OPINIÓN · 2 JULIO, 2020 04:45

Adolescentes privados de libertad: sueños enjaulados

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Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

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“El recurso a la violencia está presente en su trayectoria vital”

Un tema socialmente sensible: los adolescentes en conflicto con la ley. De hecho fue lo que impulsó la Reforma de la Ley Tutelar de Menores (1995) con un anteproyecto de Ley introducido en Congreso por la fracción de COPEI que, a la postre, desencadenaría el proceso de adecuación legal a los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este tuvo como resultado la sanción Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (LOPNA, 1998).

La nueva legislación realiza un abordaje integral de los derechos humanos de la niñez; pero reconoce en sus antecedentes la deuda existente con la población de adolescentes privados de libertad.

Para su entrada en vigencia en el 2000, uno de los escollos que la LOPNA debió sortear fue el señalamiento de estar procesando a los adolescentes como adultos por la incorporación del sistema de responsabilidad penal del adolescente en su articulado. En 2015, se plantea una reforma de la ley referida al tema penal para subsanar vacíos y omisiones de la ley.

La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes expresó en ese momento que “los adolescentes que cometen delitos deben ser sometidos a medidas socioeducativas en función de su responsabilidad, en una jurisdicción especializada; no avalamos la impunidad pero sostenemos que el foco de la justicia juvenil debe estar en la prevención de la delincuencia juvenil, pues el complejo fenómeno de la violencia no se disminuye solo aplicando más años de privación de libertad. Mucho más graves son las consecuencias que producen los altos índices de impunidad reconocidos, en general, por distintas autoridades públicas”.

Una deuda social de décadas que se mantiene a pesar de la elaboración de leyes y sus reformas; pues persiste la falta de una política pública coherente, programas adecuados, personal capacitado y presupuesto.

La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los Niños de la ONU acaba de presentar el informe: Los niños hablan sobre los efectos de la privación de libertad: el caso de América Latina.

El documento pone el acento sobre la vulnerabilidad de esta población. Corren un riesgo elevado de sufrir violencia, entre otras cosas porque la opinión pública los considera antisociales o delincuentes y porque imperan los enfoques basados en el castigo físico y psicológico.

El informe recoge la situación de los adolescentes privados de libertad y la de niños y adolescentes cuyos padres o cuidadores están presos. 

Los adolescentes privados de libertad o niños con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo, viven una vida marcada por la violencia y el miedo y ven sus derechos pisoteados sistemáticamente. Los dos grupos de niños tienen algo en común y es que sus vidas están condicionadas por la falta de un apoyo parental adecuado y por la violencia, el miedo, la inseguridad y la exclusión social. Por tanto, la privación de la libertad está ligada intrínsecamente al ciclo de la violencia. El recurso a la violencia está presente en su trayectoria vital, en sus familias, en el momento del arresto y durante toda la reclusión. Los adolescentes privados de libertad experimentan un patrón de normalización de la violencia en virtud del cual esta se convierte en un medio de supervivencia. Por su parte, los hijos de reclusos viven bajo la amenaza constante de la violencia y se ven expuestos a ella en mayor medida en el hogar, en el colegio, en los centros de protección de menores, en la comunidad y cuando acuden a la cárcel para visitar a sus familiares”.

El informe contempla una serie de recomendaciones que se deberían poner en práctica. La deuda social que tenemos con una población adolescente, una que ve cómo se diluyen sus sueños tras el encierro, no se solventa con más promulgaciones de leyes. Tampoco con reformas. Se necesita de un aparato coherente, de una alianza entre instituciones para elaborar políticas públicas y programas adecuados. Sobre todo, se necesita presupuesto: para la ejecución y para un personal dedicado al trabajo con estos jóvenes.

 

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

 

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