toca a los venezolanos identificar la mejor manera, de acuerdo a nuestro contexto y circunstancias, de asumir estos desafíos. Por ejemplo: ¿cómo hacer para que, en una potencial negociación, la situación de facto que vive Venezuela retorne a un estado de derecho y no, al revés, donde lo que queda de derecho derive en el reconocimiento de la situación de facto? Por otra parte, ¿cómo aprovechar y potenciar la convivialidad estructural del venezolano, de la que nos habla el padre Alejandro Moreno, como mediaciones y dialécticas sutiles y abiertas las cuales pueden contribuir a quebrar la polaridad binomial que ha caracterizado este conflicto? Asimismo, ¿cómo equilibrar la viabilidad que necesita el país, de cara a un futuro en paz, pero con aplicación de justicia? En este marco, la Justicia Transicional aparece como una herramienta para afrontar los retos que le vienen a Venezuela. En síntesis, alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada. Sin lugar a dudas, su inclusión en cualquier nuevo mecanismo de diálogo y negociación sería crucial para equilibrar este difícil dilema, con el esclarecimiento de la verdad, la reparación y el reconocimiento a las víctimas, así como la garantía de no repetición.

El #20M implica, efectivamente, un hito que determinará cursos de acción política en el corto plazo. No obstante, ese día no se termina Venezuela. Simplemente, se abre un nuevo capítulo (sin duda el más complejo) de este conflicto, en el que los dilemas del gobierno y la oposición, así como los de toda la sociedad, serán incrementados.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores. 

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